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Un jutjat de Lleida rep la primera demanda presentada per via telemàtica a Catalunya.

El Deganat del partit judicial de Lleida va rebre ahir dijous, 7 de febrer, la primera demanda civil tramesa per via telemàtica. La presentació d'aquesta demanda ha estat possible després de l'entrada en funcionament, el passat 28 de gener, del nou sistema informàtic de presentació, registre i repartiment d'assumptes als jutjats de Lleida, anomenat e-justícia.cat.
La demanda informatitzada, promoguda per l’advocat senyor Àngel de Rey Ramos, ha estat presentada pel senyor Ricardo Palà, procurador dels tribunals de Lleida, a través de la nova extranet que el Departament de Justícia ha posat a disposició del col·lectiu de procuradors. Mitjançant l’ús de la targeta professional del procurador, que incorpora un certificat de signatura electrònica, es du a terme la transacció. A l’escrit de demanda s’han adjuntat un total de sis documents en format PDF, que en garanteix la integritat.
Un cop signada electrònicament, la demanda ha estat rebuda de forma automàtica al servei de registre del Deganat de Lleida, que l’ha registrat i l’ha assignat al Jutjat de Primera Instància número 4 de Lleida, tot seguint el rigorós torn de repartiment. El jutjat ha pogut visualitzar amb total normalitat les dades associades a la demanda i els documents amb què s’acompanya.
La presentació telemàtica de demandes és una de les aplicacions del sistema informàtic e-justícia.cat, que permetrà la mecanització de tot el sistema de registre i repartiment d’assumptes del partit judicial. La realització d’aquesta prova pilot, que s’ampliarà a altres partits judicials si els resultats són satisfactoris, respon a la voluntat del Departament de Justícia d’impulsar la modernització dels tràmits judicials i contribuir, així, al desenvolupament de l’Administració electrònica i la societat de la informació.

Font: e-justícia núm. 18 – 20.2.2008


Sessió d'investigació sobre la mediació i resolució de conflictes en entorns penals i penitenciaris.

El proper dimarts, 4 de març, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada organitza una sessió d'investigació sobre la mediació i resolució de conflictes en entorns penals i penitenciaris. S'hi presentaran dues recerques: "Mediació penal adulta i reincidència: el grau de satisfacció dels infractors i les víctimes" i "Conflictes no, gràcies! Programa d'educació emocional en el Centre Penitenciari Ponent".
Les sessions d'investigació tenen l'objectiu de donar a conèixer els resultats de les recerques efectuades al Centre o amb el seu suport i s'adrecen a tots els professionals i estudiants interessats en la recerca en aquest àmbit. L'assistència és gratuïta i per inscriure-s'hi cal trametre un missatge de correu electrònic a cfarrerons@gencat.cat, indicant-hi el nom de la sessió, nom i cognoms, DNI, professió, lloc de treball i telèfon de contacte.

Programa de la sessió

JpD reivindica un sistema público de preparación para el acceso a la carrera judicial y que se exija un postgraduado. Elabora un documento, en el que trabajará una comisión de expertos, para que se modifique el actual sistema de acceso que cree "obsoleto"

Jueces para la Democracia (JpD), cuyo comité permanente se ha reunido durante dos días en Bilbao, reivindica un sistema público de preparación para el acceso a la carrera judicial. Además, propone que se exija un master y un postgraduado para ingresar en la Judicatura, al considerar "insuficiente el grado en derecho".
La asociación progresista elabora un documento, en el que trabajará una comisión de expertos designada en este encuentro, con el fin de realizar "un trabajo concienzudo" que sea aprobado antes del verano por JpD y, posteriormente, se traslade a otras fuerzas sociales y políticas.
Jueces para la Democracia analizó, durante estas dos jornadas desarrolladas en el Colegio de Abogados de Bilbao, el actual sistema de acceso a la carrera judicial, que consideró "obsoleto" y abogó por su modificación.
En el comité permanente se presentaron una serie de enmiendas y se estableció un documento abierto en el que se recogen propuestas para proceder a la reforma del método de ingreso en la Judicatura, según informó a Europa Press el portavoz de JpD, Jaime Tapia.

