DRET ADMINISTRATIU, URBANISME...

Articles de revista:

GARCÍA RUBIO, María Amparo. Control sobre la validez y eficacia de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dins: REVISTA DE JURISPRUDENCIA, núm. 5 (maig 2007), p. 1-4

Monografies:

ENRIQUEZ SALGADO, Ricardo. La Contratación administrativa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Madrid : La Ley, 2007. 857 p.
351.712(094.9) Enr

Enllaços d’interès:
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Notícies jurisprudencials d’última hora:

1. El Supremo establece salvedades a la igualdad en el acceso a la función pública.
Según doctrina del Supremo, coincidente con la del Constitucional, el trato de favor excepcional a determinados colectivos en el acceso a la función pública es adecuado.
El sindicato CCOO impugnó las bases de convocatoria para cubrir varias plazas de funcionarios de carrera en el Ayuntamiento de un municipio madrileño por entender que infringían los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en la Comisión Europea, la Ley 30/1984 de Medidas de Reforma para la Función Pública, y el artículo 30 de la Ley de Funcionarios de 7 de febrero de 1.964, terminando el caso en el Supremo por recurso de casación contra la sentencia del TSJ de Madrid que desestimaba las pretensiones del demandante.Según doctrina del Supremo, el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública no excluye que en casos excepcionales la diferencia de trato establecida en la ley a favor de unos y en perjuicio de otros pueda considerarse razonable, excepcionalidad que ocurre ante la necesidad de dar solución a un colectivo singular: el de determinado personal laboral fijo, caracterizado por venir desempeñando puestos de trabajo reservados a funcionarios.La Sala Tercera del Tribunal Supremo estima que la condición de personal laboral de duración indefinida-los participantes en las pruebas selectivas tenían dicha condición-se equiparan a la condición de fijo, al no distinguirse en el Estatuto de los Trabajadores entre esas dos categorías de personal.La convocatoria del ayuntamiento invoca el proceso de funcionarización de disposiciones referidas a la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos, si bien considera el Alto Tribunal que son aplicables supletoriamente al ámbito de la Administración Local, lo que incluso llega a admitir la parte recurrente. Pese a admitir dicha aplicación, el sindicato sostiene que las bases de la convocatoria no se acomodan a la ley porque no está dirigida a personal laboral fijo y no se refiere a puestos reservados a funcionarios, sino a personas vinculadas por relación laboral temporal o indefinida.El Alto Tribunal desestima el recurso de casación y considera la convocatoria es ajustada a derecho, basándose en su doctrina, respaldada también por la del Tribunal Constitucional y, en la que se viene a explicar que concurriendo determinadas circunstancias excepcionales la diferencia de trato en el acceso a la función pública, en favor de ciertos colectivos, resulta adecuada.
Dins: Expansión legal y fiscal (6.6.07)

2. Primera sentencia contra una casa móvil instalada en Guadalix de la Sierra.
(EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado por "delito urbanístico" al propietario de una casa móvil de madera instalada en una finca de Guadalix de la Sierra, lo que implica que estas construcciones colocadas sobre base de ladrillo están sometidas a las normas urbanísticas, según Ecologistas en Acción.
Esta asociación pone de manifiesto en su comunicado que la sentencia de la sección 16 de la Audiencia Provincial, que condena al propietario de la casa que se levantó con la "correspondiente base de ladrillo y hormigón" en la parcela número 24 del polígono 12 de San Agustín de Guadalix, es la primera condenatoria de este tipo de construcción.
La sentencia, que condena al propietario a seis meses de prisión, un año de inhabilitación para construir, 2.160 euros de multa y a la demolición de lo construido, considera que este tipo de casas móviles son, en el momento que se instalan con anclaje de obra, bienes inmuebles y construcción a los efectos de estar sometidos plenamente a la legalidad urbanística".
Este tipo de viviendas de segunda residencia "que cada vez proliferan más, tienen casi siempre una estructura de ladrillos que constituye la base sobre la que se instalan", añade el comunicado.
La denuncia fue presentada por Agentes Forestales y en las Diligencias Previas abiertas en el Juzgado se había personado la Asociación para la Defensa del Valle de Lozoya, si bien inicialmente "el Juzgado de lo Penal número 22 había absuelto a dicho propietario", señala la nota informativa.
Ahora, "la Audiencia Provincial considera que se ha cometido un delito urbanístico al estar instalada en suelo no urbanizable de protección especial", añadieron.
Ecologistas en Acción considera "muy importante" esta sentencia porque "fija el criterio de que este tipo de instalaciones está plenamente sometido a la normativa urbanística y quién no cumpla con la legalidad puede incurrir en infracciones administrativas o, como es el caso, contra la ordenación del territorio".
Dins: http://www.aranzadi.es/ (6.6.07)

3. Un Ayuntamiento, condenado a pagar 460.707 euros por un accidente laboral.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Vilassar de Dalt (Barcelona) a indemnizar con 460.707 euros a un operario de la brigada municipal que quedó inválido en un accidente laboral ocurrido en 1999.
La sentencia, dictada por la sala de lo contencioso-administrativo, considera que el accidente fue responsabilidad del obrero en un 20%, ya que, para realizar la tala, se subió a una escalera mecánica de 10 metros de altura, sin ningún casco, arnés o cinturón de seguridad. Cuando estaba serrando la rama, ésta se desprendió, le golpeó el hombro izquierdo y provocó su caída al suelo. El trabajador permaneció hospitalizado 162 días y como secuelas le ha quedado una paraplejia en las extremidades inferiores.
El Ayuntamiento rechazó indemnizarle al considerar que el accidente laboral se había producido por negligencia suya. Sin embargo, la Inspección de Trabajo concluyó que el siniestro había sucedido por la utilización de un "método inadecuado e inseguro", de poda, sin cinturones de seguridad, y manipulando las cargas desde la escalera de mano, así como por la falta de formación de los operarios. En ese informe es en el que se basan los jueces para dictar la condena.
Dins: http://www.elpais.com/ (20.6.07)

