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1. Los abogados confían en que el convenio colectivo elimine su incertidumbre laboral y complete la relación especial. Europa Press (27.4.07)

Los abogados confían en que el convenio colectivo que negocie la Abogacía en los próximos meses elimine la incertidumbre laboral que existe actualmente entre el colectivo y complete el marco normativo del Real Decreto que regula la relación laboral de carácter especial entre los abogados y los despachos, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado noviembre. A pesar de mostrarse satisfecho en líneas generales con el proyecto, el colectivo expresó hoy su preocupación por el peligro de la desaparición definitiva de la pasantía ante la irrupción de la laboralidad en los despachos.

Así lo manifestaron durante unas jornadas sobre la relación laboral de los abogados con carácter especial, celebradas hoy en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en Madrid. El análisis corrió a cargo de varios consejeros de la Abogacía y abogados, entre ellos el decano del Colegio de Abogados de Albacete, José Serrano; el secretario general del CGAE, Joaquín García Romanillos; el decano del Colegio de Abogados de Guipúzcoa, Domingo Arizmendi; y los abogados Bernat Antrás Ignacio Gutiérrez.

Uno de los aspectos más controvertidos de la normativa se refiere a la prevalencia del convenio colectivo frente al Estatuto de los Trabajadores, lo que precisamente llevó a los sindicatos CC.OO. y UGT a impugnar a mediados de enero el Real Decreto ante el Tribunal Supremo, al entender que esta norma "genera inseguridad jurídica en las relaciones laborales de estos trabajadores".

Entre los abogados participantes en las jornadas existieron discrepancias acerca de la celeridad en la que debería negociarse el convenio colectivo. Mientras que Serrano consideró "saludable" que el acuerdo salga a la luz cuanto antes, Arizmendi se mostró favorable de retrasar el convenio hasta que no satisfaga las expectativas del sector.

Los asistentes coincidieron en señalar que hasta que no se negocie el convenio la normativa estará incompleta. En cualquier caso, se mostraron confiados en que, una vez que salga adelante, el acuerdo tenga "un carácter sectorial" con ámbito de aplicación estatal. Este supuesto, según Serrano, "sería idóneo", si bien apuntó que cabrían "otras posibilidades".

Además del convenio colectivo que se aplique, el Real Decreto regulará el objeto y sujetos de esta relación laboral y los derechos y deberes básicos de los abogados. También regulará las limitaciones que se establecen con el poder de dirección de los empleados y las modalidades, duración y forma del contrato.

DESAPARICION DE LA PASANTIA.

Otro de los puntos polémicos del Real Decreto es el peligro de la desaparición definitiva de la pasantía, en la que tradicionalmente se han venido formando los abogados jóvenes en los despachos como pasantes. No obstante, García Romanillos reconoció que la nueva regulación evitará ciertos abusos en este ámbito respecto a la utilización de los pasantes para otros asuntos propios de tipo administrativo.

Al respecto, Serrano, que subrayó que la Abogacía se ha venido ejerciendo tradicionalmente de forma ajena a la laboralidad, opinó del mismo modo que el secretario general del Consejo, al señalar que no se puede obviar que muchos despachos de abogados someten a sus pasantes a una relación laboral que debería ser regulada.

Por su parte, Arizmendi distinguió entre la actual desaparición definitiva de la figura del pasante ayudante-esclavo y el núcleo importante de licenciados que aún aprenden en despacho de abogados. En este punto, hizo hincapié en la separación de la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogados y Procurador y la normativa de prácticas con tratamiento de compensación económica que contempla el Estatuto de los Trabajadores.
Dins: www.noticias.interbusca.com (2.05.07)


2. Las nuevas leyes de la abogacía fuerzan otro estatuto profesional
por Jaime E. navarro. Madrid

El Consejo General de la Abogacía ha iniciado los trámites para elaborar una nueva norma que regule al conjunto de la profesión, tras la aprobación de la nueva relación laboral especial, la Ley de Acceso y la Ley de Sociedades Profesionales. Según las previsiones de este órgano, el Estatuto podría ser aprobado en diciembre.
La abogacía ha vivido los últimos meses un aluvión de cambios normativos: la relación laboral especial en los despachos de abogados, la Ley de Acceso a la profesión y la Ley de Sociedades Profesionales. Estas normas han modificado, directa o indirectamente, el marco en el que los despachos de abogados tienen que desenvolverse. Para adaptar a todo el colectivo a este nuevo contexto, el Consejo General de la Abogacía (CGAE) ha creado una comisión de trabajo –que se reunió por primera vez la pasada semana– para elaborar un nuevo Estatuto para la profesión, que estará presidida por el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Enrique Sanz.

