DRET D'ESTRANGERIA

Enllaços d’interès:

http://www.gencat.net/benestar/societat/convivencia/immigracio/index.htm



Notícies jurisprudencials d´última hora:


1. Una sentencia exige al Estado que dé papeles a una mujer ecuatoriana por los derechos de su hija española

Una sentencia del TSJPV obliga a la Administración del Estado a conceder el permiso de residencia a una mujer ecuatoriana que tiene una hija española, para evitar que menor sea discriminada respecto al resto de niños españoles, por el hecho de que su progenitora no pueda acceder al un puesto de trabajo.La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal vasco revocó una sentencia un juzgado de Vitoria que desestimaba el recurso presentado por una mujer de nacionalidad ecuatoriana contra una resolución de la Subdelegación del Gobierno en Álava de enero de 2006, que le denegaba la autorización inicial de residencia.El TSJPV valora que la mujer que solicita dicho permiso tiene una hija menor de edad de nacionalidad española a la que atiende y, por lo tanto, advierte de "las consecuencias" que tendría para la niña el hecho de que su madre no pueda residir en este país con ella.Añade que además, "al carecer de la autorización de residencia queda vetada la autorización de trabajo" para la mujer y argumenta que, así "se crearía una categoría de españoles menores de edad, ilícitamente discriminados por la circunstancia de que sus ascendientes, a cuyo cargo están, no pueden acceder al mercado laboral".Con la denegación del permiso de residencia y de la posibilidad de que la mujer encuentre trabajo en este país, "se priva al menor español de las posibilidades de un libre desarrollo de la personalidad en igualdad con aquellos menores cuyos ascendientes desde el inicio tienen acceso al mercado laboral", concluye.Por todo lo anterior, el tribunal reclama a la Administración general del Estado que conceda a la demandante el permiso de residencia "por razones excepcionales", en referencia a la existencia de una hija española.

Dins: Noticias al día Westlaw (10.5.07)




Novetats legislatives:


Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 16 de febrero de 2007, por el que se aprueban las Instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la entrada, residencia y trabajo en España, de extranjeros en cuya actividad profesional concurran razones de interés económico, social o laboral, o relativas a la realización de trabajos de investigación y desarrollo, o docentes, que requieran alta cualificación, o de actuaciones artísticas de especial interés cultural.
BOE 65, 16.3.07

Orden PRE/1282/2007, de 10 de mayo, sobre medios económicos cuya disposición habrán de acreditar los extranjeros para poder efectuar su entrada en España.
BOE 113, 11.5.07

Orden PRE/1283/2007, de 10 de mayo, por la que se establecen los términos y requisitos para la expedición de la carta de invitación de particulares a favor de extranjeros que pretendan acceder al territorio nacional por motivos de carácter turístico o privado.
BOE 113, 11.5.07




Altres notícies:


1."La UE ha asumido la política de inmigración española" : ENTREVISTA: CONSUELO RUMÍ Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración por Tomás Bárbulo

