Articles de revista:
GUASCH FERNÁNDEZ, Sergi. Los Honorarios del abogado en la tasación de costas del juicio de faltas. Dins: REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA, núm. 4 (2009), p. 131-155
NAVARRO RODRÍGUEZ, Sonia.
PÉREZ CRUZ, Agustín. Límites a la enervación de la acción de desahucio : comentarios a la doctrina legal plasmada en las SSTS sala 1a 755/2008, de 24 de julio de 2008 y 193/2009, de 26 de marzo. Dins: BOLETÍN DE CONTRATACIÓN INMOBILIARIA, núm. 61 (2009), p. 1-6 i núm. 62 (2009), p. 1-14
Novetats legislatives:
Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. BOE 283, 24.11.09
Altres notícies:
1. El Congreso pide que alcohol y drogas se consideren agravante y no eximente en los casos de violencia de género.
El Congreso de los Diputados pidió ayer al Gobierno que los efectos de las bebidas alcohólicas o de las drogas se consideren una agravante específica y no una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género, al igual que ocurre en los delitos contra la seguridad vial.
Así se recoge en el informe de conclusiones de
De este modo, los grupos seguirán negociando durante esta semana el documento definitivo, que será votado el martes 17 en
En estos momentos, el hecho de haber cometido delitos machistas bajo los efectos del alcohol o de las drogas es una circunstancia que puede rebajar o incluso anular la pena del maltratador.
SE UTILIZA POCO
Un reciente informe del Grupo de Expertos de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial reveló la "escasa incidencia de la adicción al alcohol y las drogas sobre la imputabilidad del autor" en estos casos, ya que no se había considerado eximente completo en ninguna de las 530 sentencias analizadas y sólo en cuatro (0,89%) fue tenido en cuenta como eximente incompleto.
Por otra parte, los grupos demandan que la orden de alejamiento que se conceda a la madre se extienda a los hijos y que los padres que tengan una condena firme por violencia machista pierdan la custodia de los menores y la patria potestad. Además, solicitan que no se aplique la mediación familiar en los casos en los que haya existido violencia de género.
En el informe se pide que no se acepte el Síndrome de Alineación Parental (SAP), ni la aplicación de su terapia, por parte de los tribunales de justicia ni y de los organismos públicos.
Sin embargo, el PSOE ha retirado del texto de las conclusiones su propuesta para que la admisión a trámite de una denuncia por maltrato suponga la suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas de los hijos e hijas con el padre porque "los servicios jurídicos así lo aconsejaban".
LLAMADA DE ATENCIÓN A
El
Por ello, reclama a los medios de comunicación que apliquen sus Códigos de Autorregulación para mejorar el tratamiento informativo de estos casos y temas y que recojan "el esfuerzo de las mujeres que están saliendo del maltrato".
Por otro lado, según el texto, es necesario que los profesores de los colegios e institutos tengan formación permanente en igualdad y violencia de género y que dichos contenidos estén en el currículo escolar desde los primeros años para que los niños creen "relaciones igualitarias desde la infancia".
En la misma línea, los diputados solicitan que se incremente la formación de los jueces, abogados, fiscales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de los equipos psicosociales, así como que se mejore la coordinación de las administraciones y de los profesionales involucrados en esta lucha.
ASESORAMIENTO ANTES DE DENUNCIAR
En el texto, se propone que las mujeres reciban asesoramiento jurídico previo a la denuncia y a la solicitud de la orden de protección para que conozcan de las consecuencias que implica esta decisión. Además, se reclama al Ministerio de Igualdad que desarrolle un sistema estadístico que permita contabilizar y visualizar la recuperación de las víctimas.
También se pide incrementar la financiación para los recursos sociales destinados a la atención de las víctimas de la violencia de género, especialmente en los ayuntamientos, y que se flexibilice el acceso al Fondo de Garantía de Alimentos para hacer frente al impago de pensiones por parte de los hombres.
Del mismo modo, el Congreso solicita que se modifique
MÁS POLICÍAS
En cuanto a cuanto a la actuación policial, el informe reclama incrementar los agentes destinados a las unidades especializadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mejorar su formación y los medios materiales de los que disponen. Además, pide la aprobación de un Manuel de Buenas Prácticas común a los cuerpos estatales, autonómicos y locales.
El informe admite el escaso número de mujeres que han solicitado una suspensión o extinción de contrato por violencia de género y la limitada repercusión de las medidas que fija la ley para fomentar el empleo en este colectivo.
