ADVOCATS, PROFESSIÓ...

Articles de revista:

¿Cómo escuchar atentamente al cliente?. Dins: FISCAL & LABORAL AL DÍA, núm. 174 (2009), p. 52-55

GARCÍA VIÑA, J. Sobre la relación laboral especial de los abogados. Dins: IURIS : actualidad y práctica del derecho, núm. 136 (2009), p. 22-24

SOLETO MUÑOZ, H. Conocer y dominar los estilos de negociación. Dins: IURIS : actualidad y práctica del derecho, núm. 137 (2009), p. 28-31

WIENBERG, C. Los Ladrones de tiempo del abogado. Dins: IURIS : actualidad y práctica del derecho, núm. 136 (2009), p. 25-27


Notícies jurisprudencials d’última hora:

1. El TSJ de Navarra confirma la sanción impuesta a un abogado del Colegio de Abogados de Pamplona.
El letrado abandonó una guardia del turno de oficio desatendiendo cinco llamadas de la policía, no acudió al Colegio a devolver el aparato receptor de avisos y estuvo varios días "ilocalizable".
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la suspensión en el ejercicio de la abogacía durante un mes y la exclusión en los servicios de asistencia jurídica gratuita para un abogado que fue sancionado por el Colegio de Pamplona por una falta "muy grave".Los hechos ocurridos en 2006 están, según la sentencia, "sobradamente probados" y señalan que el acusado abandonó una guardia de turno de oficio desatendiendo cinco llamadas de la policía, no acudió al Colegio a devolver el aparato receptor de avisos y no informó a éste de las incidencias habidas hasta varios días más tarde, periodo en el que estuvo "ilocalizable".El recurrente justificó estos hechos por una "enfermedad sobrevenida" que se prolongó varios días, si bien la sala precisa que "lo único que está acreditado" es que fue al quinto día cuando acudió al médico por un malestar gástrico, aunque el facultativo apreció un "estado general aceptable sin sintomatología gástrica" y un "ánimo deprimido".El fallo rechazo además que la ausencia del abogado no provocara trastornos en el servicio de guardia, tal y como él mantiene, y al contrario asegura que "causó indudables y graves trastornos al servicio" que se tuvieron que subsanar mediante "actuaciones colegiales extraordinarias"."No existe la alegada fuerza mayor", añade el tribunal, que subraya que en este caso se da además una "reincidencia" pues en 2005 también se le imputó una infracción grave.El fallo señala asimismo que su exclusión de los servicios de asistencia jurídica gratuita es una disposición "obligatoria" según la ley cuando se produce una infracción grave y muy grave y por lo tanto sólo cabría plantear una cuestión de constitucionalidad que el tribunal "no aprecia".La única apelación atendida ha sido la referida al pago de las costas, que la sala ahora revoca por entender que "no existe motivación" en la sentencia recurrida.EFE
Dins: http://www.aranzadi.es/ (7.4.09)

2. Código de la abogacía catalana: falta de suficiente cobertura legal. Art. 36 de la Constitución. La interpretación del derecho autonómico corresponde al TSJ.
Id Cendoj: 28079130062009100088
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Recurso: 552/2006
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
Tipo de Resolución: Sentencia
Accés al text de la sentència

