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ESTRANGERIA

2010-05-31T10:56:00.003+02:00

Notícies jurisprudencials d’última hora:

1. ¿Qué juzgado es competente para los menores extranjeros ? Según la AP de Barcelona, los juzgados de 1ª Instancia no son competentes para recurrir sobre el desamparo de menores inmigrantes. SAP Barcelona, 4.5.10

Novetats legislatives:

LLEI 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. DOGC 5629, 14.5.10

Reglamento (UE) n^o 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo. DOUE 132, 29.5.10

Altres notícies:

1. El Senado reabre el debate de la cárcel para los 'manteros'. CiU y PP se oponen a que esta conducta solo sea falta. Per : Mónica Cebeiro Belaza.

Cuando parecía que los partidos políticos estaban ya de acuerdo en que no tenía sentido meter en la cárcel a los manteros, y así se había decidido en el Congreso dentro de la reforma del Código Penal, un informe encargado por la Asociación Nacional de Defensa de la Marca (Andema) entregado a varios grupos parlamentarios en el Senado ha hecho cambiar de opinión a algunos. CiU y PP han presentado enmiendas que, de aprobarse, permitirían que sigan entrando en prisión vendedores del top manta. Más de 550 han sido encarcelados en los últimos años. En estos momentos hay casi un centenar. Y siguen entrando.

La reforma de los artículos que afectan a los manteros, el 270 y 274 del Código Penal -que castigan desde 2003 estas conductas con prisión-, ha seguido un camino tortuoso. El proyecto de ley presentado por el Gobierno recogía la posibilidad de que, en los casos de "reducida cuantía del beneficio económico" del mantero, el juez pudiera imponer pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad en lugar de la prisión. La decisión quedaba en manos de los magistrados.

Ya en el Congreso, y para evitar que hubiera jueces que siguieran encarcelando manteros, varios grupos, entre ellos el socialista, presentaron una enmienda para que esta conducta fuera considerada siempre una falta, castigada con multa o localización permanente, si el "valor de los derechos defraudados" no superaba los 400 euros.

Pero había un error de cálculo: tal y como estaba redactado el artículo, no se iba a aplicar a un solo mantero. La cuantía de los derechos defraudados ya la están valorando los jueces, en las indemnizaciones que fijan cuando condenan por este delito. Y lo hacen en cantidades que suelen oscilar entre los 1.000 y los 4.000 euros -siguiendo el criterio de las entidades de gestión de derechos-. Michael Kountier, por ejemplo, sancionado con ocho años de cárcel por vender CD piratas, fue condenado a pagar a la SGAE y a otras sociedades 21.487 euros; unos 2.000 por cada vez que le detuvieron vendiendo.

Se volvió a cambiar el artículo: la conducta sería falta cuando el "beneficio obtenido" por el mantero no fuera mayor de 400 euros. Esta vez sí, esto se aplicaría a casi todos, ya que raramente ganan más de 100 o 200. Así salió el texto del Congreso.

En el Senado, el informe de Andema ha llegado a los grupos. Y CiU, asumiendo partes del mismo, ha presentado una enmienda para deshacer el camino seguido en el Congreso y que la venta en el top manta no se considere falta. Proponen que sea siempre delito y los jueces puedan castigarla con multas o trabajos para la comunidad en vez de con cárcel "cuando el valor económico de los productos distribuidos no exceda de 400 euros". Es decir, nunca, teniendo en cuenta la práctica jurisdiccional de valoración de los productos. Afirman que convertirlo en falta sería "un absoluto desarme procesal y policial para contener la defraudación con productos piratas", tal y como dice el informe de Andema. El PP ha presentado una enmienda similar pero ceñida a los casos de delitos contra la propiedad industrial del artículo 274.