La portavoz socialista, Carmen Montón, destacó el "consenso" de
La representante del PP, Susana Camarero, dijo que su formación está "contenta" con las conclusiones de
Dins: www.aranzadi.es (11.11.09)
2. Remiten al Parlamento la reforma penal que crea el delito de piratería y endurece la respuesta a la corrupción.
El Consejo de Ministros acordó hoy la remisión al Parlamento de una reforma de más de 130 artículos del Código Penal que crea, entre otros nuevos delitos, el de piratería -con penas de entre 10 y 15 años de prisión- y prevé una respuesta más contundente frente a los abusos contra los menores y las actuaciones que implican corrupción urbanística.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo la importancia "cuantitativa y cualitativa de esta reforma", presentada como Anteproyecto en noviembre de 2008, y que implica la adopción de "nuevas medidas para hacer frente a las demandas de la sociedad española contra las nuevas formas de criminalidad".
"Sólo se debe acometer un cambio en una ley tan sensible cuando los valores colectivos lo requieren, no se trata de actuar de forma irreflexiva frente a hechos graves", dijo el ministro, que agregó que la propuesta que se remite a las Cortes "da respuesta a las inquietudes de los ciudadanos con medidas más modernas y garantizando al tiempo que las penas estarán reorientadas a la reinserción".
PIRATERÍA
Respecto a la piratería, Caamaño señaló que "el Gobierno se encuentra plenamente comprometido con la seguridad de los barcos" y por ello introduce un tipo específico penal. "Con ello queremos dar respuesta a los que con violencia tratan de apoderarse del buque y atentan contra sus tripulantes", dijo.
La razón de ser de la creación de este nuevo delito de piratería, según la exposición de motivos del proyecto inicial, radica en la necesidad de dar respuesta a "la problemática de los eventuales actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y aérea", como ahora ha puesto de manifiesto el secuestro sufrido por el atunero español 'Alakrana', apresado por piratas somalíes desde el pasado 2 de octubre.
Así, el proyecto de Ley prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión a quienes utilicen la violencia, la intimidación o el engaño contra embarcaciones o plataformas en el mar; y penas de entre 1 y 3 años de cárcel a quienes se resistan a las órdenes de un buque de guerra al servicio del Estado "con ocasión de la prevención o persecución" de este tipo de delitos.
PERSECUCIÓN DE
Por
El proyecto también endurece la lucha contra las conductas ilícitas en el sector privado, al regular el cohecho entre particulares y reprimir los actos encaminados a corromper a los administradores de empresas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho.
Además, en el texto se regula por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la consideración de conductas punibles en el ámbito informático y en los delitos de torturas y contra la integridad moral, y se introduce la conducta de acoso laboral, es decir, el acoso psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral que humille al que los sufre.
EL TERRORISMO NO PRESCRIBE.
Otra de las novedades principales de esta reforma del Código Penal, que contó con el apoyo del PP en el momento de su presentación, es la no prescripción para los delitos graves de terrorismo, es decir, los que hayan causado una muerte, las más graves lesiones físicas o psíquicas o que hayan consistido en el secuestro de una persona.
El proyecto mantiene también medidas encaminadas a garantizar la mayor protección a menores de 13 años. En la actualidad, el hecho de que la víctima de un delito sexual no haya cumplido aún los 13 años se tiene en cuenta solamente a efectos de aplicar una agravante bajo la consideración de que se trata de un sujeto "especialmente vulnerable".
En el ámbito de la prostitución y la pornografía infantil se tipifican nuevas conductas, como la captación de menores para que participen en espectáculos pornográficos, o el ofrecimiento de pornografía infantil. También se propone la consideración como delito el hecho de lucrarse con estos espectáculos infantiles.
En cuanto al delito de prostitución, también se contemplaba incriminar la conducta del cliente cuando la relación sexual se lleve a cabo con un menor o incapaz.
Otro aspecto de la reforma del Código Penal es la tipificación de forma autónoma del delito de trata de seres humanos, que se separa así del fenómeno de la inmigración clandestina.
LIBERTAD VIGILADA
El proyecto aprobado hoy por el Consejo de Ministros mantiene la creación de la nueva medida de 'libertad vigilada' para terroristas y violadores una vez éstos cumplan su pena de prisión, una novedad que se incluía el Anteproyecto presentado el pasado año, si bien reduce su duración máxima de los
Esta medida, criticada en su momento tanto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como por el Consejo Fiscal, será obligatoria para los delincuentes sexuales y terroristas, evitándose a demás que éstos puedan residir cerca de sus víctimas o se acerquen a éstas tras salir de la cárcel.
