NOVES TECNOLOGIES

Monografies:

La Autoría en la era digital : industria cultural y medios de comunicación. Valencia : Tirant lo Blanch, 2006. 364 p.
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Notícies jurisprudencials d’última hora:

1. Irrelevancia del destino dado al soporte digital a efectos del abono del canon por copia privada
898 --JMER N.º 1 (Bilbao), S 16 Mar. 2007.-- Ponente: Rodríguez Achutegui, Edmundo.
PROPIEDAD INTELECTUAL.-- Remuneración por copia privada.-- Régimen legal.-- Configuración de un sistema de compensación general.-- Irrelevancia del destino que se dé a los soportes digitales.-- Opción por una fórmula genérica que grava cualquier soporte susceptible de registrar datos protegidos o no.
Dins: Diario La Ley (4.5.07)


2. La Administración electrónica creará problemas de representación

En dos años los ciudadanos podrán exigir la tramitación del papeleo a través de la red
Almudena Vigil. Madrid. La nueva Ley de Administración Electrónica, que hará posible la relación online entre la Administración y el ciudadano, dejará muchos frentes abiertos. Es el caso de las formas de representación de las personas jurídicas, un punto abordado en el artículo 23 de la ley que crea más problemas de los que soluciona.El conflicto surge ante la dificultad de poder acreditar la autoría de una actuación administrativa a través de la red.Muchos de los trámites que debe realizar una empresa son llevados a cabo por una persona externa a la sociedad que tendría que poder acreditarse de algún modo ante la Administración. Este aspecto, que conlleva implicaciones importantes para las empresas, apenas aparece desarrollado en la ley.En opinión de César Iglesias y José Antonio Magdalena, abogados del despacho Díaz Bastien & Truan (DBT), la vaguedad con que el artículo 23 trata el problema hará imprescindible un desarrollo normativo posterior. Según estos expertos, la ley debería ir más allá y ofrecer una mayor seguridad jurídica en el uso de la firma electrónica cuando haya relaciones de representación. Además, creen que este tema hará necesario que las empresas se planteen una reorganización interna en lo que se refiere a la toma de decisiones, de forma que los trámites con la Administración se puedan llevar a cabo sin riesgos.La tan esperada Ley de Administración Electrónica, cuyas medidas deberán estar operativas el 31 de diciembre de 2009, supone un avance significativo en la relación que los ciudadanos mantienen con la Administración, que permitirá ahorrar papel y tiempo.Para César Iglesias, uno de los puntos más positivos de la nueva norma es que forzará a las Administraciones Públicas a hablar entre ellas. Gracias a ello, no será necesario repetir un mismo trámite ante distintas instancias. Bastará con hacerlo una sóla vez, del mismo modo que, actualmente, los trámites para la creación de la Sociedad Limitada Nueva Empresa ya se pueden hacer a través de una ventanilla única.Estándares abiertos Uno de los puntos más conflictivos de la Ley de Administración Electrónica es el principio de neutralidad de los estándares informáticos. Mientras la polémica de los estándares abiertos recorre el mundo, en España la Administración no ofrece ninguna solución con la nueva ley.Las recomendaciones de la Comisión Europea van en la línea de promover los estándares abiertos, algo que interesa a Europa frente al software de uso habitual estadounidense. “En realidad se trata de una batalla política”, aseguran los abogados de DBT que también advierten que, sea cual sea el software utilizado, los documentos administrativos tendrán que ser legibles ahora y dentro de cien años.Implicación empresarial Si la Administración puede, las empresas también. La Ley de Administración Electrónica pondrá en entredicho la capacidad de las empresas para adaptarse a las nuevas teconologías. Lejos de afectar únicamente a la Administración, la ley supone un gran reto para aquellas empresas que aún no han dado un paso adelante en la era internet.Pero esta ley no está sola en su vocación de promover la aplicación de la tecnología también en las compañías. A mediados de abril el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), donde se obliga a las grandes empresas (con más de cien trabajadores o un volumen de operaciones superior a los seis millones de euros) que presten servicios al público considerados como de especial trascendencia económica, a facilitar un medio de interlocución telemática con sus clientes. Para ello deberán utilizar certificados reconocidos de firma electrónica y, en particular, el DNI electrónico. Con esta medida se pretende permitir a los clientes mantener relaciones de carácter contractual con la empresa, efectuar reclamaciones y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en materia de protección de datos.
Dins: Gaceta de los negocios legal y fiscal (14.5.07)