3. TS absuelve a un notario condenado por infidelidad en la custodia de documentos.
Asegura que emprenderá acciones legales contra los magistrados de la Audiencia que lo condenaron.
El Tribunal Supremo (TS) ha absuelto al notario Fernando Agustino Rueda que fue condenado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga por un delito de infidelidad en la custodia de documentos dentro del caso iniciado por el presunto soborno a un funcionario en relación a las cuentas de la empresa Hotel Los Monteros.Además, el Supremo, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, confirma la absolución dictada por la Sala de Málaga para dos directivos del hotel; y mantiene la condena por cohecho a dos asesores fiscales, inspectores de Hacienda en excedencia, aunque modificando la pena.Los hechos de esta causa se remontan a 2002, cuando, según acusó la Fiscalía, dos de los directivos del complejo hotelero "alarmados ante el previsible resultado" de una inspección, contrataron los servicios de la firma Abogados Financieros y Tributarios, integrada por tres inspectores en excedencia, acusados en el caso.Según la acusación, en septiembre de 2003, los asesores descartaron la prescripción del expediente u otras vías de defensa, por lo que "decidieron intentar el soborno" del inspector responsable del informe para obtener un acta de conformidad "falseando la verdadera situación tributaria de la sociedad".Asimismo, la sentencia apelada indicaba que en el curso de las intervenciones telefónicas, se detectó que un notario contrató como asesor a uno de los inspectores del despacho, de forma que se diseñó un plan para "maquillar las cuentas" y evitar una investigación sobre ingresos no declarados, estrategia que fue rechazada por el fedatario público, quien decidió "la eliminación de los dispensados", según dicha resolución.El Supremo casa y deja sin efecto la sentencia de la Audiencia de Málaga, al estimar parcialmente los recursos interpuestos por los dos asesores condenados, eliminando la pena impuesta inicialmente de un año de prisión e inhabilitación especial por cuatro años y sustituyéndola por la de multa de 72.000 euros a cada uno de ellos.Asimismo, estima en su totalidad el recurso presentado por el notario, declarando "no constitutivos de delito" los hechos. Se explica que los hechos probados describen una acción que no cabe calificar de destrucción ni de ocultación y se precisa que "no se acusa al recurrente de ninguna figura delictiva relacionada con la contabilidad fiscal del notario acusado ni, menos aún, con el cumplimiento de sus deberes tributarios".Se apunta en la resolución que "la palabra dispensado, que en dichos instrumentos escribió, primero, y mandó borrar, después, el acusado, en nada afectaba al contenido de dichos instrumentos amparados por la fe publica derivada de la intervención del acusado como notario", considerando que resulta "indemne tanto si persiste la anotación como si ésta se suprime".
ACCIONES LEGALESEn este sentido, el notario precisó a Europa Press que en la sentencia del Supremo, "nuestro más alto Tribunal se muestra contundente en sus razonamientos", con afirmaciones, según dijo, como que la sentencia apelada "ni siquiera dedicó la atención deseable para justificar dicha condena" y considerando "intolerable la interpretación extensiva efectuada por la sentencia condenatoria".El notario manifestó que, no obstante, dicha resolución "adolece de una clara falta de valentía para abordar la vulneración ilícita y en cascada de derechos fundamentales de que he sido objeto, siendo así que los jueces y tribunales son, o debieran ser, los garantes legales de la indemnidad de tales derechos".Asimismo, añadió que aunque la sentencia le devuelve el honor, "el Estado de Derecho exige que la última palabra no quede dicha hasta que el juez instructor y el fiscal respondan de sus actos ante esa justicia que dicen representar, así como todos aquellos que los han alentado y cobijado, sea cual fuere la institución o Tribunal a que pertenezcan".Por ello, anunció la próxima interposición de nuevas acciones penales "y de modo especial contra los magistrados integrantes de la Sección Octava de la Audiencia malagueña", cuya sentencia calificó de "extraordinariamente grosera y alejada de cualquier interpretación racional".
Dins: http://noticias.interbusca.com/ (29.4.09)

Novetats legislatives:

RESOLUCIÓ JUS/880/2009, de 24 de març, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya la Normativa de l'Advocacia Catalana.
DOGC 5354, 6.4.09

Altres notícies:

1. El Congreso aprueba por unanimidad un «amplio acuerdo social» para mejorar la Justicia.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer con la unanimidad de todos sus grupos parlamentarios una resolución que apuesta por alcanzar un "amplio acuerdo social" que permita llevar a cabo durante esta legislatura las reformas "urgentes" que, según la Cámara, son necesarias para "superar la actual situación crítica de la Justicia". La propuesta, aprobada a partir de una iniciativa de CiU sobre un "Pacto de Estado en materia de Justicia" que fue enmendada por el PSOE, defiende la necesidad de "articular las bases que definan un calendario global de actuaciones, con los medios y medidas presupuestarias que se precisen y con los cambios legislativos que se consideren oportunos". Con esta resolución, los grupos parlamentarios defienden la necesidad de alcanzar "un amplio consenso" en torno a la Justicia que englobe al Gobierno, a las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias en esta materia, al "renovado" Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al conjunto de los operadores jurídicos y de la sociedad civil, incluyendo a los colegios profesionales y a las asociaciones de jueces y magistrados. El acuerdo en materia de Justicia fue una de las 17 propuestas aprobadas por el Pleno de*la Cámara durante el debate sobre las propuestas de resolución relativas a las memorias del CGPJ correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007. Entre ellas también se encuentra una propuesta del PP que fue aprobada por unanimidad tras ser enmendada por el PSOE que defiende que todos los nombramientos judiciales atiendan a "los principios de mérito y capacidad", tengan en cuenta "tanto a los jueces asociados como a los no asociados" y respeten "la igualdad en el derecho de acceso de las mujeres", que "formando mayoritariamente parte de la carrera judicial no tienen apenas representación visible en puestos discrecionales de órganos judiciales". RECHAZO A UNA PROPUESTA DEL PP SOBRE GARZÓN Durante la sesión plenaria, el Congreso también rechazó, con los votos en contra del PSOE y la abstención de los nacionalistas, una propuesta del PP en la que instaba al CGPJ a aplicar "la máxima contundencia y severidad" a los jueces cuyas conductas fueran merecedoras de responsabilidad disciplinaria. La propuesta llegó a la Cámara a raíz de la tramitación de una denuncia ante el CGPJ contra el juez Baltasar Garzón, instructor de las diligencias de la 'Operación Gürtel' sobre una presunta trama de corrupción en el entorno del PP, según la cual el magistrado podría haber ocultado los ingresos que obtuvo en Estados Unidos mientras disfrutaba de un permiso de estudios otorgado por la Audiencia Nacional. El portavoz del PP, Vicente Ferrer, indicó sin citar a Garzón que algunos jueces utilizan las causas que instruyen como "una vía hacia la notoriedad y la prosperidad", cuando no como "un camino" para actuar en función de sus "propios demonios personales". La socialista*Carmen Hermosín dio por sentada "la independencia del Poder Judicial" y aseguró que los ciudadanos confían en la Justicia, como demuestra "el incremento de la litigiosidad". El Grupo Socialista también hizo valer sus votos para rechazar otras tres propuestas del PP que instaban al órgano de gobierno de los jueces a poner en marcha medidas para atajar "los daños causados a los justiciables por errores muy graves derivados del anormal funcionamiento de la Justicia", resolver la huelga de jueces y poner en marcha una única red informática nacional. El Pleno también aprobó, a iniciativa de CiU, una batería de medidas para adecuar la Justicia a los nuevos estatutos de autonomía --competencias en materia de casación, consejos de justicia autonómicos y nueva definición de la planta judicial--, así como otras dos propuestas para potenciar el uso de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia y reformar el régimen retributivo en las carrera judicial y fiscal para actualizar sus cuantías y superar situaciones "discriminatorias". COMPARECENCIAS DE DÍVAR EN EL CONGRESO Además, a propuesta del PSOE se acordaron otras 12 resoluciones que, entre otras cuestiones, instan al Consejo General del Poder Judicial a "favorecer las comparecencias" ante el Congreso de los Diputados de su presidente, Carlos Dívar, y de sus vocales para que informen de "los asuntos de interés para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia". La Cámara también insta al órgano de gobierno de los jueces a seguir prestando "una atención preferente" a los juzgados de violencia sobre la mujer, reflejar en sus memorias anuales la información relativa a los "expedientes disciplinarios", finalizar la elaboración de un nuevo sistema de medición de la carga del trabajo, reducir el número de vacantes en la carrera judicial e incluir en sus boletines internos el número de asuntos pendientes y las causas de las posibles dilaciones.
Dins: http://www.aranzadi.es/ (3.4.09)

