DRETS REALS, OBLIGACIONS I CONTRACTES, RESPONSABILITAT...

Articles de revista:

Exigencia del Impuesto sobre el Valor Añadido a los arrendamientos de vivienda efectuados a personas jurídicas. Dins: FISCAL & LABORAL AL DÍA, núm. 178 (2009), p. 20-27

FOLLIA CAMPS, Robert. Aspectes principals de la regulació de les fundacions en el Llibre III del Codi Civil de Catalunya. Dins: REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA, núm. 3 (2009), p. 95-109

GONZÁLEZ BARRIOS, Iván i JOYANES ROMO, Ana. Responsabilidad civil por los daños causados por la biomedicina. Dins: REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CIRCULACIÓN Y SEGURO, núm. 8 (2009), p. 6-17

HIDALGO ROMERO, Rafael. Contrato de hosting o almacenamiento electrónico de datos : consideraciones contractuales prácticas. Dins: REVISTA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA : RCE, núm. 105 (2009), p. 49-77

IGLESIA PRADOS, Eduardo de la. Derechos contractuales del usuario de servicios de comunicaciones electrónicas. Dins: REVISTA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA : RCE, núm. 105 (2009), p. 97-113

LÓPEZ GARCÍA, Óscar. La Utilización de la factura electrónica en el comercio. Dins: REVISTA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA, núm. 104 (2009), p. 65-88

LÓPEZ JIMÉNEZ, David i MARTÍNEZ LÓPEZ, Francisco José. La Formación del contrato electrónico. Dins: REVISTA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA : RCE, núm. 105 (2009), p. 3-58

MONTERO CASILLAS, Mónica. Guía de aspectos jurídicos para las reclamaciones por pérdidas de equipaje en transporte aéreo. Dins: IURIS: actualidad y práctica del derecho, núm. 141 (2009), p. 48-52

PÉREZ UREÑA, Antonio Alberto. Problemas que suscita la cesión gratuita de un inmueble a un hijo para su uso como vivienda familiar : la reciente doctrina del Tribunal Supremo. Dins: BOLETÍN DE CONTRATACIÓN INMOBILIARIA, núm. 60 (2009), p. 1-8

REBOLLEDO VARELA, Ángel Luis. El Contrato de unión civil : la regulación de su contenido y efectos. Dins: REVISTA DE DERECHO DE FAMILIA, núm. 43 (2009), p. 23-54

RODRÍGUEZ DELGADO, Juan Pablo. Estudio europeo sobre la Directiva de conservación de las e-comunications. Dins: REVISTA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA : RCE, núm. 104 (2009), p. 3-63

ÚBEDA DE LOS COBOS, Julio. Responsabilidad de la aseguradora de un vehículo por los daños consecuencia de su utilización para perpetrar un delito doloso. Dins: BOLETÍN DE DERECHO DE LA CIRCULACIÓN, núm. 33 (2009), p. 1-5


Monografies:

GARCÍA-BLÁZQUEZ PÉREZ, Manuel. Nuevo manual de valoración y baremación del daño corporal : especialmente concebido para jueces, fiscales y abogados. 16 ed. Granada : Comares, 2009.
351.81:369.23 Gar

Incorporación de las nuevas tecnologías en el comercio : aspectos legales. Madrid : Consejo General del Poder Judicial, 2006.
004.781 Inc

INFANTE RUIZ, Francisco José. Contrato y término esencial : derecho español y derecho comparado. Madrid : La Ley, 2008. 263 p.
347.441.22 Inf


Notícies jurisprudencials d’última hora:

1. Sentencia del Tribunal Supremo 571/2009, de 22 de julio. Se confirma el acuerdo de una Comunidad de Propietarios que prohíbe el alquiler de los trasteros de forma independiente de la vivienda de la que dependan.
Acordada por la Comunidad de Propietarios la prohibición de alquiler independiente tanto de las buhardillas como de los trasteros anejos a las viviendas que la componen, la propietaria de una de ellas, haciendo uso de la acción de impugnación contra los acuerdos de la Junta de Propietarios que consideraba perjudiciales y contrarios a la ley, interpuso demanda ante el Juzgado de Primera Instancia, pretendiendo la nulidad del acuerdo en que se recogían aquellas prohibiciones. Para ello, alegó que la propia Junta había acordado permitir a los titulares de dichos trasteros su utilización para fines distintos del depósito o la guarda de objetos.
Desestimada la demanda, recurre en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la resolución impugnada al entender ajustados a derecho los acuerdos adoptados por aquella Junta. Explica que el alquiler o cualquier tipo de cesión de uso de manera independiente de los trasteros perjudica seriamente la finca y las relaciones de vecindad, siendo, además, contraria a las Ordenanzas Municipales, que disponen expresamente que no se permite autorizar la conversión de trasteros en estudios habitables para usarse independientemente de la vivienda a la que pertenezcan.
Recurrido en casación el fallo de la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo lo desestima al aceptar la argumentación efectuada por la sentencia de instancia. El Tribunal considera que aquel acuerdo permite un uso diferente del depósito o guarda de objetos, y admite que ese aprovechamiento se haga por los ocupantes de la vivienda a la que corresponde el trastero como anejo, pero sin que implique la posibilidad de alquilarlos como vivienda o apartamentos independientes.
Dins: www.lexnova.es (29.9.09)