Entre las líneas básicas del texto, se insiste en que la selección de los jueces no es un cuestión que sólo corresponda a los miembros de la Judicatura, sino que el Parlamento y las fuerzas políticas también deben "implicarse en el diseño del modelo de selección judicial", en contra de lo que defiende "la derecha judicial". "Es la Ley la que debe definir, precisamente, esos instrumentos selectivos y plasmar también una determinada filosofía constitucional: qué juez queremos para el siglo XXI", aseveró Tapia.
En este sentido, señaló que, "ahora se va a producir una reforma de los títulos universitarios con el denominado proceso de Bolonia", su asociación considera que es necesario "exigir un título master o de postgrado", al creer que "no es suficiente el de grado en derecho para acceso a la carrera judicial". Este master sería impartido en las universidades "como parte de su formación de postgrado, con la intervención del Consejo, de la Abogacía y las organizaciones profesionales y colegiales".

SISTEMA PUBLICO DE PREPARACION
El documento refleja que "se ha de superar el sistema tradicionalmente oficioso y opaco de los preparadores de las oposiciones" y, para ello, "se ha de ofertar un sistema público de preparación para las personas estudiantes a la prueba de acceso a la carrera judicial o a la Fiscalía, con las consiguientes ayudas públicas para que los candidatos con escasos recursos económicos puedan afrontar la fase de preparación de dicha prueba".

JpD ha planteado, además, "que esa prueba que habría que hacer después de superar el postgrado, debe ser siempre un examen para prueba de acceso a la escuela judicial". Se pretende "reforzar la idea" de que la oposición no significa "que eres juez o fiscal, sino que accedes a la escuela judicial". "Hemos planteado que esa prueba que habría que hacer, después de superar este postgrado, debe ser siempre un examen para prueba de acceso a la escuela judicial", añadió.
A su juicio, "las pruebas de acceso a la escuela judicial han de permitir evaluar el conocimiento sistemático del ordenamiento jurídico español y europeo, así como su capacidad discursiva y analítica". Asimismo, considera que "debe incluirse también algún apartado tipo cultural y algún conocimiento de idioma extranjero.
Según las propuestas de la asociación progresista, "la pruebas deben ser escritas para garantizar la transparencia del sistema" y realizarse "de forma descentralizada", sin que tengan que ser obligatoriamente en Madrid, aunque "siempre preservando los principios de unidad de criterio".
El documento reitera su apuesta por "el fortalecimiento de los sistemas de acceso a la carrera judicial a través de métodos ajenos y distintos de la prueba de acceso, los llamados tercer y cuarto turno para facilitar la integración de profesionales con experiencia jurídica, frente al modelo único de oposición memorística".
Para Jueces para la Democracia, el actual sistema de oposición "se ha quedado obsoleto" y cree que "hay que introducir algún aire diferente, aprovechando también el proceso de la renovación de los estudios de grado superior en las universidades".

FORMACION INICIAL
El texto aboga porque se amplíe el periodo de formación inicial, de formación en la Escuela Judicial, y también "se fortalezca ese carácter selectivo del periodo formativo en la Escuela judicial, frente al sistema actual, en el que prácticamente todos los que aprueban las oposiciones supera la fase de escuela judicial".
"Creemos que en ese plan de formación en la escuela judicial ha de dedicarse una parte importante a la reflexión y formación en torno a valores constitucionales del juez y al desarrollo de actitudes para ejercer al cargo", señaló Jaime Tapia.
Asimismo, apostó porque se dote a la escuela judicial "de autonomía organizativa, funcional y pedagógica", e insistió en que se supriman las categorías de juez, de magistrado y del ascenso forzoso.
"Esto ayudaría a que, cuando salgas de la carrera judicial, no tengas que entrar en una primera fase en la que se estás todavía en un determinado órgano judicial durante un tiempo, luego accedes enseguida a magistrado, mientras los pueblos siempre se quedan sin jueces permanentes", subrayó.

El Supremo avala el Reglamento que da cobertura al sistema utilizado por la Policía para escuchar y localizar llamadas.