“El anterior texto, de 2001, fue fruto de una elaboración compleja, debido a que se produjo en un momento de mucha conflictividad entre los auditores y los abogados”, apunta Joaquín García-Romanillos, secretario general del Consejo. García-Romanillos ha recibido el encargo del presidente del CGAE, Carlos Carnicer, de formar un equipo de expertos que asesoren técnicamente a la comisión del Consejo en la elaboración del nuevo texto estatutario. Este comité de sabios estará formado por catedráticos universitarios, abogados del Estado y letrados del Consejo de Estado.

“Otra de las cuestiones a tratar será el marco de relaciones entre el CGAE y los consejos autonómicos de la abogacía, fruto de la nueva realidad territorial en España”, apunta el decano de Valladolid y presidente de la comisión de trabajo para elaborar el nuevo texto. Además, el funcionamiento interno de la institución que rige la abogacía también será, previsiblemente, modificado.

“Queremos hacer un Estatuto más moderno, que dote de un mayor dinamismo a todo el sector”, apunta el secretario general del CGAE. “En la actualidad, el Consejo es una institución poco ágil, a la que hay que dotar de un mayor debate interno”, subraya García-Romanillos.

A diferencia del Estatuto de 2001, cuya elaboración se demoró más de seis años, el CGAE quiere tener lista su nueva normativa antes de final de año. “Antes del verano queremos finalizar los primeros documentos de trabajo, para presentárselos al Gobierno y proceder a su aprobación definitiva a finales de diciembre”, apunta Sanz.

En un período de seis meses, la abogacía ha vivido un furor legal que ha cambiado su fisonomía. A finales de octubre, el Gobierno aprobaba la Ley de Acceso a la profesión, norma que modifica las condiciones de entrada a la abogacía de los licenciados en Derecho, con la creación de un “título profesional de abogado”, impartido por las universidades y las escuelas de práctica jurídicas, que se establece como requisito indispensable para poder colegiarse en España. No obstante, la norma no entrará en vigor hasta dentro de cinco años, en octubre de 2011.

Pocos días más tarde, en noviembre, veía la luz el Real Decreto de la Relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, que regula las vínculos laborales entre los abogados del bufete que no pertenecen al equipo de socios de capital y la dirección.

Por último, en marzo se aprobaba la Ley de Sociedades Profesionales, que afecta a todas las profesiones colegiadas, como farmacéuticos o graduados sociales. La nueva norma permite que un 25% del capital y de la dirección de la firma esté en manos de socios capitalistas no profesionales. Desde el CGAE se ha criticado este punto de la ley, debido a que puede generar “conflictos de intereses de difícil resolución”. Los grandes despachos, por su parte, han aplaudido esta medida.
Dins: Expansión fiscal y legal (15.5.07)


3. Los abogados piden una prueba práctica de acceso a la profesión
por Carlos l. Abadía

Las Escuelas de Práctica Jurídica quieren jugar un papel decisivo en la evaluación de los licenciados en Derecho que quieran trabajar en el sector y para ello, consideran clave que el examen que prevé la Ley de Acceso sea práctico. Por eso, la comisión de formación del CGAE ha elaborado una propuesta de reglamento.
El Consejo General de la Abogacía (CGAE) ha sido el primero en mover ficha sobre el futuro reglamento que desarrolla La Ley de Acceso. El Consejo no quiere perder terreno en la futura tramitación del reglamento. Por eso, la comisión de formación del CGAE ha elaborado una propuesta que fue presentada y aprobada, la pasada semana, por la Asamblea de Escuelas de Prácticas Jurídica (EPJ) en el marco de las XXVI Jornadas Nacionales de EPJ.

En el “documento de trabajo”, como así lo han definido desde el CGAE, se define la prueba de acceso a la que se someterán, tras la vacatio legis de cinco años, los licenciados en Derecho que quieran ejercer la profesión.

Sergio Herrero, decano del Colegio de Abogados de Gijón y responsable de la presentación de texto ante la asamblea, considera clave el diseño de esta prueba ya que determinará “la calidad de los abogados y si el objetivo de la ley de contar con abogados suficientemente cualificados se ha cumplido”.

