Advocats, professió.

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Informació pública:

Edicte d'11 d'abril de 2008, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret d'aprovació del Reglament d'exercici de professions titulades i de col·legis professionals

El Departament de Justícia ha elaborat un Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament d'exercici de professions titulades i de col·legis professionals, que properament serà sotmès a l'aprovació del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Amb la finalitat de donar participació als interessats en el procés d'elaboració del Projecte esmentat, se sotmet a informació pública, d'acord amb el que disposa l'article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, durant el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal d'examinar-lo i per formular-hi les al·legacions i les observacions que es considerin oportunes.

El Projecte de decret es pot examinar, en hores d'oficina, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la seu central del Departament de Justícia (c. Pau Claris, 81, planta baixa, 08010 Barcelona) i als serveis territorials de Girona (c. Güell, 89, 17005 Girona), Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida), Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i les Terres de l'Ebre (c. Àngel, 6, 4t, 43500 Tortosa), o bé es pot consultar al web del Departament de Justícia, http://www.gencat.cat/justicia.

S'adjudica el projecte per a la construcció de l'edifici judicial de Rubí

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha fet pública l'adjudicació del projecte del nou edifici judicial de Rubí, per un import de 970.000 euros. El nou edifici s'emmarca en el Pla d'inversions en edificis judicials 2004-2010 del Departament de Justícia. Aquest nou equipament, que estarà situat al carrer de la Riera, a la confluència amb l'avinguda Cova Solera, acollirà set jutjats i comptarà amb espai suficient per instal.lar-n'hi cinc més en el futur.

L’adjudicació inclou l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, l'estudi geotècnic, el projecte d'activitats per a llicència ambiental, l'estudi de consum energètic, el pla inicial de conservació i manteniment i la posterior direcció de les obres, que durà a terme Serra Vives Cartagena Arquitectes, SL. L’import aproximat de l’execució de l’edifici judicial és de 12.706.443 euros.
Actualment, a Rubí hi ha en funcionament set jutjats de primera instància i instrucció, dels quals el número 5 assumeix els casos de violència contra la dona. Les dependències judicials estan repartides en tres edificis. Al carrer Pere Esmendia hi ha sis òrgans judicials, i el setè, que va entrar en funcionament al final de l’any passat, es troba a la carretera de Sant Cugat. Un altre edifici, al carrer Espoz i Mina, acull les dependències del Col·legi d’Advocats i el Col·legi de Procuradors.

El CGPJ cifra en casi 270.000 las sentencias de Penal pendientes de ser ejecutadas en España
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en un total de 269.450 las sentencias de lo Penal que están pendientes de ser ejecutadas en España a partir de los datos recabados de los Juzgados de lo Penal Ordinario y los Órganos Especializados en esta materia de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián.

Se trata de un exhaustivo informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ y que será discutido el próximo jueves en la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces. En él se ofrece que, de esas casi 270.000 sentencias que se encontraban en situación de pendencia a la conclusión del pasado año 2007, "un 70,25 por ciento (189.280) se residencian en los Juzgados de lo Penal y el 29,74 por ciento restante (80.125) en los Juzgados Especializados".

"La carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias indicados en este informe, durante el trienio 2005-2007 excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de órganos", denuncia el estudio, que además señala que se "sobrepasa la media del registro en un 21 por ciento en Madrid, en un 52,24 por ciento en Barcelona, en un 99,62 por ciento en Valencia, en un 82,30 por ciento en Palma de Mallorca, en un 80 por ciento en Bilbao, y en un 4,10 por ciento en San Sebastián".

POR CCAA:

Así, por comunidades autónomas, --en las que hay este tipo de juzgados-- la peor situación se registra en Cataluña, donde hay 56.582 procedimientos pendientes de ejecutar (22.499 en juzgados de Ejecutoria), seguida de la Comunidad Valenciana, con 39.868 (15.929); la Comunidad de Madrid, con 37.476 (10.020) ; País Vasco, con 7.571 (6.200) y Baleares, con 10.127 (2.086).

Los Juzgados Penales de Ejecutorias representan el 5,90 por ciento de la Planta Jurisdiccional existente en España --sin contabilizar los 72 penales que carecen de competencia sobre sus Ejecutorias-- y, atendiendo a esta cifra, el máximo órgano de gobierno de los jueces añade que la media de sentencias en estado de pendencia "puede cifrarse en un porcentaje de 795 Ejecutorias por cada Juzgado de lo Penal, y de 5.723 Expedientes por cada Órgano Especializado".