El contenido y duración de esta medida, según el Proyecto, dependerá de la peligrosidad del delincuente y consistirá en reglas de conducta que permitirán además su seguimiento telemático.
El pasado mes de febrero, tras serle remitido el Anteproyecto de reforma, el CGPJ calificó la libertad vigilada como de "muy difícil justificación" en nuestro ordenamiento jurídico.
A juicio del órgano de gobierno de los jueces, la aplicación de estas fórmulas de vigilancia, una vez cumplida la pena de cárcel, podría entrar colisión con las medidas penitenciarias de tercer grado y libertad provisional. Además, se apuntó que la reforma establece un "sistema restrictivo de derechos" al basarse en una responsabilidad dilatada en el tiempo que tiene difícil encaje constitucional.
Por su parte, el Consejo Fiscal señaló en su informe que esta medida sería más eficaz si se aplicase a los jóvenes que se inician en el terrorismo que a los terroristas con delitos graves que llevan 30 o 40 años de cárcel y alejados de la actividad delictiva.
NUEVOS DELITOS.
La reforma también crea como nuevos delitos la captación, adoctrinamiento, adiestramiento y cualquier forma de financiación del terrorismo, una medida dirigida especialmente al fenómeno islamista.
Otras novedades son que el juez podrá optar entre la cárcel y la expulsión para extranjeros por menas menores a seis años de prisión, y que nadie se verá favorecido por cumplir al mismo tiempo una pena de prisión y una prisión preventiva.
Además, los pequeños 'manteros' podrán no ir a la cárcel,
Dins: www.aranzadi.es (16.11.09)
3. El Congreso retira su propuesta para que alcohol y drogas sean agravantes pero pide que no sean atenuantes.
El Congreso de los Diputados retiró ayer su propuesta para que el hecho de cometer delitos relacionados con la violencia de género bajo los efectos del alcohol o las drogas sea considerado una agravante, pero solicitó que al menos, esta circunstancia deje de ser una atenuante o una eximente en estos casos.
La propuesta de 'populares' y nacionalistas catalanes fue recogida en el informe final de
La portavoz socialista, Francisca Medina, indicó que su grupo "es consciente de que el endurecimiento de las penas no es la solución" a la violencia de género, pero "estar borracho no puede justificar que se pegue o se mate a una mujer". "No es la solución, pero tampoco vamos a disculpar la agresión por estar bebido o drogado", sentenció.
Por su parte, la portavoz del PP, Susana Camarero, indicó que estas circunstancias tienen que dejar de ser consideradas atenuantes o eximentes, "tal como recogía el programa electoral del PP", pero sin que eso signifique incrementar las penas. Esta postura fue compartida por el resto de los grupos.
Así, Mercè Pigem (CiU) apuntó que la respuesta a esta violencia "no puede ser sólo punitiva" y abogó por incidir en la "educación y prevención para un conseguir en el futuro una sociedad igualitaria".
EL JUEZ DECIDE SI PUEDE VER A SUS HIJOS
Por otro lado, el texto reclama que los hombres que tengan una sentencia firme por delitos relacionados con la violencia de género pierdan la custodia de sus hijos y que el juez en función del bien superior del menor, decida si además, le prohíbe visitarlos.
Esta recomendación también ha sido modificada a última hora, a propuesta de CiU y con el respaldo de todos los grupos, ya que en el borrador del informe se pedía que la condena firme implicara automáticamente la pérdida del régimen de visitas del agresor.
El texto definitivo pide que "se suspendan las visitas cuando haya motivos para ello", como puede ser que "se utilice la relación con los hijos para seguir ejerciendo violencia contra la mujer o cuando los hijos revivan con miedo las situaciones padecidas cuando están en compañía del agresor".
Asimismo, el informe de la subcomisión recoge medidas relacionadas con la educación, la prevención, los medios de comunicación, la respuesta institucional y policial frente al maltrato, el apoyo a las víctimas y el cuidado de los menores afectados por casos de violencia de género. El PP ha avisado al Gobierno de que "estará vigilante" para que ponga en marcha las recomendaciones de
Dins: www.aranzadi.es (18.11.09)
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