4. La Seguridad Social descarta que una mujer de Vigo padezca una depresión porque va «maquillada y con el pelo teñido».
(EP).-La Seguridad Social ha denegado la incapacidad laboral a una mujer de Vigo que padece fibromialgia y descarta que padezca una depresión porque va "maquillada y con el pelo teñido", según recoge una resolución a la que tuvo acceso Europa Press."Me siento hundida, pisoteada, humillada; creo que mis derechos no se han tenido en cuenta", aseguró la afectada, Pilar García, al explicar cómo se siente después de recibir la carta de la Seguridad Social denegándole la incapacidad laboral que había solicitado en base a sus dolencias, todas ellas diagnosticadas por el Servizo Galego de Saúde.Desde hace cuatro años padece fibromialgia, una enfermedad degenerativa que produce un dolor crónico y muy intenso. De hecho, la mujer asiste a una unidad de alivio del dolor desde que dejó de reaccionar a la medicación."Hay días que me levanto llorando porque no aguanto el dolor, que me supera", afirmó.Además de la fibromialgia, diagnosticada en el Hospital Xeral de Vigo, sufre acuñamiento vertebral, esclerosis, artrosis y dos hernias de disco. Enfermedades que desembocaron en un cuadro depresivo-ansioso, diagnosticado por el Servicio de Psiquiatría del Centro de Especialidades de Coia, en Vigo. En el informe el médico que lo firma matiza que la mujer "no está en condiciones de trabajar".TRATO VEJATORIOLa mutua de su trabajo -trabaja de limpiadora- inició entonces los trámites para que consiguiera una incapacidad laboral. Para ello tuvo que asistir a una revisión en la Dirección Provincial del Instituto de la Seguridad Social el pasado mes de marzo, donde, según explicó, sufrió "un trato humillante" por parte de la médica que la examinó."Me quiere tocar el cuello y le digo que no me lo toque que me duele, y entonces me dice que cómo hago para ir a la peluquería y teñirme el pelo, puesto que allí se adoptan malas posturas, y que si estoy bien para teñirme el pelo estoy bien para ir a trabajar", relató, indignada. Además, explicó que salió "llorando" y que ya en ese momento le dijo a su marido que no le iban a conceder la incapacidad "por lo que ha dicho esta bendita señora". El enfado y la desesperación de esta mujer de 51 años subieron de tono hace unos días, al recibir el informe de la Seguridad Social denegándole la incapacidad laboral solicitada."ASPECTO CUIDADO"El escrito niega que la mujer sufra algún tipo de depresión, ya que está "consciente" y "orientada" y que su "aspecto externo" está "muy cuidado", detallando que va "maquillada, con el pelo teñido, depilada y con complementos". "Le hacen una evaluación en la cual lo menos importante son las dolencias que padece y lo más importante es su aspecto estético", señaló el marido de la mujer, Camilo Campos."Precisamente, el psiquiatra lo que nos pide a su entorno es que ayudemos a la paciente a salir de ese túnel sacándola de casa, no dejándole encerrarse en sí misma, no dejando que se descuide en su aspecto estético para que su autoestima no caiga", manifestó.Al recibir la carta, la mujer se sintió "hundida". "Qué hago señor mío: cojo una escopeta y me pego un tiro; voy al muelle y me suicido, porque no me queda otra opción; es lo único que me queda", lamentó."¿Qué esperan, que cometa una locura para que me la den?", añadió.FIBROMIALGIAPara el marido de la afectada, la causa de todo lo sucedido radica en el tipo de enfermedad de que se trata. "En el momento que el INSS escucha la palabra fibromialgia automáticamente dicen que no quieren saber nada del tema; niegan toda evidencia al oír la palabra fibromialgia; niegan los informes médicos que han emitido los especialistas", aseguró.Asimismo, calificó la situación de "surrealista" y se preguntó qué relación puede tener "el tinte del pelo, o si lleva complementos a juego con su atuendo, o si va depilada" con las dolencias que no le permiten llevar una vida normal. "Absolutamente nada", afirmó.Por último, la mujer reconoció "sentirse cansada" y señaló que si no fuera por su familia "arrojaría la toalla", pide que se investigue "de la misma forma que se investiga para otras enfermedades" en beneficio de todas las personas que padecen fibromialgia.Por su parte, fuentes de la Dirección Provincial del Instituto de la Seguridad Social de Pontevedra de la delegación de Vigo, aseguraron conocer este expediente pero declinaron hacer declaraciones al respecto.
Dins: Noticias al día Westlaw (20.6.07)

5. Solamente los médicos podrán practicar la homeopatía, señala un auto del TSJC.
Por : Mònica I. Ferrado
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decretado la suspensión cautelar de la parte del decreto de Terapias Naturales de la Generalitat sobre la práctica de la homeopatía, aprobado el pasado 30 de enero. La resolución, publicada ayer, deniega la práctica de la homeopatía por parte de profesionales que no sean licenciados en medicina.
El TSJC especifica que la Generalitat no tiene competencias para regular esta profesión, y que su intervención supone una intrusión en la Ley de Ordenación de Profesionales Sanitarios, que corresponde al Estado.
La Academia Homeopática de Barcelona interpuso un recurso cuando se aprobó el decreto que permitía el ejercicio de la homeopatía por parte de profesionales que se hubiesen formado en academias, a las que se puede acceder tan sólo con bachillerato. El decreto reconocía asimismo su capacidad para diagnosticar y prescribir medicamentos homeopáticos.
La Academia considera que para practicar la medicina homeopática es imprescindible ser licenciado en medicina o veterinaria. Su presidente, Manel Mateu, indica: "La homeopatía debe ser considerada una especialidad médica, ya que los medicamentos homeopáticos no son inocuos, requieren que el profesional tenga una formación médica para poder diagnosticar y que conozca tanto la medicación homeopática como la convencional, ya que muchos enfermos acuden mientras toman también otros medicamentos". La suspensión cautelar sólo se refiere a la práctica de la homeopatía, por lo que otras terapias naturales incluidas en el decreto no se verán afectadas.
Dins: http://www.elpais.com/ (28.6.07)