El último Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE), celebrado hace 10 días en Luxemburgo, alumbró cambios importantes en la política de inmigración de los Veintisiete. Alemania y Holanda, los dos países que criticaron el proceso de normalización español de 2005, anunciaron sendas regularizaciones masivas de sin papeles y solicitaron asesoramiento al Gobierno español. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí (Almería, 1957), que participó en la reunión, considera que allí la UE asumió la política de inmigración española.
Pregunta. Las regularizaciones anunciadas por Alemania y Holanda, ¿son una buena o una mala noticia?
Respuesta. Creo que son una rectificación en toda regla, no sólo por las críticas que se llegaron a hacer, sino porque sus procesos serán similares al nuestro. No obstante, en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior les ofrecimos nuestro respeto, comprensión y apoyo. Apoyo, en el sentido de aportar lo que estimen oportuno de nuestra experiencia. Por cierto, hace apenas unas horas el Gobierno alemán se ha dirigido a nosotros para solicitar que le expliquemos nuestra política, lo que haremos pronto.
P. El PP aprovechó aquellas críticas de alemanes y holandeses para acusar al Gobierno de hacer una política contraria a los intereses de Europa.
R. El PP dijo muchas cosas que se han demostrado falsas. Por ejemplo, que el proceso de normalización español vulneraba la legislación comunitaria, cuando lo cierto es que esos procesos son potestad de cada Estado. Otra fue que la normalización española era un proceso aislado y que en la UE no iban a realizarse operaciones similares, lo cual acaban de desmentir Alemania y Holanda.
P. También dijo que la normalización produciría un efecto llamada, y algunos datos parecen avalar esa afirmación.
R. Otra falacia. Uno de los consensos centrales del último Consejo de Ministros de Interior y Justicia de la UE fue precisamente apartar de cualquier reflexión que las regularizaciones tenían efecto llamada. El comisario [de Interior y Justicia, Franco] Frattini afirmó, y nadie le contradijo, que el efecto llamada lo causan el empleo ilegal y la economía sumergida. No sólo lo dijo así de claro, sino que presentó un proyecto de directiva muy contundente contra los empresarios que contratan mano de obra clandestina. Por cierto, solicitó nuestra normativa sancionadora para trabajar en su directiva.
P. Oyéndola, parece que España ha pasado de ser denostada a convertirse en país de referencia para Europa.
R. El tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Fíjese, Frattini presentó además dos informes que tienen que ver con el enfoque global de la inmigración que hemos defendido en estos años. Uno de ellos busca trabajar juntos no sólo en el control de fronteras, como se ha hecho hasta ahora, sino en la regulación de los flujos migratorios (esto es: la inmigración económica legal), en la integración (sobre la que muchos países se resistían a hablar) y en vincular las políticas de inmigración a la política de desarrollo. Por tanto, los cuatro ejes de la política que viene desarrollando el Gobierno español forman ahora parte de la agenda de la UE. Es decir, la UE ha asumido la política española.
P. Sin embargo, aún no existe una política exterior común en materia de inmigración. España sigue sola cuando tiene que negociar la repatriación de inmigrantes indocumentados en África.
R. El Gobierno mantiene un esfuerzo muy serio en contra de la inmigración clandestina, lo que no equivale a decir que sea fácil. Es cierto que todavía no existe una política común, pero llevamos tres años liderando en Europa la necesidad de que la inmigración sea un tema prioritario en la agenda política y creo que se avanza para alcanzar ese objetivo. El comisario Louis Michel, que se ocupa de la cooperación, tiene un presupuesto muy importante y África es uno de sus objetivos prioritarios. Queremos vincular esa política de desarrollo a las políticas de inmigración. Si trabajamos juntos en África para reducir la pobreza, tendremos más éxito para combinar la necesidad de trabajadores que tienen las sociedades desarrolladas de la UE con una inmigración ordenada, que haga posible que las personas no salgan de sus países clandestinamente.
P. Ha dicho que muchos países europeos se resistían a hablar de integración. ¿Por qué?
R. Ha sido muy evidente. Por ejemplo, hace poco más de un año se produjeron importantes resistencias de algunos países a crear desde la Unión Europea un Fondo de Integración, aunque finalmente se aprobase.
P. Ustedes acaban de poner en marcha un plan de integración de inmigrantes con un presupuesto de más de 2.000 millones de euros en cuatro años. Es mucho dinero.
R. La integración es un objetivo de primer orden para el Gobierno. Hasta ahora no había existido una política homogénea para hacer posible la convivencia entre españoles e inmigrantes. Hay que recordar que el último Ejecutivo del PP sólo dedicó siete millones de euros a este asunto. Por eso se consideró necesario crear un fondo, que este año alcanza los 200 millones de euros, para colaborar en las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Ahora se ha aprobado, además, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. Los 2.000 millones que aporta son un esfuerzo muy importante. Pero también es importante que establece un marco de cooperación, hasta ahora inédito, entre la Administración central y las administraciones autonómicas y locales.
P. ¿La puesta en marcha del plan no implica reconocer que existe un problema de integración?
R. Implica reconocer que tenemos una nueva sociedad, en la que los españoles conviven con personas procedentes de otras culturas, y que ello conlleva oportunidades pero también algún riesgo. Esa convivencia influye en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en la vivienda. Había que actuar con las otras administraciones para evitar que lo que hoy aún no es un problema llegue algún día a serlo. Durante dos años, hicimos consultas y concluimos que necesitábamos un modelo capaz de articular respuestas para las segundas generaciones. Porque, en otros países, los conflictos sociales han aflorado fundamentalmente cuando las segundas generaciones no han podido optar a una posición de acuerdo con su formación y su capacidad.
P. ¿Y qué hay que hacer para evitar que eso suceda? Porque ahí han fracasado muchos.
R. Los tres ejes de nuestro plan son la igualdad, la ciudadanía y la interculturalidad. Igualdad de derechos y de obligaciones. Ciudadanía, que fomenta el sentido de pertenencia a esta sociedad. E interculturalidad, esto es, incorporar instrumentos para hacer posible la convivencia desde el respeto, evitando la creación de sociedades paralelas.
P. ¿Cómo se lleva todo eso a la práctica?
R. Debemos afrontar la situación con realismo. Hay en España un número muy importante de ciudadanos extranjeros. Superan el 8%. Y, aunque el porcentaje es menor que el de otros países, su llegada se ha producido en poco tiempo. Eso ha creado contradicciones entre los españoles. Debemos actuar, por ejemplo, para que los servicios públicos no se deterioren. La aportación de este plan es adicional a la financiación que las comunidades autónomas ya reciben del Estado con ese objetivo, en función de sus habitantes, sean éstos nacionales o extranjeros. Y está destinada no sólo a los inmigrantes, sino a toda la población. Se trata de aplicar políticas concretas en cada lugar para que la convivencia no se lesione.
Dins: http://www.elpais.com/ (2.5.07)



