NOVES TECNOLOGIES

Articles de revista:

GÓMEZ-JUÁREZ SIDERA, Isidro. Los Contratos informáticos de hosting y housing en relación con la normativa española de protección de datos de carácter personal. Dins: REVISTA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA : RCE, núm. 78 (2007), p. 3-39

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Novetats legislatives:

ORDRE ECF/188/2007, de 23 de maig, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de presentació de queixes, denúncies, reclamacions i consultes a l'Agència Catalana del Consum.
DOGC 4902, 12.6.07

LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
BOE 150, 23.6.07

Resolución de 20 de junio de 2007, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de enero de 2005, que regula el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de incapacitados, para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet.
BOE 152, 26.6.07


Altres notícies:

1. Proyecto de ley de conservación de datos en las comunicaciones electrónicas.
Vuelve al proyecto de ley la identificación de todos los usuarios de móviles prepago
Las operadoras dispondrán de dos años para identificar a todos sus usuarios
Podrán anular las tarjetas de aquellos que se nieguen a dar sus datos
El texto pasará ahora al Pleno del Congreso.
PABLO ROMERO
MADRID.- La Comisión de Justicia del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley de Conservación de datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas.
Según este texto (PDF 119 KB), las operadoras que comercialicen con tarjetas prepago de telefonía móvil deberán llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes que adquieran esta modalidad, y dispondrán de un plazo de dos años para cumplir con las obligaciones de inscripción para las tarjetas adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley (Disposición Adicional Única, párrafo 8).
Esta medida es contraria a lo que se preveía hasta ahora (PDF), ya que durante la redacción del proyecto de ley el Gobierno excluyó el registro de los usuarios de tarjetas prepago anteriores a la entrada en vigor de la futura ley, que son unos 21 millones.
El diputado socialista Juan Luis Rascón explicó al Navegante que la obligación de identificar a todos y cada uno de los usuarios de telefonía móvil responde a una "pura razón de seguridad". "Hemos previsto un plazo de dos años (a petición del Ministerio de Industria) para registrar a los clientes actuales de dicha modalidad porque se trata de un proceso costoso para las compañías, y no se trata de perjudicarlas", añadió.
El proyecto prevé que transcurrido el plazo de dos años, "los operadores se vendrán obligados a anular o a desactivar aquellas tarjetas de prepago respecto de las que no se haya podido cumplir con las obligaciones de inscripción", aunque deberán compensar al titular por el saldo pendiente de consumo.
Retención de datos: 12 meses
Por otro lado, y en declaraciones recogidas por Europa Press, Rascón afirmó, respecto de la retención de datos en las comunicaciones, que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el CNI y Vigilancia Aduanera "podrán acceder a unos datos que, en la actualidad, no están siempre disponibles y dificultan la persecución de los delitos" graves. Eso sí, siempre mediante orden judicial.
Así, fruto de las enmiendas introducidas en la tramitación de la norma, "el tiempo de conservación de los datos por los operadores será de 12 meses, el plazo de cumplimiento de la cesión de datos lo fijará el juez y el tiempo de adaptación tecnológica de los operadores a la nueva regulación será de seis meses".
El texto especifica que los datos a retener serán aquellos "que permitan determinar el momento y duración de una determinada comunicación, su tipo, así como datos necesarios para identificar el equipo de comunicación empleado y, en el caso de nutilización de un equipo móvil, los datos necesarios para su localización" y "en ningún caso revelarán el contenido de la comunicación".
Respecto a la directiva europea, Rascón subrayó que los españoles figuran entre los primeros en incorporar a nuestro ordenamiento esta norma comunitaria.
Dins: http://www.elmundo.es/ (31.5.07)