Novetats legislatives:

Real Decreto 660/2007, de 25 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, en relación con el acceso a la información contenida en el Registro central.
BOE 133, 4.6.07

Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se establecen los acuerdos en materia de valoración de la situación de dependencia.
BOE 136, 7.6.07

ORDRE IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de determinats establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
DOGC 4899, 7.6.07

DECRET 125/2007, de 5 de juny, pel qual es regula l'exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica.
DOGC 4899, 7.6.07

DECRET 127/2007, de 5 de juny, sobre distribució de la potestat sancionadora entre els òrgans de la Generalitat de Catalunya per infraccions en matèries laborals, de prevenció de riscos laborals i d'obstrucció a la tasca inspectora, i sobre la tramitació i instrucció dels procediments sancionadors per a aquestes matèries.
DOGC 4899, 7.6.07

DECRET 128/2007, de 5 de juny, de modificació de l'article 35.3 del Decret 313/2004, de 8 de juny, de reestructuració del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i de creació d'una comissió permanent.
DOGC 4899, 7.6.07

Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
BOE 138, 9.6.07

Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas con discapacidad y personas mayores, dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
BOE 138, 9.6.07

Corrección de errores del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia.
BOE 140, 12.6.07

LLEI 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals.
DOGC 4902, 12.6.07

LLEI 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
DOGC 4902, 12.6.07

ORDRE ECF/188/2007, de 23 de maig, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de presentació de queixes, denúncies, reclamacions i consultes a l'Agència Catalana del Consum.
DOGC 4902, 12.6.07

Orden ECI/1702/2007, de 12 de junio, por la que se regulan los préstamos a graduados universitarios ligados a la posesión de una renta futura.
BOE 141, 13.6.07

Directiva 2007/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se deroga la Directiva 71/304/CEE del Consejo, relativa a la supresión de las restricciones a la libre prestación de servicios en el sector de los contratos administrativos de obras y a la adjudicación de contratos administrativos de obras por medio de agencias o sucursales (1).
DOUE 154, 14.6.07

Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos (1).
DOUE 154, 14.6.07

RESOLUCIÓ SLT/1799/2007, de 7 de juny, per la qual s'aproven les guies d'avaluació de competències en teràpies naturals.
DOGC 4907, 19.6.07

ORDRE TRE/197/2007, de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2008.
DOGC 4907, 19.6.07

LEY 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
BOE 150, 23.6.07

LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
BOE 150, 23.6.07

Resolución de 20 de junio de 2007, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de enero de 2005, que regula el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de incapacitados, para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet.
BOE 152, 26.6.07

DECRET 138/2007, de 26 de juny, de modificació del Decret 208/1998, de 30 de juliol, pel qual es regula l'acreditació de la correcció lingüística dels noms i cognoms.
DOGC 4914, 28.6.07


Altres notícies:

1. El Gobierno aprueba que parte de la 'hucha de las pensiones' pueda sacarse a Bolsa.
El Ejecutivo reforma el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para obtener mayor rentabilidad 'con las garantías necesarias de seguridad'
El Consejo de Ministros ha aprobado elproyecto de ley que regula el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La reforma de la denominada "hucha de las pensiones" permitirá que parte de estos fondos se puedan invertir en Bolsa. Esta decisión es fruto del acuerdo alcanzado en 2006 entre el Gobierno y los agentes sociales, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT y después de que el Consejo Económico y Social (CES) haya emitido un dictamen favorable sobre el texto.
El cambio de regulación venía demandado por el gran crecimiento del Fondo de Reserva que, según los datos de febrero, asciende a 40.334,78 millones de euros, y persigue dotar a su gestión de mayor flexibilidad. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que este proyecto de ley, acordado por empresarios y trabajadores, "persigue conseguir rentabilidades más cercanas a las que persiguen los inversores privados".
Además de invertir en deuda pública, dijo, el fondo podrá invertir en efectivo y en renta fija privada y, "como filosofía general" podrá adaptarse a los mercados para conseguir la máxima rentabilidad. "En pocas palabras, invertir mejor la reserva de todos para obtener la mayor rentabilidad con las garantías necesarias de seguridad", añadió la vicepresidenta.
Conjugar seguridad con rentabilidad
Así, según el texto aprobado hoy, el objetivo de la reforma persigue conjugar la seguridad en las inversiones con mayor rentabilidad, mediante la diversificación de riesgos. El proyecto de ley establece que se mantendrá el actual modelo de gestión de las inversiones en renta fija, mientras que la gestión de la renta variable se externalizará, estableciendo límites que garanticen la seguridad y la diversificación de riesgos.
El texto amplía las facultades de los gestores y el control de los interlocutores sociales y prevé los límites para hacer efectiva la seguridad y la diversificación. En el artículo cuarto del proyecto se establece que el Gobierno podrá disponer de activos del Fondo de Reserva exclusivamente para financiar un posible déficit en pensiones contributivas.
La nueva norma prevé que el Gobierno presente a las Cortes un informe anual sobre la evolución y composición del fondo, con las actuaciones hechas en el ejercicio, la política de inversión y los modelos de gestión aplicados, mientras que el secretario de Estado de la Seguridad Social dará cuentas ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. El proyecto de ley regulador del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, tras pasar por el Consejo de Estado, será remitido a las Cortes.
Dins: http://www.elpais.com/ (8.6.07)