2. La Eurocámara da luz verde a la creación de una base de datos de peticiones de visados

(EP).-La comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara dio ayer luz verde --por 25 votos a favor y dos abstenciones-- a la creación de una base de datos sobre peticiones de visados de ciudadanos de terceros países que quieren entrar en la UE. El objetivo de esta iniciativa, que ya ha sido objeto de acuerdo con los Veintisiete y que será ratificada por el pleno en junio, es evitar que una persona cuya petición de visado haya sido denegada por un país de la zona Schengen pueda obtenerlo en otro Estado miembro. El nuevo sistema facilitará también la lucha contra el fraude y los controles en las fronteras exteriores, la identificación de las personas que no cumplen las condiciones para entrar o residir en los países de la zona Schengen, así como la prevención de amenazas a la seguridad interior de los Estados miembros.Los datos personales de las solicitudes de visado que se almacenarán en esta base (denominada VIS), incluirán datos biométricos, información escrita sobre nombre, dirección y ocupación del solicitante, fecha y lugar de la petición, así como cualquier decisión tomada por el Estado miembro responsable sobre la concesión, rechazo, anulación o extensión del visado.No obstante, se deja claro que el uso de datos biométricos se hará en circunstancias controladas, y se utilizará en primer lugar el número de visado y las huellas para verificar una solicitud. En principio no se recurrirá a las fotografías para tareas de identificación porque la tecnología todavía no está lista.Las autoridades designadas por cada Estados miembros y Europol podrán también acceder a los datos contenidos en VIS en casos específicos y después de presentar una petición por escrito si ello puede contribuir a la prevención o investigación de ataques terroristas y otros delitos graves. En todo caso, el acceso será indirecto, a través de puntos que tendrán que verificar el cumplimiento de todas las condiciones.La transferencia de datos a países terceros u organizaciones internacionales sólo se llevará a cabo en casos excepcionales de urgencia y exclusivamente para prevenir atentados terroristas u otros crímenes graves. Para ello se deberá contar con el consentimiento del Estado miembro que introdujo los datos en VIS.El reglamento de creación de VIS incluye importantes salvaguardas para la protección de los datos personales. Sólo el personal autorizado tendrá acceso a los mismos y únicamente para los objetivos previstos. Las autoridades nacionales de protección de datos tendrán que supervisar el funcionamiento de la base de datos. Los datos se guardarán por un máximo de 5 años.Como resultado de las negociaciones con el Parlamento, se ha añadido un párrafo que exige que se respete "la dignidad humana y la integridad" de las personas a las que se solicitan los datos. Su uso en ningún caso puede llevar a la discriminación de los solicitantes por razones de sexo, origen racial o étnico, religión, discapacidad u orientación sexual.
Dins: Noticias al día Westlaw (15.5.07)