La Entesa Catalana de Progrés (PSC, ERC e ICV) también quiere enmendar la ley, pero en sentido contrario. Pide que esta conducta solo pueda castigarse con localización permanente, no con multas. Argumentan que los manteros no tienen dinero, no podrían pagarlas y acabarían igualmente en prisión. La Comisión de Justicia del Senado debatirá el miércoles las enmiendas.

Dins: www.elpais.com (31.5.10)

ADVOCATS, PROFESSIÓ...

2010-04-30T16:27:00.002+02:00

Articles de revista:

BARÓ, T. Trabajo y negocios alrededor de la mesa. Dins: IURIS, núm. 145 (2010), p. 26-30.

CAVERO DE LA PEÑA, I. Descubriendo el lado de los negocios en la práctica del

derecho : de las mejores relaciones con los clientes depende la buena marcha de un despacho de abogados. Dins: IURIS, núm. 146 (2010), p. 27-33.

GARCÍA RAMÍREZ, J. Control del tiempo y delegación eficaz. Dins: IURIS, núm. 147 (2010), p. 28-31.

HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Luis Miguel. Abogados ¿Mutualidad o Seguridad Social?. Dins: ECONOMIST & JURIST, núm. 139 (2010), p. 96-104.

OSET PIQUÉ, Joan. El secreto profesional de los abogados. Breves notas sobre

su sentido, contenido y menciones de actualidad. Dins: ECONOMIST & JURIST, núm. 137 (2010), p. 85-90.

PÉREZ GÓMEZ, E. ¿Por qué proteger la información en los despachos de abogados?. Dins: IURIS, núm. 147 (2010), p. 24-26.

RODRÍGUEZ PERALTA, M.T. Nueva oficina judicial : retos para una nueva Justicia. Dins: IURIS, núm. 147 (2010), p. 20-23.

VÁZQUEZ ALBERT, D. El Impacto de la Ley Ómnibus en el ejercicio de las profesiones. Dins: IURIS, núm. 146 (2010), p. 22-26.

Novetats legislatives:

Orden JUS/485/2010 , de 25 de febrero, por la que se crea la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia. BOE 56, 5.3.10

Instrucción de 24 de febrero de 2010 , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre reconocimiento de los apellidos inscritos en los Registros Civiles de otros países miembros de la Unión Europea. BOE 60, 10.3.10

Ley Orgánica 3/2010 , de 10 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la Comisión de infracciones penales. BOE 61, 11.3.10

Ley 4/2010 , de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. BOE 61, 11.3.10

Acuerdo de 25 de febrero de 2010 , del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales. BOE 62, 12.3.10

Corrección de errores de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. BOE 84, 7.4.10

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. DOUE 92, 13.4.10

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. DOUE 92, 13.4.10

Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. DOUE 92, 13.4.10

Altres notícies:

1. Un plan de sucesión para poder colgar la toga. Por: N. Sanmartin Fenollera - Madrid - 17/02/2010

Cuando en 1967 José Conesa Ballestero fundó Bufete Jurídico Conesa la sucesión no formaba parte de sus preocupaciones. Abogado, especialista en derecho laboral y padre de cuatro hijos, poco podía imaginar entonces quién le sucedería en el bufete. Desde hace diez años, Josep y Jordi Conesa trabajan con su padre en el despacho. Hoy, mientras el primero ostenta la dirección jurídica, el segundo -economista- se ocupa de la gestión.

Antes de incorporarse a la dirección, ambos hermanos se prepararon a conciencia con el respaldo de su padre: a sus titulaciones universitarias sumaron una buena formación de posgrado, estancias en Italia e Inglaterra y la experiencia de haber abierto una gestoría a los 18 años y haberla compatibilizado con los estudios. "Mi padre nos dio 500.000 pesetas para constituir la S.L. y a partir de ahí mi hermano y yo iniciamos la aventura", cuenta Jordi Conesa. Como alma máter de la firma, José Conesa continúa en el despacho, aunque centrado en labores de representación, contacto con clientes, conferencias y clases en la universidad. "Yo siempre digo: piensa a lo grande y actúa en local", señala Jordi, cuyo objetivo desde que se hizo con la gerencia ha sido convertir el despacho en una moderna empresa de servicios profesionales.