2. Todas las pruebas de drogas practicadas por los Mossos de Trànsit dan positivo.
La mayoría de los casos de positivo en droga han acabado en falta administrativa
No hay un método para medir la cantidad de droga ingerida, las sanciones son sólo administrativas y no existe aún una alarma social... ¿tenemos un problema?
Por Javier Ricou
Catalunya ha sido pionera en los controles de drogas a conductores y, aunque el número de pruebas para detectar sustancias estupefacientes es todavía muy bajo si se compara con las pruebas de alcoholemia, desde los Mossos d´Esquadra se defiende que la implantación de estos controles está rompiendo la sensación de impunidad que impera entre los conductores que toman tóxicos. El paso dado en Catalunya con los controles de droga abre un nuevo debate al que hasta ahora se había prestado una mínima atención, ya que la gran batalla para luchar contra los accidentes de tráfico se ha centrado, básicamente, en el alcohol o el exceso de velocidad. "Nos queda aún mucho camino por recorrer y no hemos hecho más que empezar", afirma Vicenç Gasulla, jefe de Trànsit de los Mossos del Baix Llobregat y experto del cuerpo en detección de toxicomanías. Uno de los principales problemas con los controles de droga es la inexistencia de un método para medir la cantidad de sustancia ingerida equivalente al que evalúa la prueba de alcoholemia. Este vacío juega a favor del conductor que toma anfetaminas, cocaína o hachís, ya que, en los casos de positivos, cuando no ha habido accidentes ni se ha cometido ninguna infracción, el castigo - siempre y cuando el mosso no aprecie alteraciones en la conducta que afecten a la conducción- no pasa de ser una sanción administrativa. La multa, de 600 euros, retirada de 6 puntos y entre 1 y 3 meses de retirada del carnet es la misma que se impone en las alcoholemias con una tasa inferior a 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Cuando se supera esa tasa de alcohol, tal como marca una circular de la fiscalía, ya hay caso para incoar diligencias penales. Vicenç Gasulla no esconde que la mayoría de los 358 positivos de drogas detectados en Catalunya en lo que va de año ha acabado como falta administrativa - lo que podría considerarse un agravio respecto al castigo penal con los conductores ebrios-, pero insiste en que el salto dado por los Mossos al implantar este tipo de controles acaba con la sensación de impunidad de aquellos que piensan que la mezcla de droga y conducción no se castiga. "Años atrás era habitual que un conductor que daba negativo en un control de alcoholemia se jactara de haber tomado otras sustancias porque sabía que no teníamos aparatos ni capacidad para detectarlas", revela Gasulla. "Esto se ha acabado y ahora esos conductores saben que en cualquier carretera catalana y a cualquier hora del día pueden ser sometidos a un control de drogas, aunque no hayan provocado ningún accidente ni cometido ninguna infracción", añade. La mayoría de estas pruebas siguen siendo, sin embargo, muy selectivas, lo que explica el alto índice de positivos. "En ocasiones el olor de dentro del coche, cuando se trata de cannabis, ya delata al conductor". El comportamiento o grado de excitación de la persona que conduce es otro indicador que ayuda a los agentes a detectar infractores. Desde el 1 de enero del 2005, cuando se empezó a perseguir en Catalunya a los conductores drogados, se ha avanzado mucho - indica Gasulla- en el sistema de detección de sustancias. La droga se detecta en la saliva del conductor - tiene que chupar un palito forrado de algodón-, pero el expediente de sanción no se inicia hasta que esa saliva pasa por un laboratorio. "La experiencia nos está demostrando que el método que utilizamos a pie de carretera es muy fiable, ya que son contadísimos los casos que una vez analizados en el laboratorio han dado negativos". Al igual que ocurre con las pruebas de alcoholemia, al infractor se le ofrece la posibilidad de someterse voluntariamente a una prueba de sangre y la negativa a un test de drogas se castiga también como un delito de desobediencia. Gasulla indica, por otro lado, que el hecho de que la cocaína sea la sustancia más detectada en estos controles de droga en la carretera es un indicador de que las cosas se están haciendo bien. "Lo que leen nuestros aparatos no es más que un reflejo de lo que pasa en la sociedad actual con el aumento de consumo de esta sustancia". Vincenç Gasulla afirma, asimismo, que la experiencia de los Mossos con este tipo de controles es seguida con mucho interés en el resto de España e incluso algunos países del centro de Europa, donde todavía no se ha pasado de las experiencias piloto que no conllevan ninguna sanción.
Dins: http://www.lavanguardia.es/ (8.6.07)