2. Desplegament del Pla de qualitat lingüística per al foment del català en l'advocacia.
El Departament de Justícia, la Secretaria de Política Lingüística i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya han iniciat el desplegament del Pla de qualitat lingüística per a despatxos d'advocats. El Pla té per objectiu, d'una banda, aconseguir que els professionals que ja treballen en català consolidin i millorin l'ús d'aquesta llengua, i de l'altra, que els que no hi treballen la incorporin en la seva feina.
Per aconseguir aquest objectiu, el Departament de Justícia proporcionarà als advocats tot el suport que calgui. Per la seva banda, els col·legiats que decideixin acollir-se al Pla hauran d'incorporar les millores proposades, així com fer servir els documents en català que se'ls proporcionin, i assolir uns determinats percentatges d'ús del català en la seva actuació professional davant dels òrgans judicials.
Més informació
Dins: e-justícia, núm. 197 (2009)

3.Justicia pretende que la Ley de Acceso y el Plan Bolonia no se den la espalda.
Abril 2009-Según el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) el primer borrador del Reglamento de la Ley de Acceso que ha elaborado el Ministerio de Justicia ignora los principios fundamentales de Bolonia, el proceso de homogeneización hacia un grado universitario más práctico y competitivo en la UE que está desarrollando el Ministerio de Ciencia e Innovación.
El Ministerio de Justicia ha respondido a las críticas que ha hecho el CGAE sobre este primer borrador y ha asegurado que tiene una "voluntad de entendimiento total" con Educación.
Así, una de las conclusiones del Foro Innovación en la prestación de servicios jurídicos sobre el nuevo sistema de acceso a la abogacía, organizado por la Fundación para la investigación sobre el Derecho y la Empresa, ha sido "evitar que Bolonia y la Ley de Acceso se den la Espalda".
Por otra parte, Pilar Cancer, abogada de Estado y subdirectora general jefe del Gabinete de Estudios de la Abogacía General del Estado, que ha redactado el borrador de la Ley de Acceso, ha manifestado que una de las cuestiones más polémicas del Reglamento es "si sigue subsistiendo un grado en Derecho, lo que requeriría que el Gobierno fijase condiciones".
En este sentido, para el Ministerio de Ciencia e Innovación, que quiere desarrollar el modelo de Bolonia guiado por el criterio de máxima flexibilidad e interpretar que sólo es posible fijar condiciones si el grado permite por sí mismo el ejercicio profesional, lo que no sucede en España, no cabría el grado en Derecho.
Según Cancer, si no puede hacerse un grado con condiciones, serían necesarios unos requisitos para el acceso al posgrado, que garanticen un mínimo homogéneo de formación jurídica a quien acceda al mismo, punto en el que está de acuerdo el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Dins: http://www.lexnova.es/ (16.4.09)

4. El TSJ de Murcia adopta el proyecto de e-Apostilla que pretende transformar electrónicamente los procesos judiciales.
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) avanzará en la modernización de la Justicia con la transformación electrónica de los procesos, a través de su adhesión al proyecto de e-Apostillas que promueve la Conferencia de la Haya con el apoyo de Naciones Unidas.
El Secretario de Gobierno del TSJRM, Javier Luís Parra, presentará mañana en Nueva Orleáns (Estados Unidos) la experiencia española en e-APP en adopciones internacionales, un proyecto que se desarrolló en Murcia con la colaboración de la Consejería de Política Social de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Esta iniciativa "pretende agilizar los trámites para que documentos oficiales, administrativos, notariales o certificaciones de autoridad y funcionario de un país pueda ser usado con plenos efectos en un estado extranjero", según informaron fuentes del TSJRM en un comunicado.
Durante 2007 las apostillas internacionales autorizadas por el Secretario de Gobierno alcanzaron las 2.200, y destacaron el caso de apostillas destinadas a producir efectos en Kazajstán (392), la Federación Rusa (353) y Ucrania (338), fundamentalmente "por peticiones derivadas de adopción internacional", determinó.
Al margen de éstas, el TSJ subrayó también el número de apostillas para hacer valer documentos en Colombia (234), Argentina (205), Ecuador (122), Rumanía (108), Bulgaria (107), Alemania (86) y Unión Europea (83).
Dins: http://www.europapress.es/ (20.4.09)

5. Acuerdo de 14 de abril de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Enrique Rovira del Canto, a la Audiencia Provincial de Barcelona.
BOE 102, 27.4.09