Sucesiones planificadas como la de Bufete Jurídico Conesa no abundan en los pequeños despachos, pese a que éstos articulan la mayor parte del tejido profesional de la abogacía española. "Ésta es una cuestión que la mayoría de los profesionales no tiene resuelta. Según nuestros estudios, alrededor de un 75% asegura que no lo ha previsto", explica Jordi Amado, fundador de la consultora especializada en despachos profesionales Planificación Jurídica.

Según Amado, "cuando un abogado supera los 50 años empieza a plantearse preguntas existenciales del tipo: ¿el ritmo de trabajo que estoy asumiendo ahora podré mantenerlo a los 58 años... a los 60 años? ¿Tengo equipo o profesionales que puedan sustituirme? ¿Podré mantener mi nivel de vida o tendré que continuar hasta después de la jubilación?". Desde su experiencia, cuando un profesional llega a la edad de dejar el despacho se abren ante él tres posibilidades: dejárselo a sus hijos si éstos quieren continuar con la firma, traspasárselo a sus empleados o a sus socios, en caso de tenerlos, y venderlo. "Hay muchos pequeños despachos que desaparecen. Pero, en realidad, su fondo de comercio, sus clientes, podrían migrar a otro despacho interesado", explica Amado, que ha gestionado numerosas compraventas de pequeñas firmas en pleno relevo generacional.

Según José Luis Matalí, coordinador de la comisión de prospectivas profesionales del colegio de abogados de Barcelona, "los profesionales asociados en pequeñas firmas deben tomar conciencia de que hay que regular estatutariamente las condiciones de transmisión de sus participaciones como socios, en previsión de lo que pueda ocurrir en el futuro, ya sea un fallecimiento o una jubilación".

Según Matalí, las consecuencias de esa imprevisión son aún más graves en las firmas con un solo socio. "Si no hay hijos, pero sí otros abogados en el despacho, a partir de una cierta edad deben plantearse fórmulas que permitan transmitir el bufete a esas empleados, bien a través de una sociedad, una cooperativa, etc.", advierte.

Entre los consejos que Amado da a sus clientes destaca la necesidad de plantearse seriamente ahorrar. "Construir un patrimonio que permita mantener el nivel de vida tras el retiro debe ser un objetivo fundamental", señala. Para ello hay que evitar mezclar las finanzas personales y familiares con las del despacho - "lo que se retira del bufete debe considerarse como honorarios y/o como beneficio, pero hay que contabilizarlo"- y, si se llega a la decisión de vender, hay que preparar con uno o dos años de antelación el despacho para un mejor resultado.

Recetas para llevar a cabo un relevo con éxito

Emulando la fábula de la hormiga y la cigarra, el profesional debe pensar con tiempo y dedicación qué ocurrirá con la firma y con su propio futuro cuando llegue el momento de retirarse. Como explica el consultor Jordi Amado, hay dos grandes situaciones que suelen darse en el sector:

Profesionales con un despacho propio que tienen asegurado el relevo familiar. En este tipo de firmas, "el titular, una vez jubilado definitivamente, continúa percibiendo unos ingresos del despacho por el fondo de comercio generado, normalmente en concepto de dividendos", explica Amado. Esta práctica debe regularse estatutariamente y planificarse convenientemente. "Se pueden buscar muchas fórmulas, pero yo recomiendo limitarlo temporalmente". En ocasiones, pese a haber hijos que siguen con el negocio, "estos no tienen ni la capacidad ni el empuje para mantenerlo a flote". En esos casos, la mejor opción es vender.