2. Sentencia del Tribunal Supremo 560/2009, de 17 de julio. Se reconoce el derecho a utilizar los elementos comunes de un edificio al titular de una plaza de garaje sin vivienda.
Presentada demanda por el titular de una plaza de garaje sin vivienda, con la intención de que se le permitiese acceder a su plaza a través de los patios y ascensores del edificio al que aquélla pertenece, el Juzgado de Primera Instancia declara nulo el acuerdo adoptado por la junta de la comunidad de propietarios que prohibía dicha conducta, condenándola a disponer los medios necesarios para permitir ese acceso. Fallo que, apelado por la comunidad de propietarios, es confirmado por la Audiencia Provincial.
No conforme con el fallo, la comunidad interpone recurso de casación que, desestimado, confirma la resolución impugnada. La comunidad, alegando infracción de doctrina jurisprudencial, justifica que en otras sentencias relativas a la misma materia, a los titulares de esas plazas se les obliga a acceder al garaje a través de la rampa. El Tribunal Supremo entiende que no es posible aplicar dicha doctrina, dado que en aquellas sentencias, en la rampa de acceso, existen dos puertas, una para entrada de los vehículos y otra para los peatones, cosa que en el caso actual no sucede, al existir sólo una puerta. Por otro lado, el Alto Tribunal considera que el titular de la plaza de garaje sin vivienda forma parte de la comunidad de propietarios de todo el edificio, ya que al constituir la propiedad horizontal, se le atribuyó una participación sobre los elementos comunes del edificio, dándole derecho de uso compartido con el resto de los propietarios de la comunidad, tanto de los patios como de los ascensores.
Dins: www.lexnova.es (29.9.09)

3. Sentencia del Tribunal Supremo 520/2009, de 1 de julio. Condenado un banco a pagar unos avales, tras concederse una prórroga al deudor sin su consentimiento.
El presente recurso tuvo su origen en la celebración de unos contratos entre una cooperativa de viviendas y una constructora que, además, pactaron la aportación de avales para garantizar la ejecución de las obras.
Tras la finalización del plazo para la ejecución de las obras sin que estas se hubieran ejecutado, las partes concertaron un nuevo acuerdo en el que se establecía un nuevo calendario de finalización de las mismas pero, pocos días después, la constructora abandonó las obras en el estado en el que se encontraban y declaró la suspensión de pagos que posteriormente derivó en quiebra necesaria.
El Banco avalista, que fue condenado a abonar el importe total de los avales prestados alega, ahora, la infracción del artículo 1851 del Código Civil, según el cual la prórroga concedida por el acreedor al deudor sin el consentimiento del fiador, extingue la fianza.
El Supremo considera que el motivo no puede prosperar, ya que la prórroga concedida a la contratista avalada estaba prevista en el contrato y los avales concedidos no establecían una fecha determinada sino hasta la firma del acta de recepción definitiva.
Asimismo, el Tribunal considera que el Banco consintió de hecho la prórroga del plazo de la ejecución, ya que tres de los cuatro avales se concedieron con posterioridad a la finalización del primer plazo pactado.
Dins: www.lexnova.es (29.9.09)

4. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de septiembre de 2009. No puede exigirse a los compradores una indemnización por uso cuando rescindan el contrato en plazo.
El origen del presente litigio se encuentra en la compra de un ordenador de segunda mano a través de Internet.
Ocho meses después de la venta, la compradora detectó un fallo en la pantalla del ordenador y, ante la negativa de la empresa vendedora a reparar gratuitamente el defecto, decidió rescindir el contrato de compra-venta al encontrarse en plazo, ya que, conforme a su legislación nacional, el plazo para la rescisión no empieza a correr hasta que el vendedor le informa del derecho de rescisión, y esta información nunca se le facilitó.
Por su parte, la empresa dedicada a la venta a distancia exige a la compradora una indemnización por el desgaste que hubiera tenido el ordenador durante esos meses por su uso normal, planteándose al Tribunal de Justicia la compatibilidad de esta indemnización con la Directiva 97/7/CE, de 20 de mayo, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia.
El Tribunal de Justicia se opone a la posibilidad de que se pueda exigir esta indemnización por el uso normal del objeto cuando la rescisión se ha producido dentro de plazo, porque se estaría disuadiendo al consumidor de ejercer este derecho que, precisamente, tiene por objeto proteger al consumidor en esta situación de venta a distancia en la que no tiene la posibilidad real de ver el producto, o de conocer las características del servicio antes de la celebración del contrato.
Dins: www.lexnova.es (29.9.09)


Novetats legislatives:

ORDRE MAH/402/2009, de 5 d'agost, per la qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer.
DOGC 5470, 23.9.09