3. Miles de perfiles genéticos de sospechosos serán guardados en un archivo policial único.
Una nueva ley permite almacenar datos de ADN durante años aun sin permiso del afectado
Con la unanimidad de todos los partidos, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley por el que se creará un archivo policial único con miles de perfiles genéticos de sospechosos de delitos o criminales ya condenados. Esos datos, extraídos de muestras de ADN, quedarán almacenados durante años y podrán ser utilizados como prueba en investigaciones sobre delitos futuros -o sobre casos pasados aún sin resolver- aunque el sospechoso no haya dado su consentimiento. En la actualidad, las muestras genéticas -más de 42.000- están dispersas en distintos archivos y sólo pueden ser empleadas en la causa judicial que, en cada caso, motivó su obtención.
Desde hace cuatro años, cuando fue reformada la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ningún sospechoso puede negarse a dar una muestra de su ADN si así lo decide un juez. Pero la muestra únicamente puede ser utilizada como prueba en ese juicio concreto; si, al cabo de un tiempo, la policía sospechase que el mismo individuo está detrás de un nuevo delito -o creyese que es el autor de un delito pasado que quedó sin resolver-, tendría que volver a reclamar otra muestra genética. Y eso, cuando el sospechoso tuviera carácter de tal: "En caso contrario ni siquiera se destaparía la posible relación", explica el diputado socialista Carlos Corcuera.
El proyecto de ley que ayer aprobó la Comisión de Interior del Congreso -con una larguísima denominación: ley reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN- dará la vuelta a ese mecanismo: permitirá almacenar los perfiles genéticos "a fin de que puedan ser utilizados, posteriormente, en investigaciones distintas o futuras, incluso sin el consentimiento expreso del titular de los datos". Eso sí, sólo en caso de "delitos de especial gravedad y repercusión social" (homicidios, violaciones, robos con fuerza, violencia contra las personas, delincuencia organizada...). Y con una salvaguarda: de toda la información genética -no ya personal, más bien "personalísima", admite la ley- que ofrece el ADN, únicamente quedará registrada la identidad y el sexo del sospechoso.
Toda la información podrá ser cedida a las autoridades judiciales, fiscales o policiales de terceros países con los que se firmen convenios, así como a las policías autonómicas y al Centro Nacional de Inteligencia.
El proyecto, además, pretende poner fin a una dispersión de datos que juega en contra de la eficacia policial. Los archivos del Cuerpo Nacional de Policía custodian en este momento 32.000 perfiles genéticos relacionados con sospechosos de presuntos delitos, personas desaparecidas o cadáveres sin identificar. La Guardia Civil, por su parte, tiene otros 10.600 perfiles de ADN en su base de datos, y a todo eso hay que sumar las muestras que recaban en sus territorios las policías autonómicas catalana y vasca.
Casos sin resolver
"A veces los distintos cuerpos cruzan los perfiles genéticos que guarda cada uno para colaborar en alguna investigación, pero no siempre; y, además, el procedimiento se hace desesperadamente lento. A partir de ahora todos esos perfiles quedarán centralizados en una base de datos única, dependiente del Ministerio del Interior, lo que agilizará muchísimo la investigación: en casos criminales y también en la búsqueda de desaparecidos", subraya Corcuera.
Un optimismo en el que coinciden quienes serán custodios de esos datos: "Creemos que el archivo único podría multiplicar el número de casos resueltos, incluso ayudar a sacar a la luz casos que quedaron sin resolver en su día", señalan fuentes policiales. El proyecto, aprobado ayer en comisión, será debatido en el pleno del Congreso previsiblemente la semana próxima, y después pasará al Senado para salvar el último trámite y entrar en vigor.
La ley no pone un plazo fijo a la conservación del ADN, aunque sí determina que no superará "el tiempo de prescripción del delito" en el caso de meros sospechosos. Y, en el de los ya condenados, "el tiempo señalado para la cancelación de antecedentes penales". A partir de ese momento, las muestras deberán ser eliminadas del registro.
Dins: http://www.elpais.com/ (13.6.07)

4. El Congrés desencalla la llei amb què s'empresonarà els 'conductors bala'.
Circular a més de 110 km/h en ciutat i a més de 200 km/h en autopista serà delicte des del novembre
La norma castigarà també amb presó els que sobrepassin els 1,2 grams d'alcohol a la sang
MANUEL VILASERÓMADRID
L'horitzó de la reforma penal que preveu presó per als conductors bala i els borratxos va quedar ahir completament clar. Després d'un mes d'intenses negociacions, la majoria dels grups del Congrés dels Diputats van pactar una proposició de llei que considera delicte sobrepassar en més de 60 quilòmetres per hora els límits marcats a les vies urbanes i en més de 80 a les vies interurbanes. També comportarà presó circular amb més d'1,2 grams d'alcohol a la sang o amb el carnet retirat per una autoritat administrativa o judicial.La proposta serà tramitada per la via de la màxima urgència, de manera que podria entrar en vigor a "finals d'octubre o a primers de novembre", segons un dels màxims impulsors del canvi legal, el diputat del PSOE Victorino Mayoral. No s'ha pogut complir el vaticini del ministre de Justícia, Mariano Fernández Bermejo. Quan va anunciar la posada en marxa de la reforma exprés, va aventurar que el nou codi podria entrar en vigor a l'estiu, però no comptava amb el fet que les reticències d'alguns partits endarreririen tant el tancament de l'acord.10 QUILÒMETRES MÉSAquestes reticències han fet que al final s'hagi apujat el llistó per a les infraccions de velocitat. En la proposta que Bermejo va entregar als grups era delicte superar en 50 i 70 quilòmetres els límits en zones urbanes i interurbanes. Al final s'han apujat 10 quilò- metres per hora més en els dos tipus de vies.¿Com es tradueixen els nous límits a la xarxa viària real? És molt fàcil. La limitació a les rondes està fixada en 80 quilòmetres per hora. Com que es considera via urbana, la presó començarà a partir dels 141. En els denominats carrers 30, com al Poble-sec, es pot acabar rere les reixes per sobrepassar els 90. I a la Diagonal i a la Gran Via, per passar de 110. En carreteres nacionals, la línia vermella estarà en 180, i en autopistes i autovies, en 200. La proposta també obliga el Govern a revisar la senyalització viària "d'acord amb les administracions competents" per garantir que els límits són els adequats en cada costat.Perquè l'alcohol porti algú davant el jutge s'ha d'haver pres cinc llaunes de cervesa, set vasos de vi o quatre combinats, encara que aquests càlculs depenen sempre del pes i altres factors.El tercer punt clau de la proposta, la presó per a la llicència retirada, té per objectiu donar més eficàcia al carnet per punts, al treure de la carretera els conductors que segueixen circulant a pesar d'haver perdut la carta rosa. "Es tracta de lluitar contra els que se'n riuen del sistema", va explicar el diputat de CiU Jordi Jané, principal promotor de la tramitació exprés. "De salvatges n'hi ha pocs, però són molt perillosos", va reblar Mayoral.
Dins: http://www.elperiodico.com/ (15.6.07)