3. Aprobado el anteproyecto que permitirá a la Justicia española perseguir el tráfico de personas fuera de España

EP).-El Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del ministro de Justicia, un anteproyecto de Ley que permitirá a jueces y fiscales perseguir fuera de las fronteras españolas a las mafias que trafican con personas y promueven la inmigración clandestina. Así, el texto modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incorporar el tráfico de personas o inmigración clandestina como delito de jurisdicción universal. De esta forma se equipara a otros delitos, como el terrorismo, el genocidio, la piratería, la falsificación de moneda extranjera, los delitos relacionados con prostitución y corrupción de menores, el tráfico de drogas y la mutilación genital femenina, según explicó hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo. En la actualidad, los tribunales españoles no tienen jurisdicción extraterritorial para la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de hechos, salvo si el tráfico de seres humanos detectado en aguas internacionales está orientado a la explotación sexual de los mismos.Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar un informe con carácter de urgencia, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal sobre el anteproyecto aprobado hoy."Es un tipo de criminalidad trasnacional que atenta a valores fundamentales, que se aprovecha de las condiciones más extremas de los seres humanos más desvalidos, sometiéndolos a una doble explotación --explicó De la Vega--. Es objetivo prioritario del Gobierno combatir a las mafias que trafican con seres humanos, que se enriquecen a su costa y promueven su explotación".LA SITUACIÓN HA MEJORADO "NOTABLEMENTE".En todo caso, precisó que la llegada de inmigrantes clandestinos a las costas españolas ha mejorado "notablemente" respecto del mismo periodo del pasado año, ya que el número de inmigrantes indocumentados que han arribado ha descendido un 67 por ciento. En este sentido, explicó que el Ejecutivo ha analizado un informe de los ministerios de Exteriores, Interior y Justicia, sobre las relaciones de España con el norte de África que evidencia que la existencia de redes de tráfico de personas cada vez más eficaces es un reto que exige intensificar la cooperación regional. "Argelia y Marruecos son los dos principales países de la región que tienen que afrontar y encarar una estrategia conjunta y en ello estamos trabajando --aseguró--. La labor de España, por supuesto, es ayudar y participar a conseguir esa estrategia común. Hasta donde sea posible, España va a atender las demandas de cooperación y asistencia técnica que estamos recibiendo en todos los países del Magreb". De la Vega recordó que en los últimos meses se han concedido subvenciones extraordinarias a Marruecos y a Mauritania para el control de fronteras y se ha donado material a Mauritania y Senegal. Además, el Gobierno aprobó hoy un crédito FAD de 100 millones de euros a Marruecos para la construcción de una central eólica al sureste de Tánger, y otro crédito FAD de 10 millones de euros para los hospitales de Ghana."Las rutas de ilegales se han deslizado hacia la fachada atlántica del continente africano. Sabemos que en las próximas semanas pueden seguir llegando nuevas embarcaciones. No podemos cerrar los ojos al problema, necesitamos someterlo a un análisis continuo", advirtió. Por ello, insistió en que se ha incrementado todo tipo de medios y suscrito acuerdos con Argelia, Marruecos y Mauritania de extradición, asistencia jurídica en materia penal, repatriación de menores, fortalecimiento y modernización de la justicia, asistencia a detenidos y traslado de personas condenadas, así como de asistencia judicial en materia penal y de cooperación en materia civil y mercantil. "Hoy tenemos un magistrado de enlace en Marruecos y se va a prolongar probablemente su jurisdicción a Mauritania --agregó--. Y, en estos momentos empieza a haber una cooperación judicial y policial de España con todo el Magreb que esperemos que se traduzca en una mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada".Igualmente, recordó que ya hay siete agregados de Interior en el Magreb y siete en el África occidental, y que se están suscribiendo acuerdos de ámbito judicial y policía con Cabo Verde y Senegal, además de uno de seguridad y de lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada que se está negociando con Argelia. Otros convenios con Gambia, Guinea Conakry y Cabo Verde.SANCIONES PENALES A EMPRESARIOS Y PARTICULARES.Respecto al trabajo, en Europa subrayó que España está trabajando en la directiva europea que prevé la imposición de sanciones penales para todos los empresarios y particulares que contraten inmigrantes en situación irregular porque es una "importante herramienta" de lucha contra la ilegalidad. Igualmente, recordó que esta misma semana el vicepresidente de la Comisión, Franco Frattini anunció que ha dado órdenes para reforzar la vigilancia de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) en Canarias. "Nuestros socios europeos se han comprometido a poner a disposición de FRONTEX de manera estable 116 buques, 27 helicópteros y 21 aviones --afirmó--. Además, el comisario europeo aboga por que, como lo hace España, la misión de FRONTEX en Canarias, sea permanente y no haya que ir renovándola de manera puntual".

Dins: Noticias al día Westlaw (21.5.07)



4. El Gobierno prepara una ley para dar pasaporte español a decenas de miles de nietos de emigrantes españoles

· La futura reforme legal beneficiará sobre todo a ciudadanos latinoamericanos
· Los consulados en Cuba, Argentina, Venezuela o Brasil temen un alud de peticiones
· La norma despierta gran expectación entre un millón de posibles solicitantes