2. El Gobierno aplaza la ley audiovisual para adaptarla a la 'Televisión sin fronteras'.
El Defensor del Pueblo pide la creación de un organismo independiente que regule el sector
ROSARIO G. GÓMEZ - Madri - 04/06/2007
La segunda parte de la reforma diseñada por el Gobierno hace dos años para regular el sector de la radio y la televisión no verá la luz en esta legislatura. Tanto la Ley General Audiovisual como la Ley de creación del Consejo de Medios Audiovisuales han sido congeladas. Con el calendario en la mano, el Ejecutivo alega que no queda tiempo para tramitarlas y que su intención es incorporar a la nueva ley la directiva sobre Televisión sin fronteras que está elaborando la Unión Europea. Además, no quiere abrir enfrentamientos con los operadores de televisión.
El gran plan para abordar la reforma del sector audiovisual, aquejado de una caótica regulación legislativa, fue aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2005. Pero sólo se han cubierto la mitad de los objetivos. El Parlamento respaldó ese mismo año un paquete de medidas para impulsar la televisión digital terrestre (TDT) y en 2006 dio luz verde a la reestructuración de RTVE. En la recámara quedan todavía la Ley General Audiovisual y la Ley de creación del Consejo de Medios Audiovisuales.
La palabra mágica es "consenso". Los prolegómenos del proyecto de ley del cine, aprobado finalmente por el Consejo de Ministros el pasado viernes, generaron un abierto enfrentamiento entre el Ministerio de Cultura y las televisiones, que Moncloa no quiere que se reproduzca con la ley audiovisual. El Ministerio de Industria, encargado de tramitar la reforma, ha debatido con los operadores varios anteproyectos de ley en los últimos dos años. Ambas partes han acercado posturas sobre algunos aspectos polémicos, como la obligación que se imponía a la televisiones de emitir su programación en al menos dos lenguas cooficiales del Estado.
"Es una ley que requiere mucho trabajo", explican fuentes del Gobierno para justificar las demoras. No obstante, añaden que en el objetivo de alcanzar el máximo consenso con el sector "se ha avanzado bastante".
Pero el tiempo se le ha echado encima al Ejecutivo, que ya da por descartada la posibilidad de sacar adelante en esta legislatura (ni siquiera por el procedimiento de urgencia) ambas normas. Además, su objetivo es aprovechar la Ley General Audiovisual para transponer la nueva directiva comunitaria sobre Televisión sin Fronteras que los Veintisiete tienen previsto aprobar antes del verano.
Este texto modifica de manera importante aspectos sobre la emisión de publicidad en televisión (regula el patrocinio y el número de veces que pueden cortarse los programas para emitir anuncios, entre otros) y recomienda a todos los Estados que creen una autoridad reguladora independiente con competencias para otorgar licencias, velar por el cumplimiento de las obligaciones de las televisiones y aplicar sentencias si se vulneran las normas.
Una maraña de leyes
La Ley General Audiovisual persigue plasmar en un sólo texto la maraña de normas y reglamentos (en torno a una docena) sobre el sector, mientras que la Ley de creación del Consejo de Medios Audiovisuales servirá para situar a España en el mapa europeo, ya que es uno de los pocos países de la UE que carecen de un organismo independiente encargado de supervisar el sector. Un anteproyecto de esta ley ha superado incluso el trámite del Consejo de Estado, pero sigue sin obtener la luz verde.
Pese a que el Gobierno aspira a alcanzar el máximo acuerdo político, las fuerzas parlamentarias están divididas. Las minorías nacionalistas exigen que las televisiones estén obligadas a ofrecer en versión doblada o subtitulada en al menos dos lenguas cooficiales una buena parte de la programación que se emita en las comunidades con lengua propia.
Tampoco hay acuerdo sobre la necesidad de crear un Consejo Audiovisual. El PP es especialmente receloso, hasta el extremo de que ha revocado el órgano regulador en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, existen otras voces a favor. Una de ellas es la del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que considera "imprescindible" el nacimiento de esta autoridad independiente.
En el informe de este año, el Defensor del Pueblo reclama la "inmediata" puesta en marcha de un organismo regulador que actúe contra los "reiterados incumplimientos en la programación y en la publicidad de las cadenas de televisión, tanto públicas como privadas". A juicio de Múgica, esta figura contribuiría a garantizar los derechos de los espectadores y, especialmente, de los menores.
Dins: http://www.elpais.com/ (4.6.07)