3. Las notificaciones judiciales en Cataluña se harán por internet en dos años

(EFE).- Los juzgados de primera instancia de Tarragona y Reus serán pioneros en la puesta en marcha de un sistema que permitirá realizar las notificaciones judiciales a través del correo electrónico, sistema que se extenderá a todos los órganos judiciales de Cataluña en un plazo de dos años.La consellera de Justicia, Montserrat Tura, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugenia Alegret, la secretaria de Gobierno del TSJC, Maria Antonia Amigó, y la decana del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, Anna Moleres, han firmado en Tarragona el protocolo para poner en marcha este sistema, llamado LexNET.Este protocolo tiene por objetivo "la regulación del régimen de funcionamiento del sistema telemático de actas procesales de comunicación entre las oficinas judiciales de Cataluña y los procuradores de los tribunales de Cataluña" a través del LexNET, desarrollado por el Ministerio de Justicia.A efectos prácticos, este sistema permitirá "agilizar" todos los trámites implicados en los procedimientos judiciales, como el envío de notificaciones o sentencias, entre los procuradores y las oficinas judiciales, de un modo, además de "rápido", "seguro" y que garantiza "la privacidad y autenticidad" de los datos, ha afirmado Tura."Estamos frente a un cambio radical en la concepción de los procedimientos judiciales", ha subrayado la consellera, ya que se pasará de un modelo que se concebía como "largo y farragoso" a uno "moderno", en el que las notificaciones se podrán realizar, vía telemática, "durante las 24 horas del día".Para garantizar la seguridad de estas gestiones, los secretarios judiciales y los procuradores autorizados dispondrán de tarjetas personalizadas criptográficas, ha destacado la titular de Justicia.Por su parte, la presidenta del TSJC ha manifestado que la introducción del sistema LexNET "quizá no sea la solución de todos los problemas de las oficinas judiciales, pero sí significa un paso muy importante y simbólico", tanto en la agilización de los procesos como en la reducción del uso de papel.En la misma línea, Anna Moleres ha insistido en que el sistema busca "la eficacia y rapidez de la justicia", mientras que Maria Antonia Amigó ha hecho hincapié en que la puesta en marcha del LexNET supone "una necesaria revisión de los actuales sistemas de trabajo, que conllevan una pérdida de eficacia".En cuanto al calendario de aplicación, los juzgados de primera instancia de Tarragona realizarán, durante la próxima semana, pruebas simuladas; la semana del 4 al 10 de junio las pruebas se harán con procesos reales pero aún serán válidos, únicamente, los documentos en papel; y del 11 al 24 de junio valdrán ambos procedimientos.Finalmente, a partir del 25 de junio, sólo serán válidos los documentos enviados por correo electrónico.En los juzgados de primera instancia de Reus se desarrollará un idéntico proceso, pero con una semana de retraso respecto a los de Tarragona e, inmediatamente después, se llevará a cabo la implantación del sistema en Lleida.Después del verano está previsto que se aplique en los juzgados barceloneses de Vilafranca del Penedés, Cornellá, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi, Igualada, El Prat de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola del Vallés y, a lo largo de este año, a los juzgados mercantiles de la ciudad de Barcelona.Según Tura, el sistema, que no ha supuesto coste económico alguno, estará implantado en toda Cataluña en un plazo de dos años.
Dins: Noticias al día Westlaw (28.5.07)