Profesionales sin relevo generacional. En el mejor de los casos, se trata de titulares que han ahorrado lo suficiente como para poder dejar el despacho. "De una forma natural, el titular decide traspasar la firma a un compañero o a los mejores profesionales del despacho", señala Amado. Para el consultor, esta solución tiene un defecto: normalmente los acuerdos económicos no suelen ser "óptimos" para el titular.

Dins: www.cincodias.com (17.2.10)

ASSEGURANCES, INDEMNITZACIONS I CONSUMIDORS...

2010-04-30T16:22:00.001+02:00

Articles de revista:

MAYORGA TOLEDANO,M. C. La Reclamación electrónica en el ámbito financiero. Dins: REVISTA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA : RCE, núm. 108 (2009), p. 31-67.

RICO CARRILLO, M. El Derecho de desistimiento en la contratación electrónica de servicios financieros. Dins: REVISTA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA : RCE, núm. 108 (2009), p. 3-29.

VÁZQUEZ ALBERT, D. Una aproximación a la Ley de transposición de la Directiva de Servicios. Dins: IURIS, núm. 145 (2010), p. 18-21.

Notícies jurisprudencials d’última hora:

Las víctimas de tráfico deben ser indemnizadas por lo que dejan de ganar en su trabajo. (STS 25.3.10)
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que las aseguradoras, además de indemnizar a las personas que han sufrido un accidente de tráfico por los daños sufridos, deben compensarlas con una cantidad adicional por las ganancias que van a dejar de obtener en su trabajo como consecuencia de ese accidente, lo que se conoce como "lucro cesante".
En su sentencia, el Tribunal Supremo entiende que la indemnización prevista para las secuelas de un accidente "no contempla los perjuicios derivados de la imposibilidad de volver a trabajar para cualquier profesión cualificada, que son muy superiores", en determinados casos, a los compensados por el factor de corrección previsto en el Baremo Español de Indemnizaciones, que se redactó en 1995.
La sentencia es consecuencia de la demanda interpuesta por la víctima de un accidente de tráfico que demandó a los herederos del culpable del siniestro, que falleció en el siniestro, y a su aseguradora, reclamando la diferencia entre la suma consignada por la aseguradora y la indemnización que a su juicio le correspondía por incapacidad permanente absoluta, más el lucro cesante.
Reivindicación histórica
El Supremo estima ahora en parte su demanda y sienta doctrina sobre este tema, después de que tanto en primera instancia como en apelación se desestimara la reclamación por lucro cesante, por entenderse que este concepto se encuentra ya incluido en determinados conceptos indemnizatorios establecidos en el baremo de la Ley de Circulación.
Con esta sentencia, el alto tribunal da respuesta a una reivindicación histórica de las asociaciones de víctimas de tráfico que pedían que las indemnizaciones que obtienen después de sufrir un accidente, reguladas en el Baremo, tuvieran en cuenta el prejuicio económico que

supone para una persona quedarse, por ejemplo, en silla de ruedas debido a las problemas para llevar a cabo con normalidad su trabajo.

Dins: www.eleconomista.es (16.4.10)

Accés a la sentència

Novetats legislatives:

Ley 1/2010 , de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. BOE 53, 2.3.10

Reglamento (UE) n^o 285/2010 de la Comisión, de 6 de abril de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) n^o 785/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos. BOE 87, 7.4.10

Reglamento (UE) n^o 293/2010 de la Comisión, de 8 de abril de 2010, que modifica el Reglamento (CE) n^o 820/2008, por el que se establecen medidas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea (1). BOE 89, 9.4.10

Reglamento (UE) n^o 297/2010 de la Comisión, de 9 de abril de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) n^o 272/2009 que completa las normas básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil (1). BOE 90, 10.4.10

Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo. BOE 91, 15.4.10

Corrección de errores de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. BOE 99, 24.4.10

Altres notícies:

1. Breve análisis de la Ley de Servicios de Pago. Per M. Luisa Aparicio

Dins: Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 792 (2010)

DRET ADMINISTRATIU, URBANISME...