Funcionarios y responsables consulares de Cuba, Argentina, Venezuela o México temen que se produzcan colas de aspirantes al pasaporte español y creen necesarios medios extraordinarios para evitar colapsos
Por Fernando García
La emigración es una rueda; España lo sabe bien. Y ahora está a punto de cerrarse un ciclo. Si los planes del Gobierno salen adelante tal como están ahora formulados, los nietos de los españoles emigrados hace decenios al exterior podrán reclamar muy pronto la nacionalidad de sus abuelos. Los consulados abiertos en determinados países latinoamericanos prevén grandes aluviones de demandas al respecto. Sólo en Cuba, la legación de Madrid en La Habana estima que hasta seis millones de ciudadanos pueden preguntarse y preguntar si tienen derecho a heredar tardíamente la españolidad en virtud de la ley que prepara el Gobierno, que se pretende aprobar a principios del 2008. Pero los mismos medios consulares y diplomáticos que manejan esa cifra de seis millones de posibles peticionarios en la isla caribeña se apresuran a precisar que, con toda seguridad, la cantidad de personas que efectivamente llegarán a formalizar una solicitud de reconocimiento de su nacionalidad española será muy inferior; los expedientes que habrá que seguir tras su admisión serán menos, y los que concluyan con la concesión del pasaporte se contarán probablemente en decenas de miles. No hay que olvidar las dificultades que muchos solicitantes pueden encontrar a la hora de hallar los documentos acreditativos necesarios. En medios del Gobierno español se rebaja drásticamente la cifra de potenciales peticionarios, situándola en no más de cien mil (véase la página siguiente). Pero el problema inmediato es el del previsible bombardeo de reclamaciones: "No tienen por qué producirse desbordamientos si desde ahora se toman las medidas necesarias para evitarlos", aseguraba ayer un alto funcionario destacado en la capital cubana. Contaba con un argumento, y es que el consulado de La Habana está ya muy bregado en este asunto, pues no en vano acaba de cerrar con éxito - a falta de una pequeña repesca- el plan de choque que hubo de poner en marcha en abril del 2006 para atender 21.000 expedientes de nacionalidad acumulados. El desencadenante de aquel atasco fue una primera reforma del Gobierno que, a partir del 2003, reconoció el derecho de los hijos de españoles - de origen y nacimiento- a optar por la nacionalidad. La nueva reforma legal, consistente en pequeñas pero importantes modificaciones en el Código Civil e incluida en el anteproyecto de ley de Adopción Internacional, introduce dos novedades o ampliaciones esenciales: la extensión de la posibilidad de reclamación a los nietos de abuelo o abuela españoles (con uno vale) y la desaparición de la exigencia de que el padre (o madre) correspondiente naciera en España. El matiz es importante, porque muchos españoles que lo eran por derecho en el momento de nacer y durante su infancia perdieron esa nacionalidad al cumplir la mayoría de edad; el motivo es que habían nacido fuera y entonces no existía la doble nacionalidad. El borrador de la que podría llamarse la ley de los nietos da cumplimiento al mandato recogido en una norma de diciembre del 2006, la ley del Estatuto de los Españoles en el Exterior, que reconoce y protege los derechos de los nacionales residentes fuera del país. En ese sentido, el primer efecto de la nueva reforma - el que percibirán sus beneficiarios- no puede ser más positivo. Otra cosa pueden ser las consecuencias secundarias. Los funcionarios y responsables consulares de Cuba, Argentina, Venezuela o México tienen, y no ocultan, motivos para preocuparse. Las colas de aspirantes al pasaporte español se ven venir. Y no serán fáciles de abordar si no se habilitan los recursos extraordinarios que se precisan para evitar un desastre. No obstante, las fuentes oficiales consultadas insisten: los resultados del citado plan de choque desarrollado en el consulado de La Habana demuestran la posibilidad de encauzar en tiempo razonable gran cantidad de peticiones. Con apenas una decena de funcionarios de refuerzo, la entidad revisó 21.000 expedientes en diez meses. El plan arrojó el reconocimiento de la españolidad a 9.927 ciudadanos residentes en Cuba. El hecho probable de que varios cientos de miles de personas a las que ahora sólo se reconoce su nacionalidad extranjera (básicamente latinoamericanos) adquieran los mismos derechos que cualquier otro español y europeo plantea incógnitas y algún que otro riesgo. Nadie se atreve por ahora a calcular ni de lejos el potencial migratorio de los nietos. Pero la sola posibilidad de que muchos intenten instalarse en España dará que hablar dentro del país y también en Bruselas, donde ya los procesos de regularización de sin papeles han hecho correr ríos de tinta y de reproches. En el caso de Cuba, habrá que ver hasta qué punto las autoridades reconocen la nacionalidad española de los nietos a los que Madrid ya se la ha reconocido. Por ahora, La Habana sólo atiende a la cubanidad de aquellos de sus ciudadanos a los que España también ha empezado a contar entre los suyos.

Dins: http://www.lavanguardia.es/ (24.5.07)