EL Tribunal Supremo avala el Real Decreto por el que el Gobierno aprobó en 2005 un Reglamento que da cobertura al sistema que emplea la Policía para escuchar y localizar las llamadas y comunicaciones vía internet de los presuntos delincuentes (Sitel). La sentencia confirma el rechazo del recurso interpuesto en su día por la Asociación de Internautas.
La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Campos Sánchez-Bordona, confirma lo dicho en su día por la Audiencia Nacional en el sentido de que la aprobación del sistema de escuchas por Real Decreto es, en este caso, suficiente para asegurar el derecho al secreto de las comunicaciones que proclama la Constitución Española, puesto que las intervenciones están sometidas en todo caso a intervención judicial.
Así, el alto tribunal señala que "la reserva de Ley orgánica no tiene por qué extenderse a todas y cada una de las cuestiones accesorias o instrumentales relacionadas con dichas interpretaciones, entre las que figuran los protocolos de actuación de los operadores de telecomunicaciones obligados a realizar físicamente las medidas amparadas en una resolución judicial de interceptación". Este criterio ha suscitado el voto particular discrepante del magistrado Oscar González.
Explica la sentencia que el "déficit de cobertura legal" del propio Reglamento desapareció tras la nueva redacción del artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones, por el que se incorporó a esta norma de alto rango "lo esencial del capítulo que la disposición reglamentaria impugnada dedicaba a la interceptación de las comunicaciones (...) elevando de rango, por así decirlo, buena parte de su contenido material".
El Real Decreto venía además a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de la Unión Europea para que pudieran cumplirse las obligaciones impuestas a los operadores de comunicaciones al ejecutar las órdenes legales de escuchas.
"Su incorporación a la legislación interna requiere, como es lógico, la aprobación de las oportunas medidas legales o reglamentarias, conforme a las exigencias del ordenamiento constitucional de cada Estado". En el caso de España, se optó por reformar el citado artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones.

VOTO PARTICULAR.
En su voto particular discrepante, el magistrado González señala que la propia Ley General de Comunicaciones "no tiene suficiente rango" para regular el derecho al secreto de las Comunicaciones que propugna el artículo 18.3 de la Constitución Española.
Explica este magistrado que el antes mencionado artículo 33 de esta ley impone a los operadores la obligación de facilitar a la policía una serie de información que puede no estar incluida en la orden del juez, como el número de cuenta asignada por el proveedor de servicio de internet, la dirección de correo electrónico, la situación geográfica de la terminal o, si se trata de servicio de móviles, la posición del punto de comunicación.
"Muchos de estos datos no sólo inciden sobre el secreto de las comunicaciones, sino incluso sobre el derecho a la intimidad personal", afirma el magistrado discrepante, que añade que "por muy interesantes que estos datos puedan resultar para la investigación policial, no puede dejar de reconocerse que son muy personales, y rebasan con mucho la mera instrumentalidad".
Sobre las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, González señala que consisten en solicitar a los estados miembros la puesta en práctica de las disposiciones necesarias para cumplir ciertos requisitos, lo que no significa que lo puedan hacer por cualquier medio normativo, "sino que será con arreglo a la legislación interna de cada uno de ellos, y de acuerdo con el rango legal exigido por la Constitución".

Abogados e inmobiliarias estarán obligados a tomar medidas para prevenir el blanqueo de capitales.

Los despachos de abogados e inmobiliarias estarán obligados a tomar medidas para prevenir el blanqueo de capitales, de acuerdo con la tercera directiva europea de prevención del blanqueo de capitales, cuya trasposición a la normativa española está pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Economía y Hacienda.
Así lo indicó durante su intervención en unas jornadas sobre Prevención de Blanqueo de Capitales organizadas por IIR España, el subdirector general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Ministerio, Juan Manuel Vega.
Según explicó Vega, la nueva norma amplía el alcance del concepto de "sujeto obligado" a informar de sus actividades a las autoridades, a todos aquellos que puedan perpetrar delitos susceptibles de generen réditos de capital. "Es inconcebible que el concepto se pueda ampliar más", aseguró.
"Gran parte de las novedades de la tercera directiva ya existen en nuestra legislación", recalcó Vega, quien considera que la trasposición de la directiva europea es una "buena ocasión" para "sistematizar y armonizar" la legislación española.
Por su parte, la directora general del Tesoro y Política Financiera, Soledad Núñez, quien inauguró estas jornadas, reveló que el departamento que dirige ya ha hecho "avances notables" con el sector inmobiliario durante el último año.
"Desde que se empezó a regular el blanqueo de capitales en 1993 ha llovido mucho", indicó Núñez, quien indicó que el enorme "riesgo reputacional" asociado a este tipo de delito ha aumentado enormemente en lo últimos años y ha hecho tanto a las entidades financieras como a empresas de otros sectores más conscientes de la necesidad de prevenirlos.

LUCHA ANTITERRORISTA
Durante su intervención, Núñez explicó que una de las novedades que incluye la nueva directiva europea aúna la lucha contra la financiación terrorista y el blanqueo de capitales, ya que aunque los orígenes del delito son distintos, "los métodos son exactamente los mismos".
En este sentido, precisó que la legislación española es "pionera" en la lucha contra ambas actividades, si bien indicó que con la transposición de la directiva previsiblemente "haya que unificar los órganos" que persiguen el blanqueo de capitales y financiación terrorista, en la actualidad dependientes de los ministerios de Economía y Hacienda y de Interior, respectivamente.