Para ello, el documento, que tendrá que pasar entre otros trámites internos por el pleno del consejo, propone una prueba eminentemente práctica con dos fases. La primera versará sobre deontología profesional en la que los aspirantes deberán resolver uno o varios supuestos sobre esta materia, así como un caso práctico. Esta fase será eliminatoria para obtener el título.
La segunda fase consistirá, según la propuesta, en la exposición oral y pública ante un tribunal de otro caso práctico.

La Ley de Acceso supone una revolución para las EPJ que deberán consensuar con las universidades, a través de convenios, el plan de formación de estos cursos. Además, con la nueva Ley, las escuelas quieren extener su labor más allá de estos cursos y configurarse como un centro de formación continuada y especializada para los abogados ejercientes.

El Consejo no quiere esperar a la entrada en vigor la Ley para poner en marcha este modelo. “Queremos que comience a funcionar, de forma experimental, durante la vacatio legis”, expresó el presidente del CGAE, Carlos Carnicer.
Pero, este nuevo modelo entraña un problema de financiación paras las escuelas, según los propios responsables.
La Ley de Acceso prevé que los cursos de iniciación a la abogacía se consideren posgrados universitarios y, por tanto, estarán sujetos a un régimen de precios públicos.

Este sistema daría ventaja a las Universidades, ya que tiene subvencionados los gastos generales de los posgrados, mientras que las escuelas se financian con recursos propios y no podrían competir con las universidades en precio. Para Eloy Moreno, diputado responsable de formación del Colegio de Barcelona esta situación daría “preponderancia a los profesores universitarios frente a los actuales formadores de las EPJ –abogados en ejercicio en su mayoría–. Y lo deseable no es, en ningún caso, que el papel de éstos últimos quede relegado a meros supervisores o coordinadores de las prácticas externas que establece la Ley de Acceso”.

Pero, el CGAE quiere poner en marcha la Fundación del Proyecto para la Formación de la abogacía como un instrumento para captar y canalizar fondos públicos y privados de instituciones y empresas que se destinarán a cursos de formación para los abogados. Actualmente, el CGAE está desarrollando los estatutos de la futura fundación que se prevé que esté en funcionamiento a finales de año.

Esta no será la única institucion de este tipo. La Universidad de Granada y el Colegio de Abogados crearon en 2005 la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada para impartir, además de los cursos que prevé la ley, otros programas para los abogados en ejercicio.
Dins: Expansión fiscal y legal (24.5.07)


4. Abogados / Qué debe hacer un extranjero para ejercer en España
El negocio del Derecho Mercantil atrae a los letrados europeos

Almudena Vigil. Madrid. La llegada de despachos internacionales y el auge que está viviendo la abogacía de los negocios en España son dos factores que han favorecido el movimento global de abogados, en los últimos años. De igual modo que cada vez son más los letrados españoles que deciden abrirse paso más allá de nuestras fronteras, también llegan a España muchos abogados de las más diversas nacionalidades.

El área de negocio que representa un mayor atractivo para los abogados procedentes de otros países es el Derecho Mercantil que, gracias a las operaciones empresariales protagonizadas por las grandes compañías españolas, está viviendo un buen momento. Por otro lado, también se abre un área de negocio para aquellos abogados que encuentran su nicho de mercado en el asesoramiento a sus compatriotas asentados en España. A todo esto hay que sumar la implantación del libre establecimiento y circulación en la UE, que ha favorecido especialmente la llegada de abogados intracomunitarios.

Abogados europeos
Aquellos letrados que llegan a España procedentes de algún Estado miembro de la UE pueden acceder a la profesión por diversas vías. Así, los abogados que ejerzan de manera permanente en España con título profesional de origen podrán, transcurridos tres años de actividad efectiva y regular en España, solicitar y obtener la integración en la profesión sin la necesidad de tramitar el reconocimiento de título profesional. No obstante, para que una persona habilitada para el ejercicio de la actividad profesional de abogado en un Estado miembro de la UE pueda ejercer en España de forma permanente dicha actividad con su título profesional de origen, deberá inscribirse obligatoriamente en un Colegio de Abogados.

