DRET PROCESSAL

Articles de revista:

CÓRDOBA CASTROVERDE, Diego. La Incorporación al proceso contencioso administrativo de informes reservados : alcance del control jurisdiccional sobre su contenido. Dins: REVISTA DE JURISPRUDENCIA, núm. 4 (juny 2008), p. 6-11

CÓRDOBA CASTROVERDE, Diego. Relevancia de los precedentes administrativos o judiciales para la adopción de una medida cautelar. Dins: REVISTA DE JURISPRUDENCIA, núm. 2 (abril 2008), p. 7-12

HURTADO YELO, Juan José. Las Alegaciones complementarias del art. 426.1 LECiv, límites y objeto. Dins : ARANZADI CIVIL, vol. 3 (2007), p. 2599-2614

LÓPEZ CACHORRO, Ignacio. La Terminación del proceso por satisfacción "extraprocesal" : dudas que plantea la no condena en costas. Dins : ECONOMIST & JURIST, núm. 117 (febrer 2008), p. 62-67

MAGRO SERVET, Vicente. Competencia para resolver sobre medidas cautelares ante la interposición de un recurso contra sentencia : intepretación por el Tribunal Supremo de la expresión "sustanciación de la segunda instacia" del art. 723.2 LEC. Dins: REVISTA DE JURISPRUDENCIA, núm. 3 (juliol 2008), p. 1-6

MAGRO SERVET, Vicente. Plazo para la ejecución de resoluciones judiciales con fijación de fecha determinda ¿es precisa la espera de veinte días del art. 548 LEC?. Dins: REVISTA DE JURISPRUDENCIA, núm. 1 (juny 2008), p. 1-6

MAGRO SERVET, Vicente. Las Reticencias del "moroso profesional del alquiler" a facilitar la citación para el acto del juicio : vías para evitar las dilaciones indebidas en el señalamiento de los juicios de desahucio. Dins: REVISTA DE JURISPRUDENCIA, núm. 2 (juny 2008), p. 5-11

MARTÍNEZ TELLO, Gregorio. El Acceso a la jurisdicción por el asegurado en reclamación de la prestación convenida en el seguro de daños y el art. 38 de la Ley de Contrato de Seguro. Dins: REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO, núm. 26 (2008), p. 9-16

RUSCA NADAL, Josep Oriol. Reforma del Código Penal : seguridad vial, aspectos básicos de la LO 15/2007. Dins: ECONOMIST & JURIST, núm. 117 (2008), p. 18-29


Monografies:

MELERO BOSCH, Lourdes. La Defensa del imputado en los juicios penales rápidos. Granada : Comares, 2008. 231 p.
343.121 Mel

RIAÑO BRUN, Iñaki. La Instrucción criminal en el proceso penal. Cizur Menor : Aranzadi, 2008. 231 p.
343.121 Ria

ROSA CORTINA, José Miguel de la. Tutela cautelar de la víctima : órdenes de alejamiento y órdenes de protección. Cizur Menor : Aranzadi, 2008. 519 p.
343.62/.63 Ros

VICENTE MARTÍNEZ, Rosario de. Derecho penal de la circulación : delitos relacionados con el tráfico vial. 2a ed., revisada, ampliada y puesta al día conforme a la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial. Barcelona : Bosch, 2008. 908 p.
351.81:613.81 Vic


Notícies jurisprudencials d’última hora:

1. Sentencia del Tribunal Constitucional 78/2008, de 7 de julio
Se declara la nulidad de un embargo por dirigirse las notificaciones a una dirección errónea.
Los hechos que desembocaron en el presente litigio comenzaron con la demanda de juicio ejecutivo interpuesta en el año 1989 por una entidad mercantil contra la ahora demandante en amparo y su madre por el impago de cuotas de un préstamo personal.
En dicha demanda ejecutiva se señaló como domicilio de las demandadas uno distinto a aquél en el que residían, ya que se había producido un cambio de denominación de la calle, por lo que todos los intentos de notificación fueron fallidos y se declaró a las demandadas en situación de rebeldía. Finalmente, el piso fue embargado y subastado.
Tras estos hechos el banco se dio cuenta de la existencia de un error en la dirección de las notificaciones, por lo que el procedimiento se paralizó durante cuatro años, hasta el 2003, para aclarar la verdadera ubicación del inmueble.
La hoy recurrente alega su desconocimiento de la existencia del proceso de ejecución hasta el año 2003 y solicita la nulidad de las actuaciones.
El Tribunal Constitucional considera que el hecho de que la actora no comunicase en su día el cambio de denominación de las señas del piso a la mercantil prestamista no releva a los órganos jurisdiccionales del deber de diligencia que tienen para lograr que se alcance el emplazamiento personal de la parte demandada, y que, por tanto, se ha producido una situación de indefensión constitucionalmente relevante, vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva.
Dins: www.lexnova.es (12.9.08)