2010-04-30T15:23:00.005+02:00

Articles de revista:

BOTIA, Pascual. Reforma Procesal: LRJCA. Dins: ECONOMIST & JURIST, núm. 139 (2010), p. 34-61.

Monografies:

Los Contratos de colaboración público-privada en la Ley de contratos del sector público : especial aplicación a las entidades locales. Madrid : La Ley, 2009 (en precatalogació)

La Ejecución de las sentencias urbanísticas. Barcelona : Atelier, 2009. (en precatalogació)

Guía práctica de la contratación del sector público. Madrid : La Ley, 2009. (en precatalogació)

Novetats legislatives:

Ley Orgánica 2/2010 , de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. BOE 55, 4.3.10

Real Decreto 203/2010 , de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. BOE 59, 9.3.10

LLEI 3/2010 , del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. DOGC 5584,10.3.10

LLEI 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum. DOGC 5595, 25.3.10

Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el ejercicio 2010. BOE 75, 27.3.10

Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2010. BOE 75, 27.3.10

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. BOE 79, 1.4.10

Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal. BOE 79, 1.4.10

DECRET LLEI 2/2010, de 30 de març, pel qual es modifica la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. DOGC 5600, 1.4.10

Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica. BOE 81, 3.4.10

LLEI 5/2010, del 26 de març, de bases de delegació en el Govern de la potestat legislativa per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. DOGC 5601, 6.4.10

LLEI 6/2010, del 26 de març, del procediment de designació dels senadors que representen la Generalitat al Senat. DOGC 5601, 6.4.10

Corrección de errores de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. BOE 84, 7.4.10

Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. BOE 84, 7.4.10

Real Decreto 339/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, para adecuarlo a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 84, 7.4.10

Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. BOE 89, 13.4.10

Corrección de errores de Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud. BOE 90, 14.4.10

Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (1). DOUE 95, 15.4.10

Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. BOE 93, 17.4.10

Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. BOE 95, 20.4.10

ORDRE TRE/235/2010, de 31 de març, de modificació de l'Ordre TRE/511/2009, de 10 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2010 (DOGC núm. 5515, pàg. 89644, de 27.11.2009). DOGC 5611, 20.4.10

Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. BOE 96, 21.4.10

Resolución de 14 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al sistema nacional de salud. BOE 96, 21.4.10

Resolución de 13 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen en el ámbito de las entidades gestoras de la Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, las actuaciones de control y verificación de las compensaciones en los documentos de cotización por pago delegado de la prestación de incapacidad temporal realizadas por las empresas y, en su caso, su ulterior reclamación. BOE 97, 22.4.10

Reglamento interno del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. DOUE 103, 23.4.10

Resolución de 20 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal. BOE 99, 24.4.10

Resolución de 20 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. BOE 99, 24.4.10

Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. BOE 99, 24.4.10

Entrada en vigor del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Madrid el 8 de marzo de 2004. BOE 101, 27.4.10

Reglamento (UE) n^o 357/2010 de la Comisión, de 23 de abril de 2010, que modifica el Reglamento (UE) n^o 185/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea (1). DOUE 105, 27.4.10

Reglamento (UE) n^o 358/2010 de la Comisión, de 23 de abril de 2010, que modifica el Reglamento (UE) n^o 185/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea (1). DOUE 105, 27.4.10

LLEI 7/2010, del 21 d'abril, de modificació de la Carta municipal de Barcelona. DOGC 5619, 30.4.10

LLEI 8/2010, del 22 d'abril, de creació del municipi de la Canonja. DOGC 5619, 30.4.10

Altres notícies:

1. Consideraciones sobre la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Per Camen Rojo Álvarez-Manzaneda.

Dins: Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 792 (2010)

2. REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las Oficinas de Registro.

Dins: www.la-moncloa.es (16.2.10)

3. Tráfico no retirará el permiso de circulación a los vehículos que circulen sin la ITV.

La Guardia Civil no retirará el permiso de circulación a los vehículos que sean detectados sin haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), tal y como se hacía hasta ahora para obligar al propietario a someter al vehículo a la correspondiente revisión.