En ese sentido, el CGPJ estima que "los anteriores datos, inducen a pensar la necesidad de implantar toda una batería de medidas tendentes a obtener la plena normalización de estos Órganos, a fin de adecuar su función jurisdiccional a los principios constitucionales de Tutela Judicial Efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas".

El estudio alude a "determinadas circunstancias" como causa de que se haya "impedido la obtención de una optimización en el desarrollo de la actividad jurisdiccional prestada por estos Juzgados". En concreto, hace referencia a una "elevadísima movilidad funcionarial, lo que ha determinado que entre el 10 por ciento al 90 por ciento de la plantilla funcionarial de estos Juzgados este cubierta por personal interino"

Asimismo, el CGPJ se refiere a "la falta de experiencia del personal adscrito en el orden jurisdiccional penal" o "cierta descoordinación entre el personal titular a la hora de desarrollar su actividad". "La ausencia de un sistema informático que permita controlar las distintas fases procesales de las Ejecutorias incide de manera muy negativa en el funcionamiento de estos Juzgados", añade también el CGPJ, en cuyo informe también aporta sus propias soluciones de carácter "coyuntural" y "estructural".

SOLUCIONES DEL CGPJ:

Entre ellas, se encuentra la inclusión de medidas de refuerzo para los juzgados más saturados, así como intervenir en lo relativo a los funcionarios y su formación. "Se estima necesario que se adopten las medidas pertinentes para cubrir estas plazas con personal titular, o que se facilite la formación necesaria al personal interino que permita el desarrollo de su trabajo con la calidad y garantía exigible para el correcto funcionamiento del correspondiente órgano", dice el estudio.

En el plano estructural, el CGPJ aboga por "implantar un sistema informático de gestión procesal propio para este tipo de órganos" y "modificar los boletines estadísticos que emiten estos Juzgados". Esta última propuesta tiene por objeto "que la información que se recoja cumpla una doble función; por un lado, reflejar la situación del órgano en cuanto a carga de trabajo, capacidad de resolución y pendencia, y por otro trasladar a la estadística determinadas fases o estados de la ejecutoria, como pueden ser la situación de busca y captura".

Introducen también otras medidas como la "implantación de un sistema de Oficina Judicial para los Juzgados Penales de Ejecutorias", la "aprobación de protocolos específicos de actuación para la mejora en la gestión de los procedimientos" o la creación previa de "una Comisión Técnica constituida por los Servicios de Inspección y de Organización y Modernización Judicial de este Consejo General con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias atribuidas en materia de justicia, para lograr el desarrollo de las medidas que se proponen en el presente informe".

20 Colegios de Abogados digitalizarán su administración en el primer semestre de este año

El pasado 21 de abril los representantes de 27 Colegios de Abogados de España se dieron cita en el segundo encuentro de seguimiento de la implantación del Sistema Integral de Gestión de la Abogacía (SIGA), celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía Española. Durante la sesión, se dieron a conocer datos que demuestran el excelente rendimiento de la aplicación, cuyo objetivo es modernizar la gestión de los colegios de abogados españoles y cuya implantación corre a cargo de la sociedad tecnológica del Consejo General de la Abogacía, RedAbogacía.

Se presentaron las novedades funcionales recientemente incorporadas a la herramienta y el calendario de implantación en los 29 colegios que ya lo han solicitado.
Según los datos de progreso presentados, un total de 20 colegios digitalizarán todos sus sistemas administrativos durante el primer semestre de 2008 y podrán mantener un contacto remoto y ágil con sus colegiados, a través de la firma digital, así como con diferentes organismos de la Administración Pública.

En este sentido, SIGA resulta de gran importancia para avanzar en la mejora de la gestión de los servicios jurídicos de carácter social (turno de oficio), ya que el programa permite al colegiado justificar sus asistencias online o permutar guardias, entre otras cosas. Como retos futuros, SIGA integrará un protocolo de comunicaciones con las Administraciones Públicas implicadas en la gestión de los expedientes de Justicia Gratuita.