5. El Congreso aprueba la reforma de las leyes que regulan los sectores eléctrico y de hidrocarburos.
El Pleno del Congreso aprobó ayer la reforma de las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos que trasponen las directivas europeas sobre estas materias y establecen la eliminación de las tarifas reguladas para el gas en 2008 y para la electricidad un año después.
La Cámara respaldó todas las enmiendas introducidas durante su tramitación en el Senado, excepto una a la Ley de Hidrocarburos del Grupo Popular, que proponía eliminar la prioridad de las empresas distribuidoras de gas para adjudicarse la construcción de nuevas instalaciones de distribución en las zonas en las que operan.
Durante el debate, el diputado del PP Fernando Vicente Castelló defendió que la existencia de más compañías distribuidoras fomentaría la competencia en el sector, mientras que el socialista Luis Tomás García argumentó que una medida así sólo contribuiría a duplicar las redes e incrementar el precio del gas.
Las nuevas normativas ya fueron votadas en la Comisión de Industria del Congreso el pasado 14 de marzo por el procedimiento de competencia legislativa plena, donde recibieron un amplio respaldo.
La Ley de Electricidad logró el apoyo del PSOE, PP, CiU y PNV y la oposición de IU y ERC, mientras que la nueva norma de hidrocarburos fue respaldada por el PSOE, el PP y CiU y rechazada por IU, ERC y PNV. De forma general, Castelló mostró hoy su apoyo a los textos y declaró que confía en que sean "el principio del consenso energético en España". Tomás señaló que la nueva normativa profundiza en la liberalización de los mercados de gas y electricidad y destacó que redundará en una disminución de los precios y una mejor calidad en el suministro energético.
Jordi Ramón (ERC) reiteró que las dos leyes distan mucho de los planteamientos de su grupo, aunque indicó que algunas enmiendas del Senado "mejoran" los proyectos. IU-ICV, a través de su portavoz, Joan Herrera, hizo hincapié en la ausencia de elementos suficientes sobre gestión de la demanda, ahorro y eficiencia energética.
Dins: http://www.elpais.com/ (15.6.07)

6. Aprobada la Ley para Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
El paso del texto por la Cámara Baja introduce algunas modificaciones. LOS ESTÁNDARES ABIERTOS NO SERÁN OBLIGATORIOS
MADRID.- El Congreso aprobó con el consenso de todos los grupos la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP).
La intención de esta ley, que no ha estado exenta de polémica durante su tramitación, es permitir realizar cualquier tramitación administrativa por Internet, teléfono, televisión o cualquier otro medio electrónico disponible en el futuro.
La Ley, en la que se incluyeron todas las enmiendas procedentes del Senado, obliga a la Administración General del Estado a garantizar que los usuarios podrán hacer todos sus trámites de forma telemática a partir de 2009.
De esta forma, quienes quieran podrán usar los medios electrónicos para pedir información, hacer solicitudes, transacciones, oponerse a resoluciones y actos administrativos y cuantos derechos y facultades les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo.
Polémica
Uno de los asuntos que más polémica han suscitado acerca de esta nueva ley tiene que ver con el uso o no de estándares abiertos en las aplicaciones de las Administraciones Públicas.
Al final, el texto recoge la no discriminación de los ciudadanos por su elección tecnológica y define 'estándar abierto' (aquel que "sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso, y que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial"), algo que el Senado evitó.
En teoría, la norma permitirá a los ciudadanos utilizar los programas y el 'software' que deseen porque se recoge la 'interoperabilidad', de forma que tanto los usuarios de 'software' libre como los vinculados a multinacionales podrán hacer sus trámites sin problemas.
No obstante, durante su paso por la Cámara Alta se estableció como principio general que las Administraciones Públicas utilicen "estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos".
Críticas
Numerosos grupos de usuarios críticos con la redacción de la norma se muestran muy escépticos, debido sobre todo a la escasa voluntad política de desarrollar una ley que apoye inequívocamente la transparencia en la llamada 'e-administración'.
Curiosamente, existe un ejemplo claro y muy reciente de lo que podría seguir pasando en un futuro: la recién renovada página del Congreso, desarrollada por Telefónica e Indra, y que ha sido lanzada con serios problemas de accesibilidad.
Además, alertan de en la ley no se recoge la exención del pago de la compensación equitativa por copia privada (el famoso 'canon'), de acuerdo a lo establecido en el art. 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ya que no se aprobó una enmienda específica a tal efecto.
Conviene recordar que el Ejecutivo prevé gastar seis millones de euros este año en poner en marcha la ley, básicamente en campañas de información, pero que el presupuesto global estimado a invertir en la administración electrónica es de un total de 1.900 millones de euros.
Según esta ley, los usuarios podrán hacer todos sus trámites con la Administración central de forma telemática a partir de 2009, pero las administraciones autonómicas y locales dispondrán de plazo hasta 2012, ya que irán implantando estos sistemas en función de sus posibilidades presupuestarias.
Dins: http://www.elmundo.es/ (15.6.07)

7. L'Agència Catalana de Consum expedienta 58 empreses dedicades a la unificació de crèdits.
L'Agència Catalana de Consum ha expedientat 58 empreses dedicades a la unificació de crèdits. Les inspeccions es van iniciar fa uns mesos després de detectar-se campanyes publicitàries "molt agressives" d'empreses que podrien encobrir casos d'usura.
Moltes de les persones que recorren a aquestes empreses, desconeixen el cost del tràmit d'unificació.