No obstante, circular con la ITV caducada seguirá estando castigado con una multa de 150 euros.

Una instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT) que entrará en vigor el próximo 1 de mayo, modifica la aplicación del Real Decreto sobre inspección técnica de vehículos de 1994 que ordenaba a la Guardia Civil a retirar de forma inmediata los permisos de circulación de todos aquellos vehículos "pillados" sin la ITV.

Retirado el permiso, la normativa concedía un plazo de 10 días para pasar la inspección técnica, tras lo cual la Jefatura de Tráfico devolvía al titular el permiso de circulación intervenido.

En la nota interna, la DGT reconoce que en muchas ocasiones el titular del vehículo infractor pasaba la ITV en el plazo establecido y, al acudir a la Jefatura de Tráfico para recoger su permiso, éste todavía no había sido remitido por la Guardia Civil, lo que provocaba "numerosas situaciones conflictivas".

Para evitar estos problemas, los agentes no retirarán físicamente el documento sino que entregarán un volante que autoriza la circulación del vehículo por un plazo máximo de 10 días, a los únicos efectos de trasladarse a una estación de la ITV para pasar la revisión.

En el caso de que el propietario no pase la inspección en ese plazo, la DGT ordenará la inmovilización del vehículo.

Según la patronal de las estaciones de ITV (AECA-ITV), uno de cada cinco vehículos es rechazado en la inspección técnica obligatoria por no reunir las condiciones mínimas para circular de forma segura o por emitir gases superiores a los permitidos.

Dins: www.aranzadi.es (20.4.10)

4. Conclusiones de la Comisión de Expertos para adaptar a la España actual la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

Recomienda la superación del partido judicial como base del nuevo modelo, la extensión de la organización colegiada, la creación de tribunales de base o primer grado, la creación de tribunales de instancia y la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal.

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Expertos para adaptar a la España actual la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Esta iniciativa se enmarca también en el ambicioso Plan de Modernización de la Justicia, puesto ya en marcha, que conducirá a la transformación general de esta administración para mejorar definitivamente su servicio al ciudadano.

La Comisión de Expertos se creó en septiembre del pasado año con el objetivo de realizar un estudio previo que sirva de base para la elaboración de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, adaptada a la realidad demográfica y a la configuración actual del sistema de justicia, que sustituya a la actual, que data de 1988 y que, a su vez, se basó en el modelo establecido en el Siglo XIX. Presidida por el secretario de Estado de Justicia, han formado parte de la misma: Silvia Barona Vilar, José Luís Bueren Roncero, Landelino Lavilla Alsina, Fernando Ledesma Bartret, Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, Victoria Ortega Benito, Herminia Palencia Guerra y Juan Antonio Xiol Ríos.

Durante los más de veinte años de vigencia de la actual Ley, en los que ha sido necesario modificar su texto en catorce ocasiones y se han creado 2.557 nuevas unidades judiciales, la planta judicial se ha duplicado y se han creado órganos judiciales de nuevo cuño que no estaban contemplados en el diseño original. Es el caso, por ejemplo, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de lo Mercantil, de Menores o de Violencia de Género.

La opinión generalizada hoy es que el sistema vigente ha agotado todas sus virtualidades. La creación de más de setecientas unidades judiciales entre 2001 y 2009 no ha impedido el incremento porcentual anual de la pendencia de asuntos, que en 2008 alcanzó el 15,80 por 100 interanual. En términos generales, la tasa de crecimiento anual promedio (2002-2008) de la pendencia (4.95) ha sido el doble de la de creación de nuevos órganos (2.70). El problema no se circunscribe, por tanto, sólo a la dotación de medios, sino también a la inadecuación de la organización judicial a los nuevos tiempos, realidades y necesidades sociales.