Actualmente 18 colegios de abogados se encuentran en proceso de implantación de SIGA, mientras que otros 18 colegios y 2 consejos autonómicos ya lo han completado. Cabe destacar la experiencia de los colegios de Baleares y Alcalá de Henares, que, junto a los colegios catalanes, se convirtieron en protagonistas de casos de éxito tras haber finalizado el proceso de implantación.
Algunas de las cifras que se ofrecieron en la reunión dan una visión general del gran avance que se está realizando entorno a la implantación de SIGA en el total de los Colegios de Abogados españoles. De este modo, los responsables de nuevas tecnologías marcaron como objetivo principal la implantación del Sistema en un total de 40 colegios entre 2008 y 2009. Asimismo, los representantes acordaron como una meta a medio plazo la obtención de la certificación de calidad ISO 9000 en la gestión colegial.

Por otro lado, en el encuentro destacó, entre las novedades de funcionalidad de SIGA, el módulo de censo diseñado para facilitar a los colegios su adaptación a la nueva ley que les obliga a registrar las sociedades profesionales como una nueva clase de profesional colegiado.

El TC avala la Ley de Violencia de Género por siete votos frente a cinco

El Pleno del Tribunal Constitucional avaló este miércoles la Ley Integral de Medidas contra Violencia de Género al rechazar, con siete votos frente a cinco, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la jueza de lo Penal número 4 de Murcia, informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

La mencionada juez, María Poza, entendía que esta norma vulneraba la Carta Magna, ya que, al establecer penas más altas para el varón que para la mujer, "discrimina al hombre".

Los magistrados que han votado en contra de la propuesta pertenecen todos al denominado 'bloque conservador' y son Roberto García-Calvo, Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez-Arribas, que han anunciado la redacción de un voto particular.

Por contra, avalaron la norma la presidenta y el vicepresidente del alto tribunal, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente; además de los magistrados Manuel Aragón, Elisa Pérez Vela, Eugeni Gay, Pablo Pérez-Tremps y Pascual Sala, que es el ponente de la resolución.

El resultado de la votación revela "cierta ruptura" en el bloque conservador' del TC, dado Jiménez se ha desmarcado en este asunto de la postura defendida por el resto de los magistrados de su misma tendencia -al contrario de lo que venía ocurriendo en casos recientes, como el de las recusaciones de cara a la discusión sobre el Estatut de Cataluña-, y ha avalado la norma junto con los seis magistrados considerados 'progresistas'. El texto del acuerdo, junto con los votos particulares, serán hechos públicos en los próximos días.

SÓLO SE HA RESUELTO UNA CUESTIÓN:

Fuentes del alto tribunal explicaron a Europa Press que la resolución acordada este miércoles en el Pleno afecta a la primera de las 127 cuestiones planteadas sobre este artículo, el 153.1 del Código Penal, por lo que las 126 restantes se irán resolviendo una a una con la misma doctrina.

La jueza Poza fundamentó su demanda en que el artículo 153.1 del Código Penal puede vulnerar el principio de igualdad de los españoles. Este punto sanciona con entre seis meses y un año de cárcel a los hombres que "golpeen o maltraten" a su pareja o ex pareja, a los que le causen algún tipo de "menoscabo psíquico" o alguna "lesión no definida como delito".

Bajo esta misma idea, un total de 12 jueces de toda España han presentado 127 cuestiones a dicho artículo, al considerar que podría ir en contra del artículo 14 de la Constitución, que fija que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

OTRAS 60 CUESTIONES PENDIENTES:

Por otro lado, 13 jueces han interpuesto otras 60 cuestiones de inconstitucionalidad sobre tres artículos de esta misma Ley. De este modo, once jueces plantearon 56 cuestiones al artículo 171.4 del Código Penal, que fija que "el que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa", o quien esté o haya estado ligado a una mujer "por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días".

Además, este precepto legal regula que los condenados serán privados del derecho a tener armas por un tiempo de entre uno y tres años y podrán, cuando el juez lo estime, ser inhabilitados por un máximo de cinco años para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos.

A su vez, tres jueces han manifestado sus dudas sobre la constitucionalidad del artículo 172.2 del Código Penal, que añade al anterior punto que la pena que impondrá el juez al maltratador será "en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza".

Por último, se ha presentado una cuestión más a la parte del artículo 148.4 que distingue, a la hora de imponer la pena, "si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia".

. Novetats legislatives:

El DOGC publica la Llei del llibre tercer del Codi civil de Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5123, de 2 de maig, publica la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Aquesta Llei, que entrarà en vigor el 2 d'agost proper, formula unes disposicions generals que contenen l'estatut bàsic de la persona jurídica en dret civil català, i en l'àmbit específic de les associacions i fundacions, introdueix les innovacions necessàries per adequar el funcionament de les entitats als requeriments de la societat actual.

Legislació civil catalana