L'Agència Catalana de Consum ha expedientat 58 empreses dedicades a la unificació de crèdits. Les inspeccions es van iniciar fa uns mesos després de detectar-se campanyes publicitàries "molt agressives" d'empreses que podrien encobrir casos d'usura. L'Agència investiga aquestes empreses perquè considera que hi ha un dèficit en la informació que s'ofereix al consumidor sobre les condicions de refinançament. Assenyala, així mateix, que els clients habituals d'aquestes entitats són majoritàriament persones en situació econòmicament crítica i per tant molt vulnerables. En declaracions a Europa Press, fonts de l'Agència han indicat que moltes de les persones que recorren a aquestes empreses, desconeixen el cost del tràmit d'unificació, les condicions del nou préstec i fins i tot l'entitat bancària que l'hi concedeix. Des de l'Agència ressalten que, en molts casos, aquestes empreses cobren comissions molt altes als seus clients per fer un "paper d'intermediaris", és a dir, per assessorar i oferir productes financers als quals podrien accedir a través de les entitats bancàries sense haver de pagar per ells.

Dins: http://www.avui.cat/ (15.6.07)
ü Los notarios deberán comunicar a Hacienda todas las operaciones que superen los 200.000 euros
Los notarios deberán comunicar a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria aquellas operaciones o grupos de operaciones de las que tengan conocimiento y que superen los 200.000 euros, siempre que consideren que pueden tener trascendencia tributaria al poder existir un riesgo de delito fiscal.
Esta es una de las principales novedades del convenio de colaboración que han suscrito hoy el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño de Llano, para combatir el fraude fiscal y que permite poner en marcha lo establecido por la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, que entró en vigor este año.
En virtud del nuevo convenio, el Consejo General del Notariado, representado por su Organo de Colaboración Tributaria, deberá comunicar a la Agencia Tributaria aquellas operaciones en la que se aprecie “riesgo de fraude o posible incumplimiento del sistema tributario o aduanero”.
En este sentido, Pedroche indicó que, en la medida que vaya entrando en funcionamiento el nuevo convenio, se irán determinando qué tipo de operaciones de las que dan fe los notarios constituyen mayor riesgo fiscal, pero de momento, deberán dar cuenta de todas aquellas que superen los 200.000 euros.
Hacienda podrá acceder al Índice Único
Los notarios volcarán mensualmente en dicho índice toda la información inmobiliaria que figure en los documentos notariales en los que consten hechos, actos o negocios que afecten a sus características físicas, económicas o jurídicas; en particular los cambios de titularidad, la obra nueva en construcción o terminada, y otras alteraciones de sus característica en actos de naturaleza urbanística, así como valoraciones en la composición interna o en la cuota de participación de entidades sin personalidad jurídica.
También informarán sobre el otorgamiento de poderes, nombramiento y cese de administradores de todo tipo de sociedades y personas jurídicas, especialmente, de los datos identificativos de apoderados y administradores.
En la misma línea, Marqueño de Llano explicó que los notarios ya están dando cumplimiento a la obligación introducida en la Ley de Prevención del Fraude de informar a Hacienda de aquellas escrituras en las que alguno de los otorgantes no hubiera comunicado al notario el NIF, o se hubiera negado a identificar o no hubiera acreditado suficientemente los medios de pago empleados. “Estas obligaciones se están cumpliendo por encima de las expectativas”, añadió.
Para hacer un seguimiento del convenio firmado hoy, ambos organismos crearán una Comisión Mixta, formada por tres miembros de cada uno de ellos. Por parte de la Agencia Tributaria, estará integrada por un responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y dos funcionarios del Departamento de Control, mientras que por parte de los notarios, estará el Decano de Canarias, Javier Guerrero, y otros dos técnicos más en materia tributaria.
Dins: http://www.cincodias.com/ (19.6.07)