La Administración de Justicia está, al fin, inmersa en un proceso de transformación en el que las nuevas tecnologías permiten un funcionamiento más ágil de todos los servicios y determinan modelos más eficientes de organización. El paradigma de unidades aisladas y autosuficientes está siendo sustituido por el trabajo en Red y la interoperabilidad. La reciente reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial supone un cambio estructural para ajustarse a este nuevo modelo organizativo.

Por todo ello, la Comisión de Expertos ha optado, de manera unánime, por presentar un informe de conclusiones y recomendaciones que sirvan de guía maestra para la elaboración de la futura Ley, en la que habrán de participar todos los sectores y actores implicados.

Reorganizar la demarcación y planta de la Justicia es una cuestión de Estado, por lo que es imprescindible abrir un proceso debate público y de diálogo constructivo para la formación del mayor consenso posible, que sin duda requerirá máxima responsabilidad y generosidad por parte de todos.

Principales recomendaciones de la Comisión

Superación del partido judicial como base del modelo: El partido judicial responde a un contexto histórico caracterizado por grandes deficiencias en las infraestructuras públicas y por las consiguientes dificultades de comunicación y desplazamiento. En la actualidad, el recto entendimiento del derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, obliga a conciliar la garantía de fácil acceso de todos los ciudadanos a los órganos judiciales y la necesidad de evitar una dispersión excesiva de medios personales y materiales que quebrantaría los principios de racionalidad, economía y aprovechamiento de los recursos públicos por los que se rige toda organización eficaz. En este sentido, deben estudiarse nuevas fórmulas encaminadas a superar la desfasada división en partidos judiciales propia de otras épocas y diseñar estructuras territoriales más homogéneas y acordes con la España actual.

Extensión de la organización colegiada : La nueva ordenación de la planta permitiría trasladar las ventajas del sistema de organización colegiada a los tradicionales ‘juzgados’, que podrán estructurarse como un único tribunal con el número de jueces que sea preciso, con un presidente y con una oficina que preste servicio a todos ellos.
Creación de tribunales de base o primer grado : Es necesaria la creación de un primer escalón en la organización del poder judicial encargado de conocer de aquellos asuntos que no revisten una especial complejidad y pueden recibir un tratamiento más ágil. Estos tribunales se distribuirían de acuerdo con variables objetivas como la población, la carga de trabajo o la accesibilidad geográfica. Las plazas de estos órganos se han de cubrir con los primeros escalones de la carrera judicial, favoreciendo el acopio de experiencia por parte de los jueces de nuevo ingreso como paso previo a su promoción profesional.
Creación de tribunales de instancia : Los órganos judiciales de instancia, en cuanto tribunales especializados situados en núcleos urbanos importantes, responden a la necesidad de establecer un sistema moderno de organización judicial, más ajustado a la realidad de los países de nuestro entorno, en los que este tipo de unidades judiciales especializadas y concentradas ha permitido alcanzar mayores cotas de eficacia. Estos tribunales permitirían implantar un nuevo modelo que atienda principalmente a la naturaleza del asunto a enjuiciar.
Atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal : La superación del actual “partido judicial” y la concentración de la instancia están íntimamente ligadas a la necesidad de cambiar el sistema actual de investigación penal. Aprovechando la especial fisonomía del Ministerio Fiscal, como órgano dotado de una mayor movilidad territorial y capacidad de especialización dentro del orden penal, cabe establecer un nuevo modelo de investigación penal más ágil, flexible y adaptado a los distintos tipos de delincuencia.

Dins: www.la-moncloa.es (22.4.10)

DRET DE FAMÍLIA, SUCCESSIONS, MENORS...