2. STC 14.5.08, supuesta vulneración de los principios de igualdad y de culpabilidad: trato penal diferente en el delito de maltrato familiar ocasional. Ponente: Pascual Sala Sánchez
Dins: www.aranzadi.es (30.9.08)


Altres notícies:

1. El Departamento de Justicia de Cataluña controlará el acceso de los conductores ebrios a abogados gratuitos.
El Departamento de Justicia y el Colegio de Abogados controlarán el acceso a la justicia gratuita de los conductores detenidos por ebriedad o velocidad excesiva, con el fin de evitar los casos de abuso que se están detectando por parte de automovilistas con suficiente dinero para pagarse un abogado.
Así lo ha explicado en rueda de prensa la consellera de Justicia, Montserrat Tura, tras la firma de sendos acuerdos con el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña y el Consejo de Colegios de Procuradores de Tribunales de Cataluña para establecer los marcos de actuación que deben regir la asistencia jurídica gratuita.
Una de las principales novedades de estos acuerdos es que se proponen limitar el acceso a la justicia gratuita a las personas con recursos que son detenidas por circular ebrias o a velocidad excesiva, cuyo número ha aumentado a raíz del endurecimiento del Código Penal para las infracciones de tráfico.
Se trata, ha aclarado la consellera, de que la persona sorprendida con alcoholemia o un límite de velocidad excesivo "pero que conduce un coche de gama alta, no por el hecho de haber sido detenida a las tres de la mañana tendrá derecho a asistencia jurídica gratuita".
Por este motivo, el Departamento pedirá a la policía que advierta a los conductores detenidos, cuando muestren indicios de tener suficiente solvencia económica, de que deberán pagar la asistencia letrada que se les facilite para su declaración ante los agentes y el juez y el proceso judicial subsiguiente.
De esta manera, se proporcionará un abogado de oficio a los detenidos que así lo soliciten, aunque deberán pagar los honorarios del letrado si se comprueba que sus ingresos anuales superan el doble del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM), que este año se sitúa en 14.473 euros.
Por su parte, el Colegio de Abogados buscará un sistema que garantice el cobro a las personas que hayan abusado de la justicia gratuita, mediante una nueva aplicación informática que permitirá la gestión y control de pagos, así como el seguimiento de los procesos.
En este sentido, la presidenta del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, Silvia Giménez-Salinas, ha admitido que desde los colegios de letrados "no se ha puesto el énfasis" en la recuperación de los gastos invertidos en la asistencia de personas que no tenían derecho a la justicia gratuita, lo que propiciado casos de abusos.
El coste de un proceso judicial, en el caso de que el conductor infractor resulte imputado, ronda los 1.000 euros de promedio, según Tura, que ha opinado que no es "decente" que puedan beneficiarse de ese dinero público personas con solvencia suficiente.
La consellera ha admitido que son todavía pocos casos, pero "si todo el mundo detenido a las 4 de la mañana y que no recuerda el nombre de su abogado se acoge a la justicia gratuita", el abuso podría aumentar exponencialmente.
En los últimos cinco años, el número de solicitudes de abogados de oficio en las comisarías de policía ha aumentado casi el 50%, en la mayoría de casos debido a los delitos contra la seguridad del tráfico y, en menor medida, de violencia doméstica, ha puntualizado Giménez-Salinas.
Otra de las grandes novedades de los convenios firmados hoy es que, por primera vez, obligan a los letrados y procuradores a garantizar que los profesionales que presten asistencia jurídica gratis estarán capacitados para atender y actuar en catalán, si así lo elige el ciudadano.
La Generalitat destinará 59 millones de euros a la justicia jurídica gratuita durante este año, un 17,20% más que el pasado, incremento que en un 12,6% obedece al aumento de la demanda de asistencia y, el resto, a la actualización de tarifas de acuerdo con el IPC.
Dins: www.aranzadi.es (11.9.08)

2. Las Formas de disolución del matrimonio en el nuevo código de familia de marruecos (2004).
Dins: www.aranzadi.es (30.9.08) (AJA 759, 25.9.08)

3. La evolución en los criterios de individualización de la pena: la sentencia 57/2008 del tribunal constitucional.
Dins: www.aranzadi.es (30.9.08) (AJA 759, 25.9.08)