Por otro lado, aquellos letrados que deseen acceder a la profesión mediante el reconocimiento del título podrán hacerlo a fin de acceder al ejercicio de la profesión en España en las mismas condiciones que quienes hayan obtenido el título español. En aquellos casos en los que el ejercicio pretendido exija un conocimiento preciso del Derecho español cabe imponer al solicitante la realización previa de una prueba de aptitud para autorizar el ejercicio de la profesión. La Secretaría de Estado de Justicia convoca al menos una vez al año la realización de las pruebas de aptitud para abogados, mediante la inserción del oportuno anuncio en el BOE.

La preparación de los abogados de cara a la prueba corre por cuenta de los interesados. No obstante, existen centros de formación, como la Universidad San Pablo CEU, que ofrece desde hace 11 años el Curso Básico en Derecho Español de preparación para el examen de reconocimiento del título de abogado en España. La edición de este año comienza en junio bajo la dirección del catedrático de Derecho Administrativo José Luis Piñar.

Dins: Gaceta legal y fiscal (29.5.07)



5. Las notificaciones judiciales en Cataluña se harán por internet en dos años

(EFE).- Los juzgados de primera instancia de Tarragona y Reus serán pioneros en la puesta en marcha de un sistema que permitirá realizar las notificaciones judiciales a través del correo electrónico, sistema que se extenderá a todos los órganos judiciales de Cataluña en un plazo de dos años.

La consellera de Justicia, Montserrat Tura, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugenia Alegret, la secretaria de Gobierno del TSJC, Maria Antonia Amigó, y la decana del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, Anna Moleres, han firmado en Tarragona el protocolo para poner en marcha este sistema, llamado LexNET.

Este protocolo tiene por objetivo "la regulación del régimen de funcionamiento del sistema telemático de actas procesales de comunicación entre las oficinas judiciales de Cataluña y los procuradores de los tribunales de Cataluña" a través del LexNET, desarrollado por el Ministerio de Justicia.

A efectos prácticos, este sistema permitirá "agilizar" todos los trámites implicados en los procedimientos judiciales, como el envío de notificaciones o sentencias, entre los procuradores y las oficinas judiciales, de un modo, además de "rápido", "seguro" y que garantiza "la privacidad y autenticidad" de los datos, ha afirmado Tura.

"Estamos frente a un cambio radical en la concepción de los procedimientos judiciales", ha subrayado la consellera, ya que se pasará de un modelo que se concebía como "largo y farragoso" a uno "moderno", en el que las notificaciones se podrán realizar, vía telemática, "durante las 24 horas del día".

Para garantizar la seguridad de estas gestiones, los secretarios judiciales y los procuradores autorizados dispondrán de tarjetas personalizadas criptográficas, ha destacado la titular de Justicia.

Por su parte, la presidenta del TSJC ha manifestado que la introducción del sistema LexNET "quizá no sea la solución de todos los problemas de las oficinas judiciales, pero sí significa un paso muy importante y simbólico", tanto en la agilización de los procesos como en la reducción del uso de papel.

En la misma línea, Anna Moleres ha insistido en que el sistema busca "la eficacia y rapidez de la justicia", mientras que Maria Antonia Amigó ha hecho hincapié en que la puesta en marcha del LexNET supone "una necesaria revisión de los actuales sistemas de trabajo, que conllevan una pérdida de eficacia".

En cuanto al calendario de aplicación, los juzgados de primera instancia de Tarragona realizarán, durante la próxima semana, pruebas simuladas; la semana del 4 al 10 de junio las pruebas se harán con procesos reales pero aún serán válidos, únicamente, los documentos en papel; y del 11 al 24 de junio valdrán ambos procedimientos.

Finalmente, a partir del 25 de junio, sólo serán válidos los documentos enviados por correo electrónico.

En los juzgados de primera instancia de Reus se desarrollará un idéntico proceso, pero con una semana de retraso respecto a los de Tarragona e, inmediatamente después, se llevará a cabo la implantación del sistema en Lleida.

Después del verano está previsto que se aplique en los juzgados barceloneses de Vilafranca del Penedés, Cornellá, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi, Igualada, El Prat de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola del Vallés y, a lo largo de este año, a los juzgados mercantiles de la ciudad de Barcelona.

Según Tura, el sistema, que no ha supuesto coste económico alguno, estará implantado en toda Cataluña en un plazo de dos años.
Dins: Noticias al día Westlaw (28.5.07)