2010-04-30T15:17:00.001+02:00

Articles de revista:

GUITART I GUIXER, Ramona. Las sucesionis mortis causa en el derecho catalán: aspectos fiscales de los fideicomisos. Dins: Revista jurídica de Catalunya, 1 (2010), p. 65-125

MOLL de ALBA, Chantal. La Successió del cònjuge vidu i del convivent en unió estable de parella supervivent a Catalunya. Dins: Economist & jurist: Catalunya, núm. 137 (2010), p. 10-13.

SALVADOR GUTIÉRREZ,S. Reconocimiento de la validez y eficacia de las adopciones internacionales. Dins: IURIS, núm. 147 (2010), p. 64-67.

SEBASTIÁN CHENA, M. La Intervención del abogado en la división de herencias. Dins: IURIS, núm. 145 (2010), p. 35-41.

Monografies:

Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions : Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. Barcelona : Atelier, 2009. 2 vol.

347.65/.67(461)-2"2008" Com

El Nou dret successori del Codi civil de Catalunya : materials de les quinzenes jornades de dret civil català a Tossa (25 i 26 de setembre de 2008). Girona : Documenta universitaria, 2009.

347.65/.67(461)-5"2008" Jor

Notícies jurisprudencials d’última hora:

Se podrá recuperar la casa prestada a hijos divorciados.

El Tribunal Supremo ha modificado su doctrina en los casos en que el matrimonio usaba la vivienda como consecuencia de la existencia de un contrato, generalmente el de comodato, convenido con el cónyuge al que no se ha otorgado el uso tras la ruptura matrimonial.

En ese supuesto, el propietario de la vivienda (habitualmente, los padres del otro cónyuge, al que la cedieron en atención a su matrimonio) puede reclamarla cuando el cónyuge usuario haya realizado actos de disposición sobre ella o cuando exista en el contrato una condición resolutoria para el caso de separación o extinción de la relación conyugal.

En una sentencia del pasado 14 de enero, de la que es ponente el magistrado Xiol Ríos, el Supremo explica que, en la hipótesis de la concurrencia de actos de disposición, estos actos solo pueden ser realizados si concurren los presupuestos establecidos en el artículo 96 del Código Civil (consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial).

La falta de estos presupuestos es determinante de un supuesto de nulidad oponible a terceros, siempre que concurra la debida publicidad registral, salvo que se den los presupuestos para la protección del tercero hipotecario o de buena fe.

Análisis de la sentencia

La Sala también recuerda que si el título que permitió a uno de los cónyuges el uso de la vivienda perteneciente al tercero tiene naturaleza contractual, el otro cónyuge no se subroga en la relación contractual por el hecho de habérsele atribuido el uso de la vivienda por sentencia dictada en pleito matrimonial.

Finalmente, en la sentencia se reitera que la situación de quien ocupa una vivienda cedida sin contraprestación y sin fijación de plazo por su titular para ser utilizada por el cesionario y su familia como domicilio conyugal o familiar es la propia de un precarista, una vez rota la convivencia, con independencia de que le hubiera sido atribuido el derecho de uso y disfrute de la vivienda, como vivienda familiar, por resolución judicial, por lo que el propietario puede recuperar la vivienda a su voluntad.

El derecho de uso a la vivienda familiar concedido mediante sentencia no es un derecho real, sino un derecho de carácter familiar cuya titularidad corresponde en todo caso al cónyuge a quien se le ha concedido judicialmente el uso. Por ello, debe obtenerse su consentimiento o, en su defecto, autorización judicial, para cualesquiera actos de disposición de la vivienda.

Dins: www.eleconomista.es (30.4.10)

Accés a una altra sentència relacionada (STS 30.6.09)

Accés a una interlocutòria relacionada (ATS 23.2.10)

Novetats legislatives:

Ley Orgánica 2/2010 , de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

BOE 55, 4.3.10

Altres notícies:

1. Acord del Ple de la Sala de Govern (TSJ Catalunya) sobre funcionament jutjats VSD.

Dins: www.poderjudicial.es (31.3.10)