"MUCHO CONSENSO Y TRANQUILIDAD".
Núñez explicó que la trasposición de esta directiva requiere "mucho consenso y tranquilidad" en el Parlamento por los "riesgos" económicos y sociales de esta actividad delictiva. En este sentido, reconoció que se ha producido "algo de retraso" en la reforma, debido al final de la legislatura y al periodo electoral, si bien destacó que su departamento "tiene todo el trabajo hecho".
Por esta razón, expresó su confianza en que cuando en abril se forme el nuevo Gobierno y se constituyan las Cortes "enseguida se inicien los trámites oportunos".

Cerca de 60 funcionarios de Justicia se encierran en la Almudena continuando con la huelga que se inició hace un mes.

Cerca de 60 trabajadores destinados en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Registro Civil Central, la Fiscalía General del Estado y Fiscalías Especiales se encerraron esta tarde en la madrileña catedral de la Almudena, siguiendo con las movilizaciones que comenzaron hace un mes.La coordinadora del Sector de Justicia de CC.OO. de Madrid, Felicidad López, afirmó a Europa Press que seguirán con las reivindicaciones "todo el tiempo que sea necesario, hasta que se planteen propuestas serias", y añadió que "lamentan que el gobierno sea capaz de condenar la justicia al silencio"Los afiliados en los órganos dependientes del Ministerio de Justicia, entre los que se incluye la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, iniciaron esta huelga indefinida el pasado cuatro de febrero en protesta por las diferencias salariales de hasta 200 euros al mes con los compañeros que desarrollan sus funciones en los órganos dependientes de las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia.Esta movilización afecta a 9.000 trabajadores de siete comunidades autónomas y a los juzgados centrales de Madrid como el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y la Audiencia Nacional.

Fuente: Europapress

El TJCE propone crear un proceso prejudicial de urgencia.

El nuevo procedimiento, aplicable desde el pasado 1 de marzo, pretende establecer un tratamiento más eficaz en temas relativos al espacio de libertad, seguridad y justicia que requieren una resolución urgente la cual no puede llevarse a cabo actualmente a través del procedimiento prejudicial ordinario (litigios sobre privación de libertad, patria potestad o custodia de menores cuando la competencia del juez competente dependa de la respuesta que se proporcione a la cuestión prejudicial).

Novedades respecto al procedimiento ordinario
1. El procedimiento de urgencia distingue entre aquellos actores que pueden participar en la fase escrita, por un lado, y en la oral, por otro. De este modo, solamente podrán presentar observaciones escritas en la lengua del procedimiento y en un breve lapso temporal las partes del proceso principal, el Estado miembro al que pertenece el órgano jurisdiccional remitente, la Comisión Europea y, en su caso, el Consejo y el Parlamento comunitario.
2. Los asuntos que puedan acogerse este nuevo procedimiento serán atribuidos a una Sala de cinco Jueces específicamente designada para garantizar la selección y tramitación de los mismos. Si finalmente la Sala admite la solicitud de procedimiento de urgencia, se procederá a su resolución en un corto espacio de tiempo tras la vista y oído el Abogado General.
3. La comunicación de escritos y observaciones entre el Tribunal y las partes, los órganos judiciales internos, los Estados miembros y las Instituciones se llevará a cabo, siempre que sea posible, por vía electrónica.

.Publicacions:

Nueva base de datos de formularios juridicos:

Formularios de Abogados.es


El Contrato de trabajo especial de los abogados.

El Real Decreto 1331.2006 regula la nueva relación laboral de caracter especial de los abogados que prestan servicios en despachos, individuales o colectivos. Tanto su nacimeinto como su desarrollo han venido acompañados de la polémica y la necesidad u oportunidad en su aprobación.
La presente obra facilita al lector su comprensión con un estudio en profundidad de sus aspectos teóricos, pero también ofrece una visión práctica a través de sus numerosos anexos y de un práctico formulario de contrato de trabajo, lo que le hace imprescindible para un debida interpretación y aplicación en todas y cada una de las materias a que se refiere la norma comentada.

Autor: Pedro Tuset del Pino.
Fecha: 2007-01-01
Editorial: Difusion jurídica y temas de actualidad, S.A.
Fecha: 2007-01-01
ISBN: 9788496705395