3. Aprobada la Ley para Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
El paso del texto por la Cámara Baja introduce algunas modificaciones. LOS ESTÁNDARES ABIERTOS NO SERÁN OBLIGATORIOS
MADRID.- El Congreso aprobó con el consenso de todos los grupos la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP).
La intención de esta ley, que no ha estado exenta de polémica durante su tramitación, es permitir realizar cualquier tramitación administrativa por Internet, teléfono, televisión o cualquier otro medio electrónico disponible en el futuro.
La Ley, en la que se incluyeron todas las enmiendas procedentes del Senado, obliga a la Administración General del Estado a garantizar que los usuarios podrán hacer todos sus trámites de forma telemática a partir de 2009.
De esta forma, quienes quieran podrán usar los medios electrónicos para pedir información, hacer solicitudes, transacciones, oponerse a resoluciones y actos administrativos y cuantos derechos y facultades les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo.
Polémica
Uno de los asuntos que más polémica han suscitado acerca de esta nueva ley tiene que ver con el uso o no de estándares abiertos en las aplicaciones de las Administraciones Públicas.
Al final, el texto recoge la no discriminación de los ciudadanos por su elección tecnológica y define 'estándar abierto' (aquel que "sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso, y que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial"), algo que el Senado evitó.
En teoría, la norma permitirá a los ciudadanos utilizar los programas y el 'software' que deseen porque se recoge la 'interoperabilidad', de forma que tanto los usuarios de 'software' libre como los vinculados a multinacionales podrán hacer sus trámites sin problemas.
No obstante, durante su paso por la Cámara Alta se estableció como principio general que las Administraciones Públicas utilicen "estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos".
Críticas
Numerosos grupos de usuarios críticos con la redacción de la norma se muestran muy escépticos, debido sobre todo a la escasa voluntad política de desarrollar una ley que apoye inequívocamente la transparencia en la llamada 'e-administración'.
Curiosamente, existe un ejemplo claro y muy reciente de lo que podría seguir pasando en un futuro: la recién renovada página del Congreso, desarrollada por Telefónica e Indra, y que ha sido lanzada con serios problemas de accesibilidad.
Además, alertan de en la ley no se recoge la exención del pago de la compensación equitativa por copia privada (el famoso 'canon'), de acuerdo a lo establecido en el art. 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ya que no se aprobó una enmienda específica a tal efecto.
Conviene recordar que el Ejecutivo prevé gastar seis millones de euros este año en poner en marcha la ley, básicamente en campañas de información, pero que el presupuesto global estimado a invertir en la administración electrónica es de un total de 1.900 millones de euros.
Según esta ley, los usuarios podrán hacer todos sus trámites con la Administración central de forma telemática a partir de 2009, pero las administraciones autonómicas y locales dispondrán de plazo hasta 2012, ya que irán implantando estos sistemas en función de sus posibilidades presupuestarias.
Dins: http://www.elmundo.es/ (15.6.07)

4. Aprobada la ley que acaba con el anonimato de las tarjetas prepago de móvil.
Las operadoras de telefonía deberán guardar los datos de llamadas y mensajes durante un año.
Por: VERA GUTIÉRREZ CALVO
No es, oficialmente, una medida de política antiterrorista, aunque parece hecha a medida. El Congreso apoyó ayer, con la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos, el proyecto de ley de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas. Cuando entre en vigor -aún debe ser ratificado por el Senado-, los usuarios de móvil con tarjeta prepago dejarán de ser anónimos: las operadoras estarán obligadas a registrar sus datos (nombre, dirección, teléfono, pero no los contenidos de las conversaciones), conservarlos durante 12 meses (prorrogables a un máximo de dos años) y cederlos a la policía si los necesita para la investigación de delitos "graves".
Las bombas que estallaron en los trenes de Madrid el 11-M fueron detonadas con móviles activados con tarjetas prepago, es decir, sin contrato con la operadora y, por tanto, sin que en ningún sitio figurase la identidad del comprador. En otros delitos, como los de narcotráfico, también es habitual el uso de móviles de usar y tirar para dar instrucciones.
La primera redacción de la ley, anunciada por el Gobierno en marzo, excluía del control a los usuarios que hubieran comprado tarjetas prepago antes de la entrada en vigor de la normativa (21 millones de clientes). Ese matiz ha sido eliminado: la obligación de conservar los datos se aplicará a todos los usuarios; eso sí, esos 21 millones de clientes actuales tendrán dos años para identificarse.
La cesión de los datos a la policía -siempre con autorización judicial- no sólo afecta a las llamadas y mensajes de móvil: también a las comunicaciones por teléfono fijo e Internet. La ley es aplicación de una normativa europea.
El PP se abstuvo en la votación porque considera que el texto aprobado "crea espacios de impunidad": la obligación de conservar los datos no afecta a otros "prestadores de servicios de la sociedad de la información, como chat, foros de Internet, o la telefonía por voz o IP". "Esos son, por ejemplo, los medios más utilizados por los pederastas", subrayó el popular José Ignacio Echániz. Le respondió el socialista Sebastián Fuentes: "Esos servidores quedan fuera del objeto de la ley. Quizá haya que regularlo en un futuro con otras leyes, pero en este momento sería desmesurado: supondría instaurar un estado policial, y, además, podría frenar el desarrollo en España de la sociedad de la información".
Dins: http://www.elpais.com/ (22.6.07)