8. Las personas viudas con dos hijos a cargo serán consideradas familia numerosa.
El servicio militar contará como periodo cotizado para acceder a la jubilación anticipada.
Por: LUCÍA ABELLÁN
Las familias numerosas lo son cada vez menos. A partir del año próximo formarán parte de este grupo los núcleos constituidos por un viudo con dos hijos a cargo (ahora son necesarios tres, independientemente de la situación de los cónyuges). La medida se incluye como enmienda a la ley de reforma de la Seguridad Social, que incluye otras novedades. Así, el servicio militar contará como periodo cotizado para acceder a la jubilación anticipada. Esto permitirá ejercer este derecho a quienes hayan trabajado 29 años, pues el servicio militar aportará el último necesario.
La realidad social ha ido relajando el concepto de familia numerosa, que comenzó con un requisito mínimo de cuatro hijos y va a concluir en pocos meses con dos. Se trata de una propuesta de Convergència i Unió (CiU) aceptada por el PSOE que se incluirá como enmienda a la ley de medidas de Seguridad Social, actualmente en trámite parlamentario. La medida permitirá a los viudos (hombres y mujeres) con dos hijos a cargo acceder a las ayudas que reciben las familias numerosas. Entre esos beneficios figuran descuentos y exenciones en la educación pública, rebaja en los transportes y reducciones fiscales de todo tipo.
La medida no afecta directamente a la Seguridad Social, pero se incluirá como una enmienda que modifica la ley de familias numerosas. El Gobierno ya ha aceptado la propuesta, que se aplicará en cuanto entre en vigor la ley de Seguridad Social, en enero de 2008, según confirman este departamento.
Otra de las novedades pactada entre CiU y el PSOE afecta a la jubilación anticipada. El tiempo que los hombres emplearon en realizar el servicio militar no caerá en saco roto, al menos en lo que a la pensión se refiere. La mili o, en su caso, la prestación social sustitutoria, contarán como periodo cotizado para acceder al retiro anticipado. Sólo se puede acceder a esta fórmula cuando se han cumplido los 61 años y se acreditan 30 años de afiliación a la Seguridad Social. Si una persona con 61 años se quiere retirar y ha trabajado 29 podrá hacerlo sumando como cotizado el año que le falta. Eso sí, no podrá contar más de uno aunque pasara dos en el servicio militar, como ocurría hace años.
Lo que no han acordado los dos grupos es la cuantía por la que se considerará cotizado ese periodo. En todo caso, no afecta al cálculo de la pensión, pues para ésta sólo se tienen en cuenta los últimos 15 años cotizados y los del servicio militar no formarán nunca parte de ellos. Se calcula que cada año se jubilan anticipadamente unas 40.000 personas; una buena parte (todos los hombres) podrán beneficiarse de la medida. "Es una de nuestras demandas históricas", explica Carles Campuzano, diputado de CiU en el Congreso y responsable de empleo y Seguridad Social. Campuzano considera esta medida "un primer paso" para que la mili cuente en todas las jubilaciones, anticipadas o no.
Mejoras en orfandad
Las pensiones de orfandad también tendrán menos trabas. Para percibir estas prestaciones, que rondan los 300 euros mensuales, se requiere ahora que el fallecido haya cotizado al menos 500 días a la Seguridad Social. A partir de enero de 2008 se eliminará este requisito y se exigirá sólo que el progenitor estuviera dado de alta o similar (por ejemplo, en el desempleo, de baja por incapacidad o maternidad), sin criterios de tiempo. La pensión de orfandad será además compatible con un empleo público (hasta ahora sólo lo era con el privado).
Todas estas enmiendas se incorporarán a la ley de reforma de la Seguridad Social, que el Gobierno pactó con los sindicatos y la patronal el año pasado. Entre las principales medidas figuran el derecho a la pensión de viudedad por parte de las parejas de hecho que acrediten cinco años de convivencia, el endurecimiento del acceso a la jubilación parcial, el aumento del periodo real para acceder a una pensión mínima (15 años efectivos) y la mejora de algunas prestaciones.
Por otra parte, la inversión del Fondo de Reserva -la hucha de las pensiones de la Seguridad Social- estará controlada por los agentes sociales y el Parlamento, según explicó ayer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en el Senado. Este fondo destinará un 10% de su cuantía a Bolsa.
Dins: http://www.elpais.com/ (21.6.07)

9. Entra en vigor la Ley para el Acceso Electrónico a los Servicios Públicos.
MADRID.- Hoy entra en vigor la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que permitirá hacer cualquier tramitación administrativa por Internet, teléfono, televisión o cualquier otro medio electrónico disponible en el futuro.
Tras la publicación de esta norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Administración General del Estado está obligada a garantizar que los usuarios podrán hacer todos sus trámites de forma telemática a partir de 2009.
Para ello, está previsto que este año se inviertan 1.900 millones de euros en la aplicación de nuevas tecnologías, que permitirán su plena adaptación a los procedimientos electrónicos. No obstante, las administraciones autonómicas y locales dispondrán de plazo hasta 2012, ya que irán implantando estos sistemas en función de sus posibilidades presupuestarias.
Uno de los objetivos de la norma es agilizar y facilitar los trámites burocráticos, de forma que las Administraciones tendrán que garantizar la interoperabilidad entre sus sistemas electrónicos.
La ley incluye además un apartado que obliga al Gobierno a garantizar el acceso telemático a las Administraciones a todos los ciudadanos, especialmente a las personas mayores y discapacitadas.
Polémica
Uno de los asuntos que más polémica han suscitado acerca de esta nueva ley tiene que ver con el uso o no de estándares abiertos en las aplicaciones de las Administraciones Públicas.
Al final, el texto recoge la no discriminación de los ciudadanos por su elección tecnológica y define 'estándar abierto' (aquel que "sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso, y que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial"), algo que el Senado evitó.
En teoría, la norma permitirá a los ciudadanos utilizar los programas y el 'software' que deseen porque se recoge la 'interoperabilidad', de forma que tanto los usuarios de 'software' libre como los vinculados a multinacionales podrán hacer sus trámites sin problemas.
No obstante, durante su paso por el Senado se estableció como principio general que las Administraciones Públicas utilicen "estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos".
Dins: http://www.elmundo.es/ (25.6.07)

10. Algunos delitos de tráfico serán sancionados con trabajo comunitario.
La reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial, que se hará efectiva a finales de este año, contempla la posibilidad de que los delitos de tráfico graves que no ocasionen accidentes ni víctimas se sancionen "con trabajos en beneficio de la comunidad".
Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, el diputado de CIU Jordi Jané, a propósito de la toma en consideración que tendrá lugar el próximo martes en la Cámara Baja sobre la reforma que endurecerá los delitos de tráfico. Entre las sanciones que se podrían imponer, como alternativa a las penas de prisión en los supuestos de delitos en los que no haya víctimas, citó la posibilidad de que se obligue a estos conductores a ayudar a los servicios de emergencias los fines de semana para que se conciencien de lo que es un accidente de tráfico. También habló de la posibilidad de que estos infractores ayuden a personas parapléjicas o tetrapléjicas que se encuentran en esta situación tras haber sufrido un siniestro en la carretera.
Jané espera que la reforma del Código Penal sea aprobada en octubre o noviembre de este año. La iniciativa, que contempla un endurecimiento de las penas por sobrepasar los límites permitidos de alcohol y velocidad, surgió de la necesidad de corregir la disparidad de criterios judiciales ante determinadas actitudes de los conductores imprudentes o temerarios. Por este motivo, prosiguió Jané, la reforma concreta "qué criterios comporta que entre en el Código Penal lo que consideramos delito".
Dins: http://www.elpais